Servindi, 9 de abril, 2010.- Un grupo de organizaciones en alianza con el congresista afro-americano Hank Johnson de Georgia (EEUU) vienen impulsando una resolución que pide al gobierno de Colombia que implemente las órdenes de la Corte Constitucional en cuanto a las personas desplazadas en Colombia.

En la misiva agregan el pedido urgente de que Estados Unidos trabaje con las autoridades colombianas para asegurar que estas órdenes sean implementadas completamente.

Esta resolución fue gestionada desde la semana pasada cuando el parlamentario estadounidense Hank Johnson presentó en la Cámara norteamericana una resolución para felicitar a la Corte Constitucional de Colombia por su labor acerca de los desplazados internos y para fortalecer el cumplimiento de las órdenes que se refieren a los desplazados y desplazadas indígenas, afro-colombianos y mujeres.

En ese sentido, varias ONGs y activistas redactaron una carta que fue firmada en Colombia y los Estados Unidos, y posteriormente enviada al Congreso, apoyando dicha resolución y pidiendo que mas miembros del Congreso la co-auspicien y apoyen.

La misiva pide a los asesores de política exterior y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que copatrocinen la Resolución 1224.

Cabe mencionar que la crisis de desplazamiento interno de Colombia afecta a 4 millones de civiles con 280 mil nuevos desplazados sólo en 2009. Su efecto golpea de manera desproporcionada a afrodescendientes, comunidades indígenas y las mujeres.

"Es una tragedia invisible en nuestro hemisferio que merece más atención. Aunque Colombia tiene algunas de las normas más avanzadas del mundo para abordar el problema del desplazamiento interno, los derechos consagrados en esas normas siguen siendo en gran parte en papel y están lejos de ser aplicadas", manifiesta la carta de adhesión.

Ello llevó a la Corte Constitucional de Colombia a pronunciarse en abril de 2004 sobre la situación de la protección de los derechos de las personas desplazadas internamente (PDI) argumentando que el Estado no ha garantizado un amplia variedad de derechos, incluyendo los derechos humanos más básicos a los derechos políticos, económicos y culturales para sus ciudadanos desplazados internos.

En 2008, la Corte dictó la orden 092 sobre mujeres desplazadas, donde insistió al Gobierno a promulgar una serie de medidas para prevenir el impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento en las mujeres.

En enero de 2009, la Corte emitió las órdenes 004 y 005, que abordan los problemas específicos de la situación que enfrentan los afrocolombianos e indígenas. La Corte ordenó a las autoridades desarrollar una estrategia diferenciada para los grupos étnicos afectados por el desplazamiento interno y generar planes de acción de emergencia para los 34 grupos indígenas en necesidad de atención urgente.

Finalmente, en la carta se menciona que en la actualidad, los derechos humanos de muchas comunidades indígenas y los derechos colectivos sobre la tierra son violados por todas las partes en conflicto, llevando a su extinción.

Y agrega que "El Congreso Nacional Indígena de Colombia informa que existen 32 grupos indígenas que actualmente tienen una población de menos de 500 miembros. De estos grupos, 18 tienen menos de 200 habitantes y 10 menos de un centenar. El desplazamiento interno es uno de los factores centrales que conducen a la extinción-cultural y físico de estos grupos".