Por Wilfredo Ardito Vega, Reflexiones Peruanas Nº 187

Los campesinos muertos la semana pasada por la policía no han sido las primeras víctimas mortales del segundo gobierno de Alan García. Desde julio del año 2006, más de diez personas han muerto en similares circunstancias.

Tampoco son los primeros del año 2008: el 10 de enero, el niño John Acosta falleció en Pucallpa por el impacto de una bomba lacrimógena (RP 181). Antes de John, otro niño también murió debido al accionar policial: el 22 de abril del año pasado, Imel Huayta, de ocho años, viajaba con sus padres en un camión hacia Ilave cuando varias balas impactaron en el parabrisas. Era la manera como la policía de la zona realizaba un operativo contra el contrabando. El hermanito de Imel, de cuatro años, también quedó gravemente herido.

Las víctimas de la semana pasada, tampoco son los primeros campesinos muertos por la policía durante este régimen: diez días antes de la muerte de Imel, Marvin Gonzales, un joven agricultor de Chimbote, fue abatido por la espalda. Se tiene también el caso de Julián Altamirano (Andahuaylas, 15 de julio del 2007) y, según muchos cajamarquinos, de Isidro Llanos (2 de agosto del 2006), producido cuando Alan García tenía apenas seis días de regreso en el poder.

Como en los tiempos de la violencia política, también desde el llamado retorno a la democracia en el año 2001, las principales víctimas de la represión policial han sido campesinos. Este fue el caso de doce de los quince muertos ocurridos durante el gobierno de Toledo, desde Reemberto Herrera y Melanio García, enfrentados a la empresa Majaz, hasta Guillermo Tolentino, que protestaba contra los abusos de Barrick en Huaraz y Efraín Arzapalo, quien reclamaba contra la contaminación del Lago Chinchaycocha en Junín. Como en aquellos días, sus muertes generaron mas bien indiferencia en la opinión pública limeña, más preocupada por noticias secundarias como los embustes del Presidente o los exabruptos de su esposa.

Sin embargo, las muertes de la semana pasada poseen varios elementos muy preocupantes que las distinguen de los anteriores asesinatos de civiles por parte de las fuerzas del orden.

En primer lugar resulta gravísimo el empleo de armas de fuego contra la población. Es verdad que anteriormente el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas hacia el cuerpo de las personas tenía consecuencias mortales, como ocurrió en los casos de los estudiantes Fernando Pinto o Edgar Talavera (Arequipa, junio de 2002) o el anciano agricultor Marcelino Sulca (San Clemente, febrero del 2002). Sin embargo, el hecho que tanto Emiliano García y Rubén Pariona en Ayacucho como Julio Rojas en Barranca hayan fallecido por disparos de bala en la cabeza es más que una coincidencia. Creemos que puede hablarse de un cambio en las directivas de la Policía Nacional.

Otro elemento sumamente peligroso es el respaldo político que estos crímenes han recibido. Mientras Toledo negaba los hechos, sosteniendo que su gobierno no había derramado la sangre de nadie, Alan García ha elogiado el brutal desempeño policial, señalando que es una advertencia para la población. A nivel internacional se sabe que cuando las autoridades elogian prácticas represivas, éstas tienden a repetirse, porque los policías se sienten reforzados.

Precisamente, pocas horas después de las declaraciones de García, el estudiante ayacuchano Edgar Huayta, que participaba en los funerales de los dos campesinos asesinados, recibía una bomba lacrimógena en la cabeza por parte de la policía y ahora se debate entre la vida y la muerte. Esa noche, también un burrier mexicano fue asesinado en la DIRANDRO y luego se dijo que se había suicidado (con las manos esposadas, aparentemente).

Los sectores empresariales, que tanto respaldan a García, están dispuestos a creer las teorías de la conspiración más hilarantes, antes de aceptar que las protestas se deben a la exclusión que sufren millones de peruanos. Como ocurrió con Sergio Alanoca y Herminia Herrera, los dos maestros del SUTEP fallecidos en julio, algunos titulares distorsionan los hechos, señalando que las protestas causaron cuatro muertos. Pretenden presionar al Ministerio Público para que actúe solamente frente a los manifestantes, desconociendo toda responsabilidad penal de los policías que asesinaron a los campesinos.

Es difícil comprender que un Presidente pueda estar satisfecho por la muerte de sus compatriotas, más aún cuándo la mayoría de casos (incluyendo el de Santiago Lloqlle, aparentemente de manera accidental) ocurrieron en el sur del país, donde el índice de aprobación del gobierno es mínimo, la pobreza se viene incrementando según las propias cifras oficiales y la existencia de los mayores atractivos turísticos parece no generar ningún beneficio (RP 74).

Los voceros del régimen insisten en que las protestas sociales dañan la imagen del país, tomando en cuenta las futuras cumbres presidenciales. Habría que preguntarse si no la daña más un régimen que mata impunemente campesinos, que ignora las necesidades de los pobres y que considera la realización de las cumbres alternativas nada menos que un acto contra el Perú.

Si no cesan las muertes de campesinos, el Año de las Cumbres Presidenciales puede terminar convirtiéndose en el Año de la Barbarie.

Además...

-A quienes viven en Lima, se les invita este martes a las 12:00, para una acción pacífica de protesta contra los asesinatos de Rubén Pariona, Emiliano García y Julio Rojas, frente al Ministerio del Interior. Más información con Paul Maquet a [email protected], Rocío Paz, [email protected], o Raquel Palomino [email protected]. Quienes viven en otros lugares pueden, también promover formas de expresar su rechazo a la violencia.

-Hablando de tensiones sociales, el Ministerio de Educación terminó retrocediendo en el requisito del tercio superior exigido a los futuros profesores, que generó un conflicto tan inútil como desgastante (RP 186).

-Hablando de instituciones públicas, Televisión Nacional del Perú viene solicitando locutores de buena presencia en abierta violación a la legislación vigente. Pensar que en el año 2005, esta entidad recibió el Premio de la Mesa contra el Racismo por su aporte a la lucha contra la discriminación (RP 32).

-Los preparativos para las cumbres presidenciales han obligado a trasladar a la Orquesta Sinfónica Nacional del Museo de la Nación al auditorio del Centrum de la Universidad Católica, paradójicamente un lugar mucho menos céntrico para la mayoría de ciudadanos. Entretanto, se teme por la muestra Yuyanapaq que se encuentra también en el Museo y seguramente incomoda al Presidente García y al VicePresidente Giampietri.

-En medio de la convulsión social de la semana pasada, pasó casi desapercibida la muerte de José Adoph. Aunque personalmente puedo dar fe que no era el mejor profesor de alemán, fue una voz importante e irreverente dentro de la literatura peruana.

-Como antes sucedió en Miraflores, Barranco y Lince, miles de vecinos de la Residencial San Felipe quienes se están enfrentando a la pretensión de la Municipalidad de Jesús María de entregar parte de las áreas públicas, en este caso para la construcción de un supermercado Plaza Vea. Resulta sorprendente cómo los intereses económicos llevan a las municipalidades a generar conflictos innecesarios.

-Muchos peruanos de toda condición social tienen la peligrosa costumbre de llevar a sus hijos sentados sobre ellos en el asiento delantero de un automóvil, lo cual implica que el niño no esté protegido por el cinturón de seguridad. Por ahora, la Defensoría del Pueblo ha planteado que esta práctica sea prohibida en los ómnibus interprovinciales.

-Hablando de transporte, el temor a las multas ha logrado que las combis de la avenida Javier Prado respeten los paraderos... aunque muchos pasajeros todavía quieren detenerlas en cualquier esquina. ¿Podrá lograrse lo mismo en toda Lima? ¿Podrá lograrse en otras ciudades?

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