Servindi, 28 de setiembre, 2010.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya,  pidió la modificación de ley antiterrorista en Chile.

“Quisiera instar al Gobierno a desarrollar el máximo esfuerzo para iniciar un diálogo de buena fe con los representantes de los presos mapuche, como paso fundamental para la búsqueda de soluciones constructivas, orientadas a responder a las preocupaciones y solicitudes de la huelga” expresó Anaya.

Anaya mostró su preocupación por la situación de los 34 presos políticos mapuche que se encuentran recluidos en diversos centros de la región del Bío Bío y de la Araucanía, en Chile, y que suman con hoy 79 días en huelga de hambre.

De igual forma, criticó la aplicación de una ley antiterrorista en este contexto para lo cual formuló varias observaciones y recomendaciones específicas al respecto.

Reforma a la Ley Antiterrorista

El estado chileno debe reformar la ley antiterrorista, adoptando definiciones precisas sobre la tipificación de delitos de terrorismo que se ajustan a las normas internacionales, así como asegurar que las reformas de estas leyes concuerden a los estándares internacionales sobre derechos humanos.

Consideró importante que se faciliten espacios de participación y consulta a representantes mapuche en los procesos de reforma de estas leyes, las cuales han tenido un efecto directo sobre sus miembros.

Anaya dijo que cualquier procesamiento penal de personas mapuche por hechos delictivos en este contexto debería ser a través de la justicia penal ordinaria, con todas las garantías aplicables del debido proceso.

Asimismo, instó a las personas mapuche en huelga de hambre, así como a los demás líderes, a que también realicen esfuerzos de buena fe para dialogar constructivamente con el Gobierno a fin de encontrar soluciones a sus demandas.

El relator especial indicó que se suman al pedido varios organismos de tratados de las Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

El relator especial manifestó que el Gobierno le informó sobre el establecimiento de una mesa de diálogo paralela, integrada por el Gobierno, representantes del pueblo mapuche, iglesias católica y evangélicas y organizaciones civiles para tratar programas de desarrollo regional.

“Quisiera señalar al Gobierno chileno que es esencial asegurar que todo proceso de diálogo se realice en un marco de confianza y buena fe, y de acuerdo  a las normas de consulta y participación que impone el Convenio 169 de la OIT en vigor en Chile.

Las principales demandas de los mapuche son:

- Eliminar la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran,

- Terminar el procesamiento de algunos de los presos mapuche por la justicia militar;

- Desmilitarizar las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos políticos y territoriales;

- y restituir las tierras ancestrales mapuche.

* La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo—con un año de vigencia en Chile- ofrecen los estándares y puntos de referencia aplicables para los procesos de diálogo y la búsqueda de soluciones a la situación actual y garantizan el respeto de derechos de los pueblos indígenas de Chile.

* “La aplicación de la ley antiterrorista en este contexto conlleva una serie de problemas procesales y de fondo que solamente puedan agravar la situación, y que la calificación de los delitos imputados como actos de terrorismo podría ser inconducente e inapropiada dentro de la normativa internacional pertinente” (James Anaya, relator de la ONU).