Boletin La Verdad, 28 de agosto 2007.- El paro más grande de la historia, aseguró la corporación televisiva UNITEL en días previos al 28 de agosto, tratando de convencer a la opinión pública nacional que los opositores al régimen del presidente indígena Evo Morales, son cada vez más y de carácter departamental.

Grandes son los esfuerzos de UNITEL y RED UNO por distorsionar la realidad nacional a fin de mostrar a sus televidentes que el pueblo es víctima del totalitarismo del actual Gobierno. Y no podría ser de otra manera. UNITEL es propiedad de Oswaldo Monasterios, ex senador del MNR y gonista recalcitrante, ganadero latifundista y capitalista agroindustrial. RED UNO es propiedad de Ivo Kuljis, ex candidato vicepresidencial de diferentes partidos, capitalista de las finanzas, la industria papelera y la educación superior privada (Banco Ganadero, Kupel, Unikuljis).

Dos corporaciones televisivas que consideran pueblo a los empresarios, terratenientes, logieros, funcionarios prefecturales y dirigentes cívicos. Que consideran totalitario a un régimen que en nombre de la democracia pasa por alto la sedición, el desacato a la autoridad y la violencia física contra las fuerzas del orden. Democracia que no sólo ha permitido el ejercicio ciudadano de las libertades individuales, sino también el libertinaje de grupos extremistas de derecha, racistas y secesionistas.

Sin embargo, lo que UNITEL y RED UNO no informan, es que detrás del paro de seis supuestos departamentos, se esconden los intereses y privilegios de la clase dominante, conocida popularmente como oligarquía. Privilegios obsequiados a los cívicos y empresarios por el totalitarismo militar en los setentas y ochentas. Tales privilegios elitistas están hoy en riesgo mientras los intelectuales pequeñoburgueses los dan por inexistentes.

Los dirigentes cívicos

El fantasma del comunismo propagado por los Estados Unidos en Latinoamérica, creó las condiciones objetivas y subjetivas para instaurar regímenes militares dictatoriales en la región.

En Bolivia, la nacionalización de la petrolera norteamericana Bolivian Gulf Company en 1969 y el inmediato ascenso de masas bajo la presidencia del General Juan José Torrez, apresuró la decisión estadounidense de propiciar un golpe de Estado con apoyo interno de las fuerzas políticas derechistas pro imperialistas (MNR y FSB) y el empresariado boliviano.

El resultado fue la dictadura militar banzerista iniciada el 21 de agosto de 1971 y apoyada también por fuerzas militares del Brasil. Empresarios y políticos de derecha fueron la quinta columna que facilitó la derrota de las masas esperanzadas en un Estado socialista.

La impopularidad de los militares gobernantes, creó la necesidad de conformar un mecanismo bisagra que articule lo militar con lo civil. En lo rural fue el pacto militar-campesino, y en lo urbanosorpresa: los comités cívicos.

En ese contexto político histórico es que nacieron los comités cívicos, incluso el Pro Santa Cruz, liderados por elementos civiles de clase media y alta afines a los militares. Los comités cívicos se convirtieron en el puente entre los gobiernos de facto y la sociedad civil que rechazaba la suspensión de las garantías constitucionales.

Los grandes empresarios

Fueron los grandes empresarios del país quienes patrocinaron el golpe de Estado de Hugo Banzer Suarez en 1971. En alianza con los movimientistas y falangistas, y sobre todo con el imperio estadounidense, los empresarios criollos promovieron el totalitarismo militar a fin de proteger sus intereses económicos.

Ya en el marco de los gobiernos de facto, el respaldo empresarial al régimen fue retribuido con financiamiento a través de la banca de fomento, y con una fuerte inversión pública en el oriente.

Además de iniciar un silencioso proceso de desnacionalización de los hidrocarburos y minería, el dictador Banzer contrajo la mayor deuda externa con los norteamericanos, a fin de alimentar y enriquecer a los empresarios bolivianos, principalmente cruceños eurodescendientes.

La carretera Cochabamba-Santa Cruz, la Terminal de buses, los ingenios azucareros, y hasta la dotación de latifundios, son algunos ejemplos de cómo el dictador Banzer recompensó a los empresarios cruceños. Por cierto, los millones de pesos bolivianos otorgados por la banca de fomento a lo que hoy llaman media luna, nunca fue devuelto al Estado.

Conservadores y reaccionarios en paro

En el lado de los conservadores está la clase media con sus intelectuales, profesionales, funcionarios públicos municipales, dirigentes sectoriales, periodistas, comunicadores, opinadores y analistas, que temen al cambio porque subjetivamente divisan fantasmas de tipo político, económico, social y hasta cultural. Prefieren que todo siga igual, que nada cambie, porque más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer.

En el lado de los reaccionarios, está la clase media-alta y alta del país. Aquellos propietarios de grandes capitales invertidos en el sector financiero, la industria, la ganadería, la agroindustria, los medios de comunicación y espectáculos, el transporte, las telecomunicaciones, la construcción civil, el comercio, la educación privada y los servicios de salud privados, principalmente.

También están del lado reaccionario, las fuerzas políticas tradicionales, las ordas extremistas y fascistoides, los grupos regionalistas, los comités cívicos, los funcionarios públicos prefecturales y otros grupos menores como la COD cruceña, subordinados a los patrones. Están incluidos también todos los contratistas de las prefecturas que actualmente se benefician directamente con la inversión pública departamental.

Todos los reaccionarios no sólo se oponen al proceso nacional de cambio para conservar sus privilegios, sino para imponer sus intereses particulares, sectoriales y de clase por encima de los intereses populares y nacionales.

Un rosario de privilegios

Tanto conservadores como reaccionarios, temen perder sus privilegios obtenidos en las dictaduras y en el período partidocrático reciente. Posible pérdida de privilegios que los analistas y opinadores de la derecha oligárquica desmienten o minimizan, argumentando que en la Asamblea Constituyente no se incorporan verdaderos cambios. A continuación un listado de los privilegios más importantes:

• Latifundios irregularmente dotados por los gobiernos militares y civiles partidocráticos.
• Fortunas ilícitas provenientes del narcotráfico garciamesista.
• Fortunas malhabidas provenientes de la corrupción, el tráfico de influencias, peculado, malversación de fondos y daño económico al Estado.
• Industrias construidas con fondos públicos canalizados por la banca de fomento, y nunca devueltos al Estado.
• Empresas fortalecidas con las permanentes condonaciones de deudas e impuestos, dictadas por los gobiernos neoliberales de turno.
• Empresas y negocios obtenidos a bajo costo gracias a los procesos privatizadores de los gobiernos neoliberales de turno.
• Medios de comunicación obtenidos ventajosamente y mediante vínculos políticos, de los gobiernos neoliberales de turno.
• Bienes muebles e inmuebles obtenidos merced a la delincuencial administración de la Renta y Aduana en cada gobierno.
• Beneficio directo con la inversión pública, mediante la participación privilegiada en licitaciones de las compras estatales.
• Engorde de propiedades rurales y urbanas gracias a la inversión pública premeditada.
• Dotación preferente de tierra para el ganado, antes que para el ser humano.
• Acceso a cargos públicos merced no sólo a militancia partidaria, sino a la capacidad adquisitiva para comprarlos con aportes a campañas electorales.
• Administración de justicia favorable a los acaudalados y sus intereses económicos y políticos.
• Leyes promulgadas a favor de sectores empresariales.
• Acceso privilegiado a becas de estudio en el extranjero.
• Evasión a la justicia, logrando impunidad en actos dolosos de la función pública y ante responsabilidades civile y penales, además de ejecutivas y administrativas.
• Permanente asistencialismo del Estado para emprendimientos productivos privados.
• Libertad para especular bienes y servicios producidos, en contra de los intereses económicos populares.
• Acceso privilegiado a servicios básicos que las masas periurbanas y población rural no tienen.
• Libertad para mercantilizar la educación y la salud, con la siguiente restricción a las grandes mayorías sin capacidad aquisitiva.
• Libertad para depredar el ecosistema a nombre de explotación forestal y ampliación agrícola-ganadera.

Boicot a la Constituyente

Tanto conservadores como reaccionarios apelan a distractivos argumentos que ante la opinión pública, parecen vitales. Defensa de los dos tercios, autonomías departamentales, capitalidad plena, defensa de la religión, educación superior privada, invariabilidad en símbolos patrios, tenencia de la tierra, reelección presidencial, o estado de derecho.

Sin embargo, más allá de la importancia estructural que puedan tener ciertos temas a la hora de redactar la nueva Constitución Política, está la posición política de la oligarquía nacional frente a la propia Asamblea Constituyente.

Existe el temor en conservadores y reaccionarios, que la nueva Carta Magna defina cambios estructurales que afecten el orden establecido hasta ahora. Y peor aún, que sea el pueblo quien apruebe mayoritariamente con un SI, la nueva Constitución.

Consecuentemente, los sectores sociales (el pueblo) tienen ahora la responsabilidad histórica de cambiar con su voto el rumbo del país. ¿Podrá el pueblo aplastar en las urnas a sus verdugos?

O hacemos caso a lo que dicen las corporaciones televisivas de propiedad de la oligarquía, o hacemos caso al dictado de nuestra conciencia en base a la historia nacional de los últimos 25 años y lo que queremos sobre la Bolivia del futuro que deseamos heredar a las próximas generaciones.

Fuente: Boletín La Verdad, 28 de agosto, N° 7, editado por Josémanuel Ramos Pelaez, correo electrónico: [email protected], Yacuiba, Gran Chaco, Bolivia.