Las organizaciones del pueblo de Ayacucho y la congresista quechuahablante, Juana Huancahuari Páucar, demandaron hoy a la parlamentaria fujimorista Martha Hildebrandt brindar disculpas públicas, por la ofensa y agresión, que expresó en contra de la Congresista María Sumire, durante y luego del debate de la Ley para la preservación y uso de las lenguas originarias del Perú.

De no ser así, procedería aplicarle la máxima sanción por la forma agravada en que se manifestó Martha Hildebrandt contra María Sumire, expresó.

"Ella ha incurrido en actos de discriminación, y lo que simplemente se debe aplicar son las sanciones contempladas en la Ley 28867, contra la discriminación, que contempla entre otras, penas de hasta cuatro años de prisión, más aún considerando el hecho agravado de ser funcionaria pública", afirmó ofendida la parlamentaria ayacuchana.

La Ley 28867, publicada el 9 de agosto, y que modifica el Código Penal, precisa que la discriminación es una acción realizada "con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona".

Las penas han sido elevadas, según los estándares internacionales, a prisión entre dos y tres años, pudiendo llegar hasta cuatro cuando se emplea violencia física o mental o el agente es funcionario público.

"El insulto a los millones de peruanos que emplean idiomas nativos no puede pasar. A nombre de mis hermanos ayacuchanos, del pueblo wari y chanka, me aúno a las adhesiones de desagravio para con la congresista María Sumire", dijo Huancahuari.

La norma citada amplía los motivos por los cuales se comete el ilícito de discriminación, pudiendo ser: "racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier otra índole (cláusula abierta), o condición económica".

Por su parte la congresista cusqueña Hilaria Supa comunicó su rechazo a los múltiples argumentos emitidos en la sesión para no aprobar la norma en cuestión.

"Es falso que el uso del quechua sea un retroceso para el país. El uso del quechua y otras lenguas aborígenes, promueve la interculturalidad, el diálogo entre culturas, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica y la democracia" declaró.

El quechua es parte de un legado conjunto que comprende "idioma, tecnología, agricultura, medicina tradicional" afirmó, en referencia a que en tiempos de globalización se valora parte de nuestra cultura ancestral como Machu Picchu pero no a las personas que forman parte de ese legado.

Hilaria finalmente hizo un llamado a no permitir que la práctica de la discriminación se expanda y profundice. "Amo la paz, promuevo la defensa de los derechos humanos, trabajo para fortalecer la democracia y la gobernabilidad y seguiré luchando por los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas" concluyó.

"Caso Majaz: El Estado tiene la obligación de escuchar y respetar la voz de las comunidades"

Por otro lado, la congresista ayacuchana, Ing. Juana Huancahuari Paucar señaló que tanto la consulta como el consentimiento previo, libre e informado, son derechos que amparan a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades nativas del país.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalan claramente que el Estado debe realizar procedimientos de consulta a los pueblos interesados para determinar si sus intereses pueden ser afectados, enfatizó la parlamentaria.

La Declaración antes señalada fue aprobada el 29 de junio de 2006 por el flamante nuevo Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, mientras que el Convenio 169 fue aprobado el 05 de diciembre de 1993 por el Congreso del Perú.

En tal sentido, Huancahuari lamentó que el Estado no asuma su liderazgo para atender las demandas y necesidades de los pobladores de los distritos de Pacaipampa, Carmen de la Frontera y Tambogrande en la provincia de Ayabaca, Piura.

Dicho comentario lo expresó al aunarse a la consulta vecinal que impulsan estos pobladores agrupados en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, para el 16 de setiembre, sobre la presencia de la minera Majaz en la zona.

La parlamentaria expresó su solidaridad y destacó el esfuerzo de los hermanos del norte por defender su derecho a la consulta a pesar de que son hostigados, amedrentados y hasta amenazados por funcionarios de la minera Majaz, del Jurado Nacional de Elecciones y hasta del mismo gobierno, para que den marcha atrás en su medida.

Al respecto, la congresista Huancahuari recordó el artículo 19 de la Declaración de la ONU que dice: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten.

Aquí están en juego además otros derechos que el Estado está incumpliendo, como el derecho a la participación ciudadana, la autonomía de las comunidades, amparadas en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado así como la autonomía de los gobiernos locales y regionales, refirió la parlamentaria.