Un fuerte rechazó desencadenó la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 29164.
El miércoles 23 de enero aproximadamente 70 mil personas se movilizaron en el Cusco exigiendo la derogatoria de la norma aprobada el 20 de diciembre último. Escuche el reportaje de Servindi sobre el tema:
- Cuestionan ley que concesiona servicios turísticos vinculados al patrimonio cultural (mp3, 9.33 minutos)
La medida fue rechazada por un conglomerado de instituciones políticas, empresariales, académicas y sociales.
El presidente regional del Cusco, Hugo Gonzáles Sayán, y la alcaldesa provincial Marina Sequeiros, incluso refrescaron sus imágenes tomando parte en la masiva protesta que ha unido a la población cusqueña.
La Cámara de Comercio del Cusco, la Cámara Regional de Turismo del Cusco y la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco denunciaron que la ley es discriminatoria.
En un comunicado público afirman que margina al empresariado local y regional y en particular a las comunidades campesinas y nativas quienes no tendrán acceso para invertir en turismo.
La Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco demandó que mientras no se derogue la ley citada no se admita ninguna concesión sobre los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural de la Nación.
Efraín Yépez, de la Asamblea Regional del Cusco, advirtió que si no se deroga la Ley próximamente convocará a un paro indefinido.
¿Cómo fue que esta ley se aprobó sin que se hayan dado cuenta los congresistas cusqueños? ¿Y qué dice la ley 29164? ¿Beneficiará realmente al país? ¿Quienes están detrás de su aprobación?
La parlamentaria cusqueña María Sumire denunció que la mencionada ley fue aprobada con un procedimiento irregular.
Oscuros intereses vinculados al sector Turismo propiciaron que la Junta de Portavoces apruebe un proyecto de ley que ni siquiera estaba en la agenda del Pleno del Congreso.
La ley fue aprobada en primera votación el 16 de mayo del año pasado pero requería de una segunda votación.
El 13 de diciembre la Junta de Portavoces desconoció el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para que vuelva a comisión y acordó dispensarla de una segunda votación.
La acción irregular fue promovida por Carlos Bruce, quién fue secundado por Luis Negreiros, del APRA, Luis Galarreta, de Unidad Nacional y Santiago Fujimori, del Grupo Parlamentario Fujimorista.
Se aprovechó sin duda que en dicha sesión no estuvieron los portavoces del Partido Nacionalista y de Unión Por el Perú.
Pero ¿Qué tan mala es la ley de marras?
¿Qué dicen los defensores de la ley?
El Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo aseguró que la protesta es promovida por sectores ultras, izquierdistas, que quieren dañar la imagen del Cusco y del Perú.
La Ministra Mercedes Aráoz defendió la ley 29164 porque permitirá que el Instituto Nacional de Cultura cuente con recursos para poner en valor los monumentos.
Asimismo, brindará recursos al Ministerio de Turismo para promocionarlos y a los gobiernos locales y regionales para mejorar la infraestructura turística en dichas zonas.
La Ministra precisó además que la norma sólo permite la concesión de las zonas de amortiguamiento, donde se pueden construir hoteles o restaurantes pero sin provocar daño alguno.
A manera de chantaje Mercedes Aráoz afirmó que como el país tiene recursos por todos lados su despacho va a trabajar el reglamento de ley con los gobiernos regionales y locales que tienen voluntad.
¿Cuáles son las críticas de fondo a la ley?
La ley convierte el patrimonio cultural en una mercancía, valorada para su explotación lucrativa perdiendo su esencia social y humana.
Según el congresista Oswaldo Luizar la ley ignora la Convención sobre Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO ratificada por el Perú pues permite concesionar zonas de amortiguamiento para servicios de hospedaje cuando la finalidad de éstas es garantizar la conservación del patrimonio.
Asimismo, ignora la recomendación del INC de tomar en cuenta la Carta Internacional de Turismo Sostenible, debido a que la actividad turística ocasiona el riesgo de daños irreparables en el largo plazo y que ningún dinero podrá reparar.
Otra crítica es que la ley privatiza de manera elitista y discriminadora los servicios turísticos en los bienes inmuebles asociados al Patrimonio Cultural.
Los servicios de hotelería serán únicamente de lujo, con categoría de cuatro estrellas y cuatro tenedores y solo se beneficiará a los grandes capitales privados, sin dar oportunidad a las comunidades campesinas y nativas, excluyéndolas de toda actividad turística en el patrimonio cultural de su propia región.
Con esta ley oficialmente se entrega en concesión privada del patrimonio inmueble, los bienes, las áreas y actividades vinculadas al patrimonio cultural.
En las áreas se incluyen las zonas de amortiguamiento, a las que quita su tratamiento especial, e incluso a las áreas intangibles.
Dichas concesiones serán por 30 años, renovables por un periodo igual.
Asimismo, transforma la competencia exclusiva del INC sobre el patrimonio cultural, en una competencia compartida con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
Este ministerio pasa a conducir el patrimonio cultural del país y su puesta en valor, sumándole al poder que ya dispone al controlar los recursos que provienen del impuesto al turismo.
Establece la prioridad privada en el tratamiento de actividades en torno al patrimonio cultural inmueble, pues quita la exclusividad del Instituto Nacional de Cultura de establecer las actividades de valor turístico, de acuerdo a los planes maestros.
Al priorizar de esta forma la iniciativa privada, privatiza la competencia básica respecto al patrimonio cultural inmueble generando desorden y canibalismo.
La ley establece como criterio principal para entregar concesiones la mayor retribución que ofrezca el concesionario privado. Es decir, subasta el patrimonio cultural al que ofrezca mayor dinero, dejando de lado sus valores sustantivos.
El otorgamiento de las concesiones dependerá de un Comité Evaluador de carácter Ad Honorem, y que sin duda, por esta razón, estará sujeto a presiones económicas.
Igualmente, señala una extraña vigencia de anteriores adjudicaciones de derechos, que puede ser usada por los invasores del patrimonio cultural inmueble.
Una ley que debe ser archivada o corregida
Los cuestionamientos a la ley continúan en muchos aspectos más.
Por ejemplo, que no se haya recabado la opinión del Instituto Nacional de Recursos Naturales ya que tiene injerencia en el patrimonio que se halla sobre áreas naturales protegidas.
Por lo pronto, las bancadas del Partido Nacionalista y Unión por Perú presentaron el 8 de enero dos proyectos de ley que derogan la presente ley en cuestión.
Finalmente, el pueblo del Cusco está alerta a los hechos y anuncia una medida de protesta más contundente.
Además, ahora exige la renuncia de Mercedes Aráoz, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quién se dirigió en un tono considerado insultante al pueblo cusqueño.
Estas declaraciones han sido tomadas por los qosqorunas como una provocación intolerable que no van a dejar pasar.