Servindi, 17 de setiembre de 2010.- Pese a contar con libertad bajo fianza. Dos miembros de la comunidad mapuche, Sergio Catrilaf y Pablo Canío, advirtieron que seguirán en huelga en apoyo a los treinta comuneros indígenas que mantienen huelga de hambre de más de dos meses, por defender sus territorios.

“Vamos a seguir en la huelga hasta el final”, afirmaron ambos integrantes mapuches que se encontraban bajo arresto en la cárcel de Temuco, capital de la región de Araucanía, en Chile y a quienes el Juzgado de Garantía les otorgó la libertad.

Ambos comuneros y 30 indígenas mapuches, fueron apresados según la Ley Antiterrorista chilena, por protestar y exigir el reconocimiento de sus tierras que permanecen en manos de empresas privadas.

“Nosotros no hemos reconocido nada y vamos a seguir en la huelga hasta el final. La mentira del Ministerio Público es insostenible” indicó Sergio Catrilaf expresando que con su liberación, los fiscales reconocen que los indígenas no son un peligro para la sociedad.

Dijo que, por el contrario, esta comunidad ha planteado “la revolución de ideología mapuche desde su propia cosmovisión. Jamás hemos planteado la violencia política o la revolución armada”.

A través del sitio web Mapuexpress la comunidad mapuche informó que “dentro de los territorios ocupados que se reclaman, existen lugares de enorme significado cultural, social espiritual-religioso Mapuche”.

Una de las compañías chilenas acusadas de posesionarse de territorios mapuche es la corporación Matte, empresa dedicada al sector forestal y acusada de ocasionar graves daños ambientales, con la expansión de monocultivos forestales, industrias de celulosa y energéticas.

Desde el 2009, la región donde se asienta esta comunidad permanece militarizada, situación que es rechazada enérgicamente por los indígenas chilenos, quienes demandan un proceso judicial justo y rechazan la Ley Antiterrorista instaurada durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) le aconsejaron al gobierno chileno que realizara una revisión de la cuestionada legislación, por considerar que perseguía “a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche”.