Servindi, 04 de marzo, 2010.- Organizaciones indígenas y campesinas demandaran al Estado peruano por incumplir el derecho de consulta que estipula el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT) y que tiene fuerza de ley en el país.
En conferencia de prensa realizada el día de hoy los representantes de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) saludaron de manera unánime las recomendaciones y observaciones efectuadas por la Comisión de Expertos de la OIT.
Los dirigentes andinos estuvieron acompañados por Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en cuya sede se efectuó la rueda de prensa.
- Mario Palacios (CONACAMI). Foto: Servindi
Mario Palacios, presidente de la CONACAMI, afirmó que las demandas se realizarán a diversos niveles y por diversas situaciones en que el Estado otorgó concesiones y permisos de exploración en territorios de pueblos y comunidades sin ninguna consulta a sus titulares.
Las recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos de la OIT observaron el incuplimiento del derecho a la consulta por el Estado peruano y pide incluso la suspensión de las actividades de exploración y explotación en los territorios indígenas en conflicto.
Palacios señaló que hay 19 millones de hectáreas de las comunidades concesionadas sin consultas comunitarias y hay situaciones extremas de abuso y conflicto como el caso Río Blanco en Piura o la construcción de hidroeléctricas en Puno donde se pretende desplazar a la fuerza a 14 mil familias.
Palacios sostuvo que el Estado peruano hace caso omiso al Convenio 169 y a las solicitudes de las comunidades, permitiendo el despojo de sus territorios a un costo de hasta 10 céntimos de sol el metro cuadrado, como en el caso de Yanacocha, precisó.
Las demandas serán tanto a nivel nacional como internacional pues el actual gobierno lejos de dialogar con respeto con las organizaciones viene criminalizando a los dirigentes sociales y persiste en expedir leyes arbitrarias y abusivas como el proyecto de ley sobre desplazamiento.
- Ronald Gamarra (CNDDHH). Foto: Servindi
Por su parte, Ronald Gamarra, instó al gobierno a responder y cumplir las observaciones de la OIT durante el presente año y que tienen un carácter reiterativo.
Señaló que el Convenio 169 de la OIT es un tratado suscrito y ratificado por el Estado peruano, y, además, el gobierno ha enviado información a la Comisión de Expertos dando su punto de vista. "No es posible que ahora pretenda desconocer las recomendaciones solo por que no le son favorables" afirmó Gamarra.
Ronald Gamarra instó al Estado Peruano a ejecutar las recomendaciones, porque “ uno no suscribe legislaciones sino para acatarlas y aceptarlas” indicó.
Por su parte, Melchor Lima expresó que la Confederación Campesina del Perú exige el respeto al Convenio 169 de la OIT así como a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por ser instrumentos de derechos humanos.
"No se puede gobernar a capricho del gobierno de turno sino respetando los derechos de los pueblos y comunidades" indicó Melchor Lima.
- Melchor Lima (CCP). Foto: Servindi
Antolín Huáscar señaló que el Instituto de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) se ha convertido en un botín de trabajo para los allegados al partido aprista y no cumple su función institucional.
El gobierno no ha cumplido con fortalecer una institucionalidad autónoma, técnicamente independiente, que promueva políticas públicas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, dijo Antolín.
Hernan Coronado, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, indicó que existe preocupación por la falta de atención institucional hacia los pueblos indígenas, algo que también ha sido obserrvado por la comisión de expertos de la OIT.
Finalmente, los representantes coincidieron en que el actual gobierno es terco y testarudo en manejar sus relaciones con los pueblos indígenas como puede observarse en el informe sobre los hechos de Bagua que es rechazado no solo por las organizaciones y la opinión pública sino por la propia OIT.
Al respeto, el informe de la Comisión de Expertos pide al Estado peruano realizar una investigación con la participación de diferentes sectores para que se deduzcan responsabilidades políticas de las muertes ocurridas en junio de 2009.
- Antolín Huáscar (CNA). Foto: Servindi
- Hernán Coronado (CAAAP). Foto: Servindi
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