Por Amnistía Internacional

14 de abril de 2008.- La próxima reunión del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de elaborar un proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas es una importante ocasión de consolidar y trabajar a partir de los recientes avances en la protección de los derechos humanos de algunas de las poblaciones más marginadas del Hemisferio.

En su reunión del 14 al 18 de abril en Washington D.C., el Grupo de Trabajo de la OEA, entre otras actividades, comparará el borrador de la declaración americana con el texto de la recién adoptada Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La Declaración de la ONU establece las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Afirma que el derecho a la libre determinación, establecido desde hace tiempo en los convenios internacionales de derechos humanos, se aplica igualmente a los pueblos indígenas. Profundiza además en la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos. El uso y control de estas tierras y recursos tienen una importancia primordial para su salud, sus medios de vida, su integridad cultural y su seguridad.

La Declaración de la ONU fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 con el voto favorable de 144 Estados miembros de la ONU y sólo 4 votos en contra: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos han argumentado posteriormente que no cabe esperar de ellos que respeten unas normas de derechos humanos contra las cuales han votado.

Amnistía Internacional cree firmemente que las disposiciones de la Declaración de la ONU se basan en unas normas universales de derechos humanos que son aplicables sin excepción a la situación de los pueblos indígenas en todos los países del mundo. La organización aplaude los esfuerzos del Grupo de Trabajo de la OEA para que el nuevo instrumento sea compatible y complementario a la Declaración de la ONU. Esto garantizará que es coherente con los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos –artículo 3.1y las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General el 11 de septiembre de 2001 en Lima (Perú) en su periodo extraordinario de sesiones –artículo 9–, que ponen el énfasis en la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Los Estados miembros de la OEA tienen la obligación jurídica inequívoca de garantizar que ninguna disposición contenida en la propuesta de declaración americana establece un nivel de exigencia inferior a las normas mínimas establecidas en la Declaración de la ONU. Amnistía Internacional ha pedido a los Estados y a los pueblos indígenas que trabajen juntos para avanzar a partir del logro histórico de la Declaración de la ONU y garantizar el desarrollo progresivo de las normas internacionales de derechos humanos. Si así lo hacen, millones de personas indígenas que durante mucho tiempo han visto relegados sus derechos podrán obtener justicia.

Amnistía Internacional ha documentado violaciones graves y persistentes de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el continente americano. Estos abusos suelen ir asociados a patrones profundamente arraigados de racismo y discriminación, opresión y marginación, pérdida de control sobre la propia vida y el futuro, y despojo de tierras y recursos vitales. Con excesiva frecuencia, su consecuencia ha sido el empobrecimiento extremo, la mala salud generalizada y la conflictividad social.

Por último, Amnistía Internacional pide al Grupo de Trabajo de la OEA que preste especial atención a las protecciones de los derechos humanos de las personas indígenas que ya se afirman en las recomendaciones de los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU, como la recomendación general 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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World: Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples an historic opportunity to advance human rights

The upcoming meeting of the Organization of American States (OAS) Working Group on the draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is an important opportunity to consolidate and build on recent developments to protect the human rights of some of the hemispheres most marginalized peoples.

At its meeting in Washington D.C, April 14-18, the OAS Working Group will, among other activities, compare the current draft text of the American Declaration with the recently adopted UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

The UN Declaration sets out the minimum standards for the survival, dignity and well-being of the indigenous peoples of the world. It affirms that the right of self-determination, long established in the international human rights Covenants, applies equally to Indigenous Peoples. The UN Declaration also elaborates on the urgent need to respect and promote the inherent rights of Indigenous Peoples to their lands, territories and resources. The use and control of these lands and resources are of vital importance to Indigenous Peoples health, livelihoods, cultural integrity and security.

The UN Declaration was adopted on 13 September 2007] by a vote of 144 UN member states with only four states opposing - Australia, Canada, New Zealand and the United States. Two of those opposing states, Canada and the United States of America, have subsequently argued that they should not be expected to uphold human rights standards that they voted against.

Amnesty International firmly believes that the provisions in the UN Declaration elaborate universal human rights standards applicable without exception to the situation of Indigenous Peoples in all countries of the world. Amnesty International welcomes the efforts by the OAS Working Group to ensure the new instrument will be compatible with and complementary to the UN Declaration. This ensures consistency with the principles enshrined in Charter of the Organization of American States -- Article 3(l), Charter of the Organization of American States -- and the provisions of the Inter-American Democratic Charter -- Adopted by the General Assembly at its special session, held in Lima, Peru, on September 11, 2001, article 9 -- in which the promotion and protection of human rights of indigenous peoples are emphasized.

Member states of the OAS have a clear legal obligation to ensure that no provision in the proposed American Declaration falls below the minimum standards established in the UN Declaration. Amnesty International urges states and Indigenous Peoples to work together to build on the historic achievement of the UN Declaration and ensure the continued progressive development of international human rights standards. In so doing, greater justice may be achieved for millions of Indigenous persons whose rights have too long been neglected.

Amnesty International has documented grave and persistent violations of the human rights of Indigenous Peoples throughout the Americas. These violations are often linked to deeply entrenched patterns of racism and discrimination, oppression and marginalization, loss of control over lives and futures, and dispossession of vital lands and resources. All too often the consequence has been extreme impoverishment, widespread ill-health and social strife.

Finally, Amnesty International calls on the Working Group to pay careful attention to the human rights protections for Indigenous Peoples already affirmed in the recommendations of UN treaty monitoring bodies, such as General Recommendation 23 of the UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination, and in the jurisprudence of the Inter-American Court and the Inter-American Commission on Human Rights.

Fuente: Patricio Quevedo, Coordinador de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, Amnistía Internacional - Chile