Servindi, 12 de febrero, 2010.- Octavio Salazar, Ministro del Interior, expresó su desacuerdo con la decisión de la fiscal Olga Bobadilla, quien denunció penalmente a un grupo de policías como presuntos responsables de los sucesos de Bagua.

“Somos respetuosos del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero no podemos ver a la institución policial como la culpable de todo un tema”, afirmó el ministro.

La fiscal de la Primera Fiscalía Mixta de Utcubamba, denunció el martes último a los generales Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe, entre otros efectivos, como los presuntos autores del delito de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de los nativos David Mashigkash, Romel Tenazoa, Jesús Timias y Genaro Chijiap.

Según la acusación de Bobadilla, Muguruza no tomó la precaución debida para desplegar tres planes operativos, lo que produjo un desorden. Además, no conocía la idiosincrasia del pueblo awajún.

Asimismo, la fiscal indicó que el alto oficial no tuvo idea del objetivo de enviar al comandante Luis del Carpio a que tomara, con 59 hombres a su mando –entre ellos, el desaparecido mayor Felipe Bazán –, las alturas del cerro de la “Curva del Diablo’, cuando había más de mil nativos en la zona.

Salazar hizo esta declaración, sin tener en cuenta que se trata de la primera denuncia en contra de miembros de la policía, mientras que en Bagua Grande y Bagua Chica (Amazonas) ya existen siete procesos judiciales que implican a casi un centenar de nativos en una serie de delitos penales.

Pero la denuncia de la fiscal Bobadilla no ha dejado conformes a las partes involucradas. Ayer, la defensa legal de 58 indígenas procesados por el “Baguazo’ denunció irregularidades en los juicios que afrontan.

Según los abogados –pertenecientes a las ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), Aprodeh, Comisedh y CEAS– Bobadilla no efectuó 74 diligencias claves durante la etapa de instrucción y no ha ratificado las pericias de necropsia de los fallecidos en la “Curva del Diablo’.

José Quispe, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo que tampoco se ha incorporado un documento esencial que debió proporcionar el inisterio del Interior.

El documento consiste en la relación de oficiales y agentes que participaron en la operación de desalojo y el tipo de armas que utilizaron, que permitirán conocer quiénes fueron los autores de los disparos.

Otra omisión mencionada es que en la denuncia fiscal no se diga nada de la decisión que adoptaron las comunidades indígenas el 4 de junio, un día antes de los hechos, de levantar el bloqueo de las vías de comunicación.

Además, consideraron que la fiscal Bobadilla debió denunciar, junto a los jefes militares, también a la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, al ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y al ex Director General de la Policía, General PNP José Sánchez Farfán, como directos responsables.

Por su parte, la titular de Primera Fiscalía Mixta de Utcubamba, sostuvo ayer que el ex director de la Policía Nacional , Armando Sánchez Farfán, será comprendido en el caso baguazo, ni bien encuentre indicios de su presunta responsabilidad en el caso.

En otro momento, precisó que la denuncia que formuló no incluye a ningún ministro, congresista u otro alto funcionario del gobierno, porque como fiscal provincial no está facultada a investigar a quienes tienen derecho de antejuicio.