Por Marcos Matías Alonso*

Constituye un hito fundamental que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya generado el consenso internacional para aprobar el pasado 13 de septiembre, por abrumadora mayoría, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con la adopción de este instrumento jurídico, se da respuesta a una demanda histórica de los pueblos indígenas del mundo.

Alcanzar el consenso internacional, demandó un largo proceso de debate, construcción y negociación de acuerdos fundamentales para lograr la adopción de la Declaración. Representantes de los pueblos y organizaciones indígenas de nuestro país, ejercieron su liderazgo con madura diplomacia indígena para sumar voluntades y cristalizar aspiraciones comunes.

Desde ahora, el 13 de septiembre del 2007, será recordado como el día en que el Sistema de las Naciones Unidas y los Estados miembros aprobaron la Declaración, para dejar atrás historias dolorosas que violentaron la armonía, concordia y la convivencia pacífica.

La adopción de la Declaración duró un cuarto de siglo de negociaciones y cabildeos que parecían interminables. Los debates acalorados, las eternas consultas, las arduas y complejas deliberaciones por fin llegaron a su punto culminante. El 13 de septiembre, los pueblos indígenas conquistaron un sueño, pero más gana y ganará la humanidad, por la paz mundial que ello debe significar para las futuras generaciones.

Desde el Poder Legislativo del Congreso de la Unión, recibimos con alto compromiso esta trascendental Declaración, que proporciona un nuevo marco jurídico en la negociación de acuerdos, fortalece las fuentes del derecho internacional y consolida los mecanismos de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En la Declaración se establecen normas mínimas para proteger derechos de los pueblos indígenas, en sus diversas esferas, ámbitos y niveles. A partir del 13 de septiembre, la Declaración, junto con el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se convierten en los principales instrumentos jurídicos internacionales para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.

Entre sus principales contenidos, la Declaración reafirma que los indígenas, tanto a nivel individual como colectivamente, gozan de los derechos reconocidos a nivel internacional. Abarca diversos temas como la identidad, el patrimonio cultural, el conocimiento y la medicina tradicional, la educación indígena, la equidad de género, el derecho al desarrollo, el sistema normativo, la tierra y el territorio, el consentimiento previo, libre e informado, la participación y representación política en el ámbito nacional, los medios de información y comunicación; entre otros aspectos de interés de los pueblos indígenas.

Reconociendo que, en nuestro país, sigue pendiente la deuda histórica con los pueblos indígenas y considerando que la Reforma del Estado abrió una nueva etapa de la discusión en materia indígena; estamos ante una gran oportunidad para que, en el nuevo horizonte democrático por el que transita México, se establezcan y reconozcan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de acuerdo a la legislación internacional vigente.

Tomando en cuenta lo anterior, el pasado 17 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hizo suyo la proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Asuntos Indígenas. La propuesta se puso a consideración al Pleno de la Cámara de Diputados el 18 de septiembre, él cuál fue aprobado con abrumadora mayoría por los parlamentarios. El acuerdo parlamentario señala lo siguiente:

Primero. Se solicita al Ejecutivo Federal, que implemente las acciones correspondientes a fin de que los compromisos adquiridos en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cobren vigencia y sean parte de una nueva política pública de Estado en beneficio de los pueblos indígenas de México.

Segundo. Se solicita a los partidos políticos se comprometan a apoyar en el marco de la Reforma del Estado, las propuestas en materia de reformas constitucionales y en las leyes secundarias, impulsadas por la Comisión de Asuntos Indígenas, a fin de que se armonicen las leyes nacionales con este nuevo instrumento jurídico de carácter internacional.

Tercero. Se solicita a la Cámara de Diputados, se brinden todas las facilidades correspondientes para que se implemente una amplia difusión de esta nueva Declaración de las Naciones Unidas.

En América Latina, después de México, Bolivia ha sido el segundo país en el que los parlamentarios han manifestado su interés en implementar la aplicación de los preceptos de la Declaración, en la legislación nacional de sus respectivos países. En cambio, la posición política de Colombia, que se abstuvo de votar en favor de la Declaración, sorprendió a propios y extraños. Luis Evelis, presidente de la Organización Indígena de Colombia, ha sintetizado la situación: "es una muestra de que al Estado Colombiano le falta voluntad política para materializar los derechos indígenas establecidos en la Constitución y en los distintos convenios internacionales que ha ratificado el mismo Estado".

Sin duda, al examinar y reformar la Constitución en materia indígena, de ahora en adelante, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, será uno de los principales faros para la construcción de consensos. El Sistema de la ONU y sus Estados miembros nos ofrecen nuevos fundamentos jurídicos para armonizar nuestra legislación y reorientar la política pública en México y América Latina.

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* Marcos Matías Alonso es Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del H. Congreso de la Unión. [email protected]