Hay un refrán que dice: "La vaca no se acuerda de cuando fue ternera". Y éste puede aplicarse al partido aprista que -hoy en el gobierno- ha olvidado sus raíces históricas sindicales y estudiantiles, y ha expedido un paquete de normas que intentan convertir en criminal a quienes participan en acciones de protesta social.
Por tal motivo la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Coordinadora contra la Impunidad vienen recogiendo firmas para que el Tribunal Constitucional declare la Inconstitucionalidad de varios decretos legislativos que criminalizan la protesta social. Publicamos un texto de la campaña.
¡No a la criminalización de la protesta social! ¡Sí a los derechos humanos!
La criminalización de la protesta social se da por la implementación de un modelo económico neoliberal que genera descontento social y que viene siendo implementando desde el gobierno de Fujimori. La criminalización no empieza ahora sino desde el gobierno de Toledo.
El gobierno de Alan García ha demostrado su autoritarismo. Tenemos por ejemplo el intento de instalar la pena de muerte y otros hechos como la muerte de al menos 12 personas por excesos policiales (entre ellos un niño y un empresario), sin ninguna sanción en estos casos; el inducir a solicitar permiso para que las organizaciones puedan manifestarse públicamente restringiendo la libertad de expresión, entre otros.
La última medida fue dada el 22 de julio cuando aprobó los dos decretos legislativos, cuyos artículos violan muchos derechos humanos y criminaliza la protesta social, sancionando el derecho a la manifestación pública, pacífica y libre, pese a que la Constitución ampara el derecho a la sindicalización, etc.
Ante esta violación a los derechos humanos APRODEH, la CGTP, COCANAMI y la Coordinadora contra la impunidad vienen recogiendo firmas para que el Tribunal Constitucional declare la Inconstitucionalidad de estos derechos legislativos por ser lesivos.
¡Necesitamos tu firma por la inconstitucionalidad de estos decretos!
¿Cómo estos decretos violan los derechos humanos?
Decreto Legislativo 982:
- Permite que los policías o militares puedan usar libremente sus armas contra los manifestantes, causar muerte y lesiones y no responder por ello.
- Señala que la persona que marcha es un extorsionador y puede ir a la cárcel hasta por 25 años, violando de esta manera los derechos a la libertad de reunión, expresión y huelga.
- Se podrá sancionar por el delito de extorsión a las autoridades que apoyen huelgas.
Decreto Legislativo 989:
- Una persona puede ser detenida por la policía sin mandato judicial aunque se encuentre leja del lugar de los hechos y haya transcurrido hasta 24 horas, violándose su derecho a la libertad individual, entre otros derechos.
- La policía durante la investigación puede actuar sin la presencia del fiscal y sin que éste pueda evaluar la legalidad de dichas diligencias.
Decreto Legislativo 983:
- Permite utilizar como prueba los juicios ya cerrados en otros procesos nuevos violando el principio constitucional de "cosa juzgada".
- Amplía el plazo de la detención preventiva violando la libertad individual y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Decreto Legislativo 988:
- Una persona detenida puede estar incomunicada hasta por 10 días, cualquiera sea el delito que se le acusa.
Para sumarte a esta campaña puedes acudir y solicitar información en las siguientes direcciones:
- APRODEH: Jr. Pachacutec 980, Jesús María. Teléfono 424-7057 anexo 113I, sitio web: www.aprodeh.org.pe
- CGTP: Plaza 2 de Mayo, puerta 2 y 4. Lima 1. Teléfono: 424-2357, sitio web: www.cgtp.org.pe
- CONACAMI: Av. César Canevaro 1750, Lince. Sitio web: http://www.conacami.org/
- Coordinadora contra la Impunidad: Jr. Zepita 243, oficina 201. Cercado de Lima / Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, Ciudad Universitaria.
Fuente: Conacami