Robert Zoellick, presidente del banco, manifestó a las organizaciones indígenas AIDESEP, CONACAMI, CNA, CONAP y CCP que “es de suma importancia el proceso de generación del marco legal para promover la consulta en el Perú”.

Tal declaración se recogen de una carta enviada a las organizaciones indígenas el pasado 11 de junio, semanas después de que el Congreso aprobara la ley el 19 de mayo.

El funcionario destacó la responsabilidad del Banco Mundial en el sentido de que los proyectos financiados por éste "cuidan las salvaguardas sociales, y especialmente las relativas para los pueblos indígenas”.

Derechos humanos

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), tambien urgió al Gobierno peruano para que promulgue la Ley de Consulta antes de la fecha límite: 22  de junio.

La FIDH es una federación de 164 organizaciones no gubernamentales de derechos hmanos ubicadas en más de cien países.

La FIDH y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) reiteraron su pedido para "procesar y juzgar a los responsables de los crímenes" del 5 de junio de 2009, que concluyó con 34 muertos hace un año en la ciudad de Bagua.

Ambas organizaciones destacaron que la aprobación de la Ley de Consulta por el Congreso peruano constituyó "un paso adelante" inspirado tras esos trágicos acontecimientos.

Mientras tanto, Elizabeth León, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, exigió al presidente Alan García promulgar la Ley de Consulta "que el Congreso aprobó por amplia mayoría".

La ley "es fruto de un proceso de diálogo de seis meses en el que también participaron los especialistas del Ejecutivo. Por esta razón, no entiendo por qué la dilación del tiempo para su promulgación, pues ya nos encontramos a pocos días de que venza el plazo reglamentario” precisó.