La organización colombiana de defensa de los derechos humanos, Equipo de Cristianos de Acción por la Paz, publicó un informe sobre las violaciones cometidas contra la Ley Internacional Humanitaria y los derechos humanos en el país, en 2007, en el cual reveló 225 casos de ausencia de respeto de esos derechos.

En una enorme lista, que incluye violaciones de espacios civiles, amenazas, detenciones arbitrarias, el número de asesinatos, con 75 casos, es el mayor. Los números presentados en el informe no se refieren a la cantidad de víctimas, y sí a la de los eventos.

Así, las 25 amenazas colectivas afectaron a un número mucho mayor de personas que el indicado por ese número. Después de los asesinatos, la violación más cometida en el país es la detención arbitraria, con 28 eventos.

En abril del año pasado, en Santa Rosa del Sur, tropas del Batallón Nueva Granada detuvieron a Teófilo Acuña, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar.

La orden de detención no tenía la firma de ningún fiscal y estuvo basada solamente en un informe de inteligencia militar, cuyas informaciones -no confirmadas- fueron dadas por guerrilleros desmovilizados.

Los desplazamientos en masa, una de las más frecuentes violaciones a los derechos humanos en el país, fueron constatados el año pasado cinco veces.

En algunos casos, las personas son víctimas de esa agresión por segunda vez. En mayo, un grupo de desplazados, que ocupaba un terreno municipal, fue nuevamente desplazado por los Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

"Hay un número creciente de civiles desplazados que buscan refugio en otras zonas rurales y las áreas urbanas de Ricaurte, esa población sigue viviendo bajo el riesgo de sufrir más violencia y ser víctima de un segundo desplazamiento", señala el informe.

De acuerdo con el relevamiento, la población más afectada por el conflicto armado es la compuesta por  afro-descendientes, indígenas, mujeres y niños.

Esto se evidencia en las regiones más afectadas por las violaciones a los derechos humanos, como Magdalena Medio, donde los afro-descendientes son el 75% de la población, y Ricaurte, donde los indígenas son el 80% de la población.

Tanto en Nariño como en Magdalena Medio, la violencia física y sexual contra la población femenina e infantil es recurrente.

La violencia ejercida contra las mujeres, la infancia, la población indígena y los afro-descendientes colombianos no tiene reconocimiento ni seguimiento dentro de los procesos formales de documentación de la violencia que sufre la población civil.

En Magdalena Medio, Acción por la Paz presenció infracciones al Principio de Distinción por parte de todos los actores armados. En ese principio, el Derecho Internacional Humanitario dice que todos los actores armados deben tener respeto por la población que no participó de las hostilidades.

Y que deben ser tomadas medidas para asegurar que esa población no sea afectada por los combates o acciones propias de la guerra.

A pesar de que las autoridades colombianas dijeron que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en la región fue concluido, la población civil continúa sufriendo amenazas y daños por parte de paramilitares desmovilizados y activos.

Muchas veces ellos actúan sin identificación y utilizan espacios civiles. "Adicionalmente, la práctica de utilizar información sin verificar es preocupante", dijo la Ecap.

El año pasado, el Equipo de Cristianos de Acción por la Paz visitó los siguientes estados y ciudades: Antioquía (Yondó y Remedios), Bolívar (Arenal, Cantagallo, Morales, Regidor, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio), César (La Gloria), Nariño (Ricaurte, Pasto, Cumbal e Ipiales) y Santander (Barrancabermeja).

Traducción: Daniel Barrantes - [email protected]

Fuente: Adital