Servindi, 07 de mayo, 2010.- El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, aseguró que la historia de los pueblos indígenas "no se puede borrar" pero "sí se debe constatar" la "opresión" de los colonos europeos sobre los "legítimos dueños" de América.

Tal declaración la efectuó ayer durante la presentación del libro "Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hacia un mundo intercultural y sostenible" cuando subrayó que la protección de los derechos indígenas "es un problema de todos".

La situación de los pueblos indígenas afecta a toda la sociedad, y "necesita de la protección" de todos los mecanismos jurídicos a nivel internacional, entre los que se encuentran la Justicia Universal y la Corte Penal Internacional dijo Garzón.

Garzón, afirmó incluso que algunos casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas cometidos por empresas, podrían ser considerados delitos de lesa humanidad. La posibilidad de investigar estos casos es posible "pero no con carácter general” precisó.

“Hay que analizar cada caso, pero sí podría dar lugar a responsabilidades civiles y penales, y en función del derecho que se afecte; como sería si por esas acciones se genera un desplazamiento forzado (de poblaciones) incluso sería delito de lesa humanidad”, dijo.

"Gracias a la creatividad jurídica de quienes dieron forma a esta declaración, millones de personas pueden disponer de un instrumento internacional en defensa de sus derechos. Ahora nos corresponde a todos desarrollarla con igual imaginación, dando paso, en la medida en que sean necesarios, a todos los mecanismos de protección internacional", añadió.

Garzón lamentó que aún en tiempos recientes haya “persecución de indígenas en Chile, expulsiones en Colombia, minimización en México, adormecimiento en Estados Unidos, represión en China y genocidio en Guatemala”.

Reconoció que hay algunas mejoras en los procesos de reconocimientos de esos derechos, “desde un ámbito institucional en Bolivia y de protección en Ecuador”.

El volumen abunda en la esencia de la cita Declaración y que fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 luego de más de 20 años de exigencia del movimiento indígena internacional y del trabajo de especialistas y aliados.

El juez aseguró que la Declaración es "el trabajo más importante" de la ONU desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1948, "que puso fin -dijo- a décadas de esfuerzos hechos por los indígenas para su reconocimiento" y con lo que consiguieron "algo que sus propios países y la comunidad internacional les negaban".

El texto presentado en la Casa de América de Madrid ha sido elaborado por la editorial Catarata y recoge aportes de un grupo de expertos y material procedente de diversos encuentros académicos y científicos realizados en los últimos años en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

En el acto también participó el relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Indígenas, James Anaya; el profesor de Derecho Internacional Público y de DD.HH. en la Universidad de Deusto, Felipe Gómez Isa, y su homólogo en la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Oliva.

Reconocimiento de las "injusticias históricas"

El libro contiene los aportes de expertos en Derechos Humanos como Daniel Oliva quién destacó el reconocimiento expreso de las "injusticias históricas que conformaron el destino de los pueblos indígenas".

Daniel Oliva, saludó el "modelo alternativo" propuesto por las comunidades indígenas, "frente al actual modelo de desarrollo, en crisis por la especulación, el individualismo y la explotación del hombre y de la naturaleza".

"Los indígenas proponen una alternativa de auto-desarrollo con base en la ayuda mutua, en la reciprocidad, en la idea del 'buen vivir', que supone conformarse con vivir con unas condiciones de vida dignas y en contextos en los que sea conservado el medio ambiente", dijo Oliva.

Otro co-autor, Felipe Gómez Isa, aseguró que España es un país "con una más que evidente responsabilidad histórica sobre el destino de los pueblos indígenas". Expresó su deseo de que la publicación del libro motive nuevos trabajos y a "abordar y enfocar las cuestiones indígenas no desde el exotismo, el folclorismo y el maternalismo o paternalismo".

Para el Relator Especial Anaya, otro de los puntos novedosos de la Declaración es que reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. "Este derecho no se parece en nada a la antigua concepción de los estados, quienes veían la autodeterminación como una amenaza, sino que reconoce la libre determinación de los pueblos dentro de sus estados".

James Anaya manifestó que “ha habido violaciones institucionalizadas (a los pueblos indígenas), por lo que hacen falta reformas para que haya leyes y prácticas para Estados y empresas, a gran escala, es necesario reconocerlo y enfrentarlo”.

Se manifestó a favor de la “socialización general de los principios de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y allí los propios pueblos indígenas tiene una importante labor que hacer también”.

Reconoció que no es fácil lograr que haya una aplicación en los países de los principios de la Declaración, “y hace falta para eso una acción afirmativa y positiva”.