Servindi, 28 de agosto de 2010.- Ciento cuarenta y seis mujeres que figuraban en el registro de víctimas de la violencia política y que debieron acceder a una reparación económica, han fallecido en los últimos años sin que el Estado haya hecho nada por resarcirlas.

Esta cifra, proporcionada por la asociación Demus, grafica la cruda realidad de las casi ochenta mil víctimas y familiares afectados que a la fecha siguen esperando que el gobierno cumpla con su obligación de otorgar e implementar un plan integral de reparaciones.

No solo falta voluntad política para consumar lo que manda la ley, falta también una política de Estado en materia de justicia, verdad, inclusión, reparación y en general, en derechos humanos, que permita al cabo de siete años de haberse entregado el Informe Final de la Comisión de la Verdad, ver al menos una luz en el camino.

Una de las conclusiones axiomáticas más dolorosas que exhibió la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue la siguiente:

El 90 por ciento de las víctimas, claramente identificadas en la sociedad peruana como provenientes de las comunidades campesinas y nativas, que sufrieron la pérdida de decenas de miles de parientes, la pérdida de sus viviendas y de la estructura jurídica, económica, cultural, social de sus pueblos, han debido soportar a todo esto, el estigma de ser desplazados, de ser calificados increíblemente de “terroristas” y de sobrevivir en un país cuyas instituciones les han dado la espalda.

Hoy, estas mismas poblaciones, los pueblos indígenas, afrontan nuevas amenazas provenientes del Estado. El presidente Alan García se ha colocado a la cabeza de los que promueven la expropiación de tierras para entregarlas a los inversionistas en minería, hidrocarburos y biocombustibles. Ha decretado normas orientadas a vulnerar los derechos de las comunidades sin ningún escrúpulo y repite, con igual énfasis que en los años de violencia política, un comportamiento excluyente, discriminatorio y autoritario.

Judicialización

De los 47 casos que presentó la CVR para ser judicializados por violación a los derechos humanos, algunos han sido acumulados por las investigaciones fiscales. En los últimos años se han presentado nuevas denuncias que hacen un total de 62 procesos penales, uno de ellos con archivo definitivo.

Hace ya buen tiempo que no hay avances y que los procesos prácticamente continúan estancados.

¿Cuál es el estado actual de estos procesos?

Según especialistas, muchas de las investigaciones no tienen avances debido a la falta de información sobre los perpetradores de los crímenes, en especial, por la sistemática negativa del Estado peruano, representado por el ministerio de Defensa, para facilitar los datos referidos a las acciones llevadas a cabo por miembros de las fuerzas armadas en esos años y que derivaron en matanzas selectivas.

El riesgo, entonces, es que las investigaciones se archiven por falta de pruebas.

Un caso típico es el de Putis, poblado ayacuchano en el cual las fuerzas armadas asesinaron hace 26 años a 400 comuneros entre los que se encontraban niños, madres gestantes y ancianos. Han transcurrido casi diez años de la denuncia penal y hasta ahora no se cuenta con los nombres de los responsables, gracias al encubrimiento de los ministros y de los altos mandos militares. En el 2008, con ayuda del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) se logró exhumar de una fosa 92 cuerpos de los cuales se identificaron a 28 personas.

La impunidad en estos casos pareciera que fuera la estrategia de defensa del Estado.

De otro lado, existe el riesgo de que el Congreso y el Ejecutivo promuevan normas y acciones tendentes a amnistiar a sentenciados que constituiría un serio retroceso respecto a las sentencias por violaciones a los derechos humanos en el mundo.

Exhumaciones

De los casi cinco mil lugares de entierro, muchos de ellos, verdaderas fosas comunes, los gobiernos prácticamente no han hecho nada para recuperar los restos y entregarlos a sus deudos.

Como perro del hortelano, el Estado “mantiene control absoluto de la investigación de los crímenes cometidos por su personal” (José Pablo Baraybar, en entrevista a Paola Ugaz), en lugar de permitir que la sociedad civil contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas.

Los deudos y parientes de las más de 15 mil víctimas desaparecidas en el país por la violencia, los siguen buscando y esperando del Estado una respuesta coherente con el respeto a los derechos humanos.

"Las respuestas a los desaparecidos no existen, ellos no saben cuál es el destino de sus familiares y al priorizarse el enfoque judicialista como el único mecanismo capaz de dar respuestas a las familias es insuficiente. En otras palabras, si un día se hace justicia, probablemente las familias no sepan qué sucedió con sus seres queridos considerando que 'la prueba' y 'el saber' son dos términos no necesariamente compatibles", señala Baraybar.

El Plan Integral de Reparaciones

Son siete los programas de reparación que figuran en la Ley 28592, del Plan Integral de Reparaciones y su Reglamento.

• Reparaciones económicas individuales

Es la principal demanda de las organizaciones de afectados. Lleva más de dos años la campaña impulsada para que el gobierno implemente este programa.

Tras la decisiva marcha efectuada en julio de este año hacia Palacio de Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), proveniente de l4 regiones del país, el Ejecutivo ofreció iniciar las reparaciones económicas el 2011.

Al día siguiente de la reunión con el primer ministro, se emitieron dos normas que creaban la Comisión Técnica, mediante DS 073, del 17 de julio de 2010, y RS 170, del 18 de julio de 2010.

La Comisión Técnica Multisectorial está encargada de desarrollar lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir para la implementación del Programa de Reparaciones Económicas.

Está integrada por Jesús Aliaga (PCM), Raúl Varillas (Mimdes) y José Rodríguez (MEF) y tiene 180 días de plazo para presentar su informe, aunque hay disposición de las autoridades para que aceleren la entrega del mismo.

La sociedad civil no participa directamente de la Comisión, pero ha alcanzado su propuesta.

El Premier ha anunciado que se reajustarán los recursos ordinarios de PCM para el tema, quedando de la siguiente manera: 20 millones para las reparaciones colectivas y 20 millones para las reparaciones económicas individuales. No obstante, está sujeta a que la Comisión entrega en la brevedad su informe.

Paralelamente, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) ha replanteado la lista de comunidades priorizadas beneficiarias para el 2011, de 340 que eran en un principio a un poco más de 200 comunidades.

• Reparaciones en Educación

Hay una propuesta para que los hijos de las víctimas accedan al programa de reparaciones en educación. La CMAN acordó que solo sean beneficiarios los hijos de las víctimas fatales, pero no aquellas con padres con discapacidad o por violación sexual. Para concretar el acuerdo, se ha elaborado una propuesta de modificatoria al Reglamento PIR- DS 015.

• Reparaciones en Salud

En la actualidad no existe un programa de reparaciones en salud. Hay únicamente avances en el diseño, pero falta su validación. En el MINSA está previsto desde hace dos semanas evaluar dicho diseño. Respecto a la salud mental el balance es nulo.

• Reparaciones colectivas para desplazados

Se ha proyectado la aplicación de reparaciones colectivas para desplazados consistente en la promoción de proyectos productivos. La CMAN acordó la entrega de montos únicos para todos, que provendrían de donaciones. Se contaría por el momento con 5 millones para dicho fin.

• Reparaciones Colectivas

Es el principal programa atendido por el gobierno, cuyo uso político no es ajeno a nuestras autoridades. El gobierno destina anualmente 40 millones. Desde el 2007 a la fecha se ha intervenido en las siguientes regiones:

Además de los señalados, se cuenta con el programa de restitución de derechos ciudadanos, el programa de reparaciones simbólicas y el programa de promoción y facilitación al acceso habitacional.

• Registro Único de Víctimas

Al 20 de agosto de 2010, el número de víctimas registradas en el Consejo de Reparaciones era:

• Libro 1: 78,820 víctimas individuales.
• Libro 2: 5,609 comunidades registradas.

El Consejo de Reparaciones ha alcanzado a la CMAN varias listas con información detallada suficiente para iniciar la entrega de reparaciones económicas individuales, así como las de educación y salud para las víctimas.

Agosto, mes de la reflexión

Este mes de agosto, hay varios motivos para recordar. Un 14 de agosto de 1985 fueron asesinados 69 campesinos de la localidad de Accomarca a manos de miembros de las Fuerzas Armadas. En el 2009, se entregó oficialmente a los familiares casi cien restos de los campesinos asesinados en Putis, Ayacucho.

En este mismo mes, un 22 de agosto de 1982, murieron siete policías a manos de Sendero Luminoso en el puesto de la Guardia Civil en Vilcashuamán. Y un 18 de agosto de 1993, 65 personas murieron en el Valle de Tsiriari, en Junín, de los cuales 21 eran nativos nomatsiguengas. Asimismo, este 31 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas.