“Ser creyentes no significa aceptar la acción criminal de las autoridades que hoy nos gobiernan, les tenemos que decir asesinos a quienes matan por el dinero”. Mario Bartolini

28 de octubre, 2010.- La indignación continúa en el caso del padre Mario Bartolini Palombi quien podría ser sentenciado a once años de cárcel y expulsado del país por defender desde su parroquia en Barranquita (San Martín), los intereses de los pobladores y comunidades indígenas.

Tras la postergación de la lectura de sentencia el pasado 26 de octubre por el paro de trabajadores del Poder Judicial, cada vez más organizaciones sociales se han sumado a las protestas por lo que han denominado “venganza política del gobierno”.

Tanto el padre Mario como el dirigente indígena Vladimiro Tapayuri y Geovanni Acate, director de Radio Oriente, la emisora del Vicariato de Yurimaguas, están acusados de los delitos de rebelión y contra el orden público durante la última movilización nacional indígena en 2009.

De nada han valido los 35 años que lleva Bartolini entregados al servicio de la población y que durante la huelga amazónica, el párroco haya sido convocado por los propios nativos para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona del Yurimaguas: el fiscal ha pedido para él 11 años de cárcel y su expulsión del país.

Según pobladores de la zona, en el trasfondo de la denuncia aparecería el interés del Grupo Romero, transnacional peruana que posee grandes extensiones de bosque en San Martín para producir biocombustible, por deshacerse de quien lidera desde hace años a los indígenas en contra de la deforestación y la expropiación de tierras.

Al llamado de alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que suscriben medio millar de ciudadanos ambientalistas, profesionales, parlamentarios, políticos, dirigentes sociales, así como una veintena de instituciones de Perú e incluso de Alemania, se suman ahora las voces de los pobladores de otras partes de la Amazonía.

Mientras tanto, en Yurimaguas, continúa la tensión tras el levantamiento del bloqueo del río Marañón y el enfrentamiento con tripulantes de algunas embarcaciones.

Los manifestantes exigen la formación de una comisión de alto nivel que investigue el vertimiento de crudo en el río a cargo de la empresa Pluspetrol.