Por CONVEAGRO

El balance hecho por la Convención Nacional del Agro Peruano CONVEAGRO, respecto al comportamiento del Gobierno con el agro en el año que finaliza, es negativo; a pesar que en los últimos meses se abrió una ventana al diálogo entre los gremios y el Ministerio de Agricultura.

Una evaluación hecha por el foro agrario representativo de los pequeños y medianos productores del país, señala que lo poco rescatable hecho por el Gobierno a favor de este importante sector fue opacado por acciones que marcaron la pauta del comportamiento gubernamental.

A decir de Federico León y León, presidente de CONVEAGRO, el apuro por la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, a sabiendas del daño que causará al agro, así como la avalancha de Decretos Legislativos inconsultos y lesivos para el agro, las comunidades campesinas y el medio ambiente, con este mismo pretexto; descalifica notablemente los tímidos gestos hacia el agro.

Si bien se registró importantes avances en los tratados comerciales con diferentes países, lo que en la letra permite ampliar nuestras posibilidades de llegar a más mercados externos, se ha dejado relegada la agenda interna que está paralizada. Es decir, no hay voluntad de fomentar mecanismos que permitan fortalecer la organización agraria, la capacitación, tecnología, financiamiento, infraestructura para el 90 por ciento de productores agrarios.

El mercado nacional que enfrentará la invasión de productos agrarios subsidiados con el TLC se ha quedado sin defensa porque al Gobierno se le ocurrió eliminar los aranceles "para evitar que los precios se eleven". Nos hemos quedado sin aranceles y con los precios altos a pesar de la baja internacional, lo que demuestra que no hay política de defensa del agro.

Los Decretos Legislativos, más de una veintena en contra del agro, comprometen la estabilidad de las comunidades campesinas y nativas, ponen en riesgo la propiedad de las tierras, del recurso hídrico, la explotación forestal, del medio ambiente. Son decretos inconstitucionales.

La caída de los precios en el agro pone en serio riesgo la estabilidad de la producción agropecuaria (sin aranceles, sin defensas) y ante esa dramática realidad, el gobierno en su plan anticrisis' no ha hecho mención alguna al agro, al que produce los alimentos para el mercado interno.

A pesar de una intensa campaña desplegada por el Ministerio de Agricultura (Ismael Benavides) para fomentar el uso de semillas transgénicas en el Perú "a como dé lugar", la reacción de organizaciones de productores y sociedad civil, han puesto en el debate público este tema que es manejado por intereses económicos y políticos.

Se insiste en la reorganización del Ministerio de Agricultura, en una decisión vertical e inconsulta de la burocracia del ministerio, no toma en cuenta la posición e intereses de los gremios y organizaciones de productores. Una real reorganización del MINAG debe hacer que este sector se descentralice e forma efectiva.

Ley PREDA. Lo que el Congreso de la República, en saludable gesto aprobó la ley que reestructura la deuda agraria, el Ejecutivo a espaldas del país se niega a su implementación mientras el drama de miles de pequeños propietarios se acrecienta porque sus tierras están sometidas a remate judicial. Con esta ausencia el Agrobanco, que se salva de la inacción, no puede atender a los productores que se acogieron a la ley.

En los últimos meses del año se ha hecho evidente una voluntad expresa en la presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Agricultura, para dialogar con los gremios. Con la Comisión Agraria del Congreso se mantiene la política de puertas abiertas al agro.

La comercialización directa de fertilizantes por parte del gremio de arrocero, que contó con apoyo del Ministerio de Agricultura y Agrobanco, es un logro que puede corregir las distorsiones en el mercado de insumos agropecuarios.

Desde las bases, en un esfuerzo institucional CONVEAGRO y la Junta de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, vienen impulsando un proceso de unidad agraria, sobre la base de una agenda mínima, como mecanismo para instaurar una mesa de diálogo permanente con el gobierno.