Las dos últimas semanas Bolivia ocupó el centro de la noticia en América Latina debido a las acciones de vandalismo iniciadas en cuatro ciudades y que han derivado a la fecha en 17 muertos, decenas de heridos y más de treinta desaparecidos. A continuación les presentamos un recuento de los principales hechos y al final una interpretación de los mismos:

- ¿Qué sucedió en Bolivia? (descargar archivo mp3, 12 minutos)

Luego de dos semanas de paro el lunes 8 de septiembre se radicalizan las acciones de presión promovidas por grupos opositores al gobierno de Evo Morales, denominados cívicos autonomistas, en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Las acciones tienen como principal justificación una mayor asignación a los departamentos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el reconocimiento de la autonomía departamental y el rechazo a la nueva Constitución Política promovida por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El paro se inició con el bloqueo de carreteras en las cuatro regiones, lo que ocasionó el desabastecimiento de combustibles, la paralización del transporte y la asfixia de varios sectores productivos.

En los días subsiguientes las acciones se incrementaron con la toma de más de cuarenta instalaciones públicas como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Locales de instituciones privadas y organización indígenas también fueron asaltadas y saqueadas como es el caso de la organización no gubernamental CEJIS, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Confederación de Pueblos Indígenas (CIDOB), entre otras.

Las acciones de vandalismos subieron de tono cuando se intentó además paralizar el suministro de gas a Brasil mediante el sabotaje a las instalaciones de hidrocarburos.

La madrugada del lunes los cívicos también redujeron y golpearon a los militares que custodiaban la planta de gas de Vuelta Grande paralizando 29 pozos.

La primera respuesta del gobierno fue apostar al desgaste del paro cívico y evitar toda intervención militar, mientras que el gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a defender la democracia.

El martes 10 de septiembre se produjo un enfrentamiento de envergadura entre cívicos y campesinos en Tarija con un saldo de 70 heridos.

El mismo día el Presidente Evo Morales declaró persona no grata el embajador de Estados Unidos Philip Goldberg por conspirar y alentar el separatismo de los cívicos autonomistas.

Las organizaciones sociales, en coordinación con el Consejo Nacional para el Cambio, respondieron adelantando un cerco a la ciudad de Santa Cruz.

El miércoles 10 los vándalos separatistas detonaron una válvula que conduce el gas a Brasil y que obligó a reducir un 10 por ciento la exportación a Brasil.

El jueves 11 se produjo el nivel más alto de la violencia cuando funcionarios de la Prefectura de Pando y sicarios armados con armas de fuego emboscaron a campesinos mientras cruzaban un puente.

Ellos se dirigían a una asamblea ampliada en la localidad de Filadelfia, a 50 kilómetros de Cobija.

A la fecha se han recuperado 17 cadáveres. Además, hay alrededor de cuarenta heridos y más de treinta desaparecidos.

Algunos testimonios indican que algunos heridos habrían caído al río Tahuamanu u otros campesinos habrían escapado al monte, por lo que el número total de fallecidos de aquel luctuoso acto puede aumentar.

La masacre de Pando marcó un punto de inflexión en los acontecimientos. Recién, frente a la masacre, el gobierno decretó el viernes 12 el estado de sitio y el toque de queda en Pando.

Las Fuerzas Armadas procedieron a recuperar el aeropuerto de Cobija tomada por los cívicos autonomistas, con el saldo de dos personas muertas, una de estas es un soldado de 17 años, herido de muerte por un francotirador, presuntamente sicario de los cívicos de Pando.

Reacción internacional

Diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) hicieron llamados al cese de la violencia y al inicio de un diálogo.

El lunes 15 se reunieron los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) quienes condenaron el intento de golpe civil y expresaron su unánime respaldo al gobierno de Evo Morales.

UNASUR advirtió que no reconocerá "cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden constitucional o que comprometa la integridad territorial" de Bolivia.

El organismo acordó crear tres comisiones, para investigar la violencia, apoyar el diálogo y asistir al gobierno boliviano.

La reunión de UNASUR, realizada en Santiago de Chile, congregó a los presidentes de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. También participaron delegados de Surinam y Guyana, el Canciller de Perú. También asistió el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza.

Del mismo modo, los parlamentos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR respaldaron al gobierno de Evo Morales.

El miércoles 17 se publicó un aviso en el diario La Razón, suscrito por instituciones y personalidades de todo el mundo, abogando por la defensa de los derechos humanos y en pro de una democracia pluralista para Bolivia.

Asimismo, lo hicieron cientos de organizaciones indígenas y de derechos humanos de todo el mundo.

El martes 16 de septiembre, tras cinco días de negociación y veintidós días de conflicto el Gobierno y los prefectos opositores suscribieron un Gran Acuerdo Nacional y sentaron las bases para el Diálogo Nacional.

El único prefecto que no suscribió el pacto fue Leopoldo Fernández, Prefecto de Pando, quién fue detenido el martes 16 y a quién se le seguirá un proceso judicial por el delito de genocidio.

La semana culminó con la apertura de un proceso de diálogo entre el gobierno y las prefecturas departamentales.

El último fin de semana se instalaron dos mesas de trabajo: una dedicada al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la otra a la incorporación de las autonomías departamentales en la nueva Constitución Política.

Comentario de Servindi

El proceso de cambios promovido por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales se caracteriza por un reconocimiento cada vez mayor a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, entre estos, el derecho al territorio y a una redistribución más justa de los ingresos nacionales.

Esta política calificada por Evo Morales de "revolución en democracia" ha encontrado fuertes resistencias en la elite de Santa Cruz, una oligarquía regional conservadora, de mucho poder económico, que aspira a convertirse en un Estado autónomo dentro del estado boliviano.

Sin embargo, el discurso autónomo separatista de los cívicos de Santa Cruz y otros tres departamentos de la llamada "media luna", no representa el sentir de todas las poblaciones de estas regiones.

La oligarquía cruceña detenta un poder y riqueza acumulado a costa del sometimiento y explotación y casi exterminio de la población indígena de las tierras bajas. La rebelión de los indígenas moxeños en 1887 y la batalla de Kuruyuki en 1892 protagonizada por los guaraníes forman parte de la historia de este cúmulo de opresión.

La revolución de 1952 crearon las bases para la formación de una emergente burguesía agroindustrial. Pero la entrega de tierras y créditos durante la dictadura de Banzer imprimió un carácter comercial-financiero y no productivo a la burguesía cruceña, señala una investigación reciente.

Pero lo más grave es que la oligarquía oriental se cree étnica y culturalmente distinta y superior al resto de la población boliviana, porque reivindica su ascendencia inmigrante europea.

Los militantes de la Unión Juvenil Cruceñista califican despectivamente y con odio de "collas de mierda" o "raza maldita" a la población campesina e indígena de estas regiones mientras la golpean e insultan.

El rechazo de los autonomistas a la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que realizó el gobierno es egoísta e intransigente pues este impuesto ha beneficiado a las Municipalidades de los propios departamentos y una parte ha ido a la Renta Dignidad, para beneficio de los ancianos del país.

Por discriminadora y excluyente la propuesta política cruceñista es políticamente inviable y su único recurso es la violencia irracional y vandálica como lo han demostrado los hechos en el país.

Sin embargo, existe una importante economía regional de monocultivos de exportación que se engarza directamente con el mercado internacional, aunque no así con el resto del país, y que está sujeta a sus fluctuaciones.

No hay que olvidar que el sector de la soya -afincado fuertemente en el oriente- representó el 13 por ciento de las exportaciones del país y el 43 por ciento de la superficie cultivada nacional.

Un gran desafió histórico del gobierno del MAS será brindar alternativas políticas y económicas viables para encauzar el desarrollo regional del oriente boliviano y articularlo al resto del país... pero de esto hablaremos en otra ocasión.