El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú denunció la intromisión y la campaña de amedrentamiento iniciada por el gobierno y la empresa Majaz para intentar impedir la consulta vecinal convocada para el 16 de septiembre sobre el proyecto minero Río Blanco. Leamos el comunicado:
Gobierno debe respetar el derecho de opinión y participación
El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, colectivo conformado por las municipalidades, comunidades campesinas, frentes, organizaciones sociales, instituciones y colectivos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén y de los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa, Tambogrande, se dirige a la opinión pública nacional e internacional e internacional para manifestar lo siguiente:
1.Respaldamos la consulta vecinal convocada para el domingo 16 de setiembre del 2007 por los alcaldes de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, pues este es un mecanismo de participación ciudadana legal y legítima, amparado en las competencias municipales y en la normatividad nacional e internacional, que recogerá la opinión de la población. En este sentido, rechazamos las denuncias presentadas contra los alcaldes que la han convocado en sus localidades.
2.Denunciamos la campaña pública de amedrentamiento que viene desarrollando el gobierno nacional conjuntamente con la empresa Minería Majaz S.A. para impedir que la población de los citados distritos pueda opinar de manera libre y voluntaria sobre la realización de una actividad económica que va afectar la planificación del desarrollo concertada, el ordenamiento territorial y el medio ambiente.
3.Advertimos que la propuesta de la empresa minera, busca lograr que su presencia ilegal en las tierras de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancambamba), confirmada por la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Registros Público de Sullana, sea legalizada a través del dinero que ofrece, lo que en realidad se trata de un acto de corrupción pública que el gobierno nacional y el gobierno regional pretenden apañar, además de buscar que la denuncia penal por delito de usurpación presentada por las citadas comunidades campesinas no prospere.
4.Denunciamos el poder y el nivel de ingerencia y coerción que tiene la empresa minera sobre el gobierno nacional, al casi obligarlo a aprobar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues se trata de una condición para que efectúen los desembolsos que han ofrecido públicamente a las comunidades.
5.Rechazamos las mentiras y falta de transparencia que han distinguido a Minería Majaz. Nunca se pronunció sobre la comprobada creación del Distrito minero de Ayabaca y Huamcabama, ni que tiene más de 27 mil hectáreas concesionadas, incluyendo las de Minera Mayarí, que es parte de su mismo grupo económico. Así se ha buscado esconder los daños ambientales, la contaminación de aguas y los problemas de acceso al recurso hídrico que se generarán con ello.
Todo lo anterior hacer ver que se trata de una estrategia montada entre el gobierno nacional y la empresa minera que pretende impedir que la población se pronuncie sobre su futuro, que los gobiernos locales ejerzan sus competencias a través de la convocatoria a la consulta, buscando intimidar a todo aquel ciudadano o institución que defienda derechos fundamentales y que no pretenda poner un precio a su vida o dignidad.
Finalmente, resulta contradictorio que el gobierno nacional denuncie la supuesta ilegalidad de la consulta vecinal y no haya accionado mecanismo alguno frente a la presencia ilegal de la empresa Minera Majaz en los territorios de las comunidades campesinas, facilitando incluso su presencia y operaciones.
San Ignacio, 29 de agosto de 2007
Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú