El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresa su profunda preocupación en relación a la posición expresada por el Presidente Alan García en relación a la población indígena del Perú, así como por el proyecto de ley 1770 presentado por el Poder Ejecutivo.
El Presidente García en un artículo publicado en El Comercio califica varias veces a las comunidades nativas y campesinas como "perros del hortelano", por cuanto supuestamente desaprovechan los recursos naturales a su disposición y porque la legislación actual impide a otros aprovecharlos.
Queremos señalar que existen muchas comunidades que llevan a cabo proyectos productivos exitosos en medio de muchas dificultades, entre las cuales destaca la falta de aquellos incentivos que el Estado otorga a actividades mineras y petroleras.
Nos parece totalmente condenable que se pretenda culpabilizar a la población indígena de la pobreza existente en el Perú, puesto que son ellos mismos víctimas de la desigualdad y la falta de atención por parte del Estado, como se aprecia en las carencias en salud, educación y transporte.
En ese contexto, es sumamente peligrosa la presentación del proyecto de ley 1770, que permitiría la reversión de las tierras de las comunidades al Estado y su venta en subasta pública. De esta manera se atenta contra la seguridad jurídica de los indígenas andinos y amazónicos y se abre la posibilidad de fuertes problemas sociales, ambientales y políticos.
El proyecto 1770 vulnera abiertamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por el Perú y a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, impulsada por el propio gobierno peruano.
En ambos documentos se establece la necesidad que la población indígena participe en aquellas decisiones que le afectan, el derecho a la consulta y a la información previa, así como la obligación del Estado de respetar sus tierras y territorios.
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas hace un llamado al Congreso de la República a tener mucha cautela en la discusión del Proyecto 1770 y a tomar en cuenta la posición de las organizaciones indígenas, de los sectores académicos, los gobiernos regionales y locales, antes de aprobar una norma que puede tener consecuencias gravísimas para la supervivencia de millones de indígenas y vulnera el verdadero sentido de una democracia.
15 noviembre de 2007
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas - Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
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