El proyecto de ley 840, llamado por la prensa ley de la selva, es otra iniciativa del gobierno que está generando un fuerte rechazo de diversos sectores sociales.
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La autoría es del Poder Ejecutivo y pretende modificar otra ley, denominada Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería.
Se propone cambiar el régimen de concesión por la entrega en propiedad de las tierras amazónicas eriazas, es decir sin cubierta boscosa, para acciones de reforestación y agroforestería.
Según el proyecto, para incentivar la reforestación no es suficiente una concesión de 40 años renovables, como lo establece la Ley Forestal vigente.
Para atraer la inversión privada y darles seguridad a los inversionistas es necesario darles las tierras en propiedad, es decir para siempre.
Las críticas
- El proyecto 840 pretende despojar a la nación de su patrimonio
La Constitución Política, en su artículo 66, establece que las tierras con aptitud forestal son patrimonio de la Nación.
La Ley forestal y de Fauna Silvestre, vigente desde julio de 2000, señala que los bosques son de dominio o propiedad de la Nación.
Incluso las tierras con aptitud forestal, cubiertas o no de bosques, hacen parte del patrimonio forestal nacional.
Por estas razones jurídicas la entrega en propiedad, es decir, la venta a favor de alguien, es inadmisible.
La única figura jurídica posible es la concesión.
- Elimina las fortalezas del régimen de concesiones
Cuando el Estado otorga una concesión puede exigir el cumplimiento de ciertas condiciones de aprovechamiento racional.
Pero, cuando entrega las tierras en propiedad el Estado ya no podrá controlar o exigir de la misma forma.
La única garantía será el compromiso del inversionista cuando se realiza la venta.
- No hay un catastro preliminar
Otro problema es que la inversión sería inaplicable si antes no se tiene un catastro que delimite de manera exacta cuántas son las áreas deforestadas en las que se puede invertir y dónde están.
Si la ley se aprueba antes de tener un catastro que defina claramente las áreas a reforestar, la ley se convertirá en un incentivo perverso para alentar la deforestación y arrasar la amazonía.
Así lo sostiene la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) quien afirma que el catastro previo es una condición para los planes de reforestación.
De no ser así, muchos agentes económicos van a alentar la deforestación de los bosques con el propósito de solicitar la propiedad de las mismas con el pretexto de volverlas a reforestar.
¿Quiénes están detrás del bosque amazónico?
El diario La Primera ha informado que el Grupo Romero ha formado una bolsa de diez millones de dólares para comprar dos millones de hectáreas de tierra en la Amazonía, apenas se apruebe el proyecto.
Una parte de los dos millones de hectáreas se dedicarían a la siembra de bosques para la captura de carbono.
Gracias al Protocolo de Kyoto este llamado servicio ambiental se cotiza en la Bolsa de Nueva York por lo que resulta un negocio fabuloso.
Conclusión
Alan García, en su último viaje a España, afirmó que había ido en busca de Colón y ofreció a los inversionistas las tierras de la amazonía.
¿Los pueblos amazónicos dejarán pasar esta amenaza hacia sus territorios?
Por lo pronto, el 17 de febrero se realizará el Primer Congreso Interregional en Defensa de la Amazonía, en Pichanaki, región de Junín.
Los Frentes de Defensa de Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Selva Central y Madre de Dios se reunirán para enfrentar esta nueva amenaza.
... continuaremos informando desde Servindi.
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Nota importante: los audios de las entrevistas provienen del reportaje audiovisual elaborado por el sitio Web Tsiroti: http://www.tsiroti.com/,que trata sobre el mismo tema y aconsejamos visitar, así como de Darwin Paniagua, corresponsal de Ideele Radio.