La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI S.C.) cuestionó el proceso actual de reparaciones colectivas a los afectados por la violencia política 1980-2000 porque excluye a numerosos pueblos y comunidades amazónicos afectados.

Mediante un comunicado público ARPI denuncia el desinterés del Consejo de Reparaciones por coordinar con las organizaciones indígenas corriéndose el riesgo "de perder la oportunidad histórica de un real reencuentro y reconciliación social y política entre pueblos peruanos con el gobierno y el estado".

Finalmente, piden a las entidades de derechos humanos y de solidaridad nacional e internacional "acompañar, vigilar y observar el proceso de reparaciones a las víctimas de violencia emprendido actualmente por el Estado".

Pueblos Indígenas frente a la política de reparaciones a las víctimas de la violencia en las décadas de 1980 al 2000

La Asociación Regional de Pueblos Indigena de Selva Central con sigla ARPI SC, organismo oficial de los pueblos: Ashaninka, Nomatsiguenga, Kakinti, Asheninka, Yanesha y Matsiguenga de la familia lingüística Arawak, interlocutor legítimo ante el Estado Peruano y la comunidad internacional, manifestamos:

Entre los años de 1980 y 1990 los pueblos Nomatsiguenga, Ashaninka, Kakinti, Yanesha, Asheninka y Matsiguenga habitantes originarios de los valles de Pangoa, Ene, Apurimac, Tambo, Perené, Gran Pajonal, Puerto Bermúdez, etc. de esta región de la selva central del país, hemos vivido en carne propio la cruda violencia social y política desatada por los elementos de Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y el propio estado, con graves daños irreversibles, condenables e imperdonables, jamás ocurridos en la historia de esta región.

Hubo masacres cruentos de pueblos enteros, caso de Tsiriari y Naylam de Sonomoro- Pangoa, más de 6,500 muertos inocentes entre niños, mujeres y hombres, cientos de huérfanos desamparados, 60 pueblos despoblados y refugiados, madres viudas. Se produjo hambrunas y miserias, mas de 30,000 indígenas afectados de los 70,000 mil personas que somos aproximadamente, la agricultura y la educación fueron paralizadas, y sufrimos otras consecuencias nefastas guardadas en el alma, en la conciencia y en la memoria colectiva de la población sobreviviente, no atendidas hasta la fecha.

El resultado obtenido de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional ha sido insuficiente y superficial en los casos ocurridos en las comunidades de los pueblos Ashaninka y Nomatsiguenga. Careció de coordinaciones y de la participación efectiva de las organizaciones indigenas y se ha actuado de la mano con algunas ONG indigenistas.

Hemos demandado al Estado la ampliación de la investigación y nuestro pedido no ha sido atendido. El Estado ha puesto en marcha el Plan de Reconocimiento y Reparaciones a Pueblos y Personas Víctimas de la Violencia. El ente rector para cumplir esta misión es el Consejo de Reparaciones, creado bajo Ley 26592, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y ha planeado desarrollar un Plan Integral de Reparaciones (PIR) e implementar el Registro Único de Víctimas, presidida por la Dra. Sofía Macher Batanero. El Consejo de Reparaciones ha convocado para el dia 03 del mes de julio en la ciudad de Satipo, de este año a las comunidades nativas afectadas por la violencia a fin de informar y consultar respecto a sus demandas y recoger las prioridades.

A la fecha, la actuación de este organismo del Estado ha mostrado un comportamiento y actitud de desinterés por coordinar, consultar y participar a las organizaciones legítimas de los Pueblos Indígenas que representa a los pueblos y comunidades víctimas de la violencia, tal como lo tipifica el Convenio 169-OIT. Los riesgos que alertamos son:

• La exclusión a las organizaciones indígenas legítimas en este proceso.
• Manipulación y utilización política de las reparaciones.
• Ausencia de transparencia en su accionar.
• Invisibilización de las víctimas reales.
• Inequidad e injusta distribución de beneficios.
• Corrupción de funcionarios
• Sentimiento de frustración e incertidumbre de la población afectada.

Además se corre el riesgo de perder la oportunidad histórica de un real reencuentro y reconciliación social y política entre pueblos peruanos con el gobierno y el estado.

Las demandas básicas son:

1.Disculpa Pública del Gobierno y Estado Peruano a los Pueblos Indígenas víctimas de la violencia.

2.Reconocimiento de forma inevitable a los Pueblos Indígenas como sujeto de derechos humanos y derechos colectivos.

3.Respeto y protección de los derechos indigenas conforme a la Constitución Política del Estado y los tratados Internacionales como es el caso del Convenio 169 OIT.

4.Mantenemos la demanda de que se amplíe y se profundice la investigación del Caso de la Verdad ocurrido en las comunidades de los pueblos Ashaninka y Nomatsiguenga del valle de rio Ene, Pangoa, Tambo, Perene, Gran Pajonal y Apurimac, entre los años 1980 y 2000.

5.Participación efectiva en toda las etapas de desarrollo de las reparaciones a las víctimas de violencia, reconociendo a las organizaciones indígenas como los interlocutores válidos y legítimos para este proceso.

6.Que el Plan Integral de Reparaciones (PIR) incluya el Plan de Acción prioritario para la Solución de Problemas de las Comunidades Nativas, D.S. 015- PCM 2001.

7.Implementar una alianza multisectorial, programas y proyectos del gobierno para complementar la atención a las víctimas.

8.La exoneración del cobro por parte de Ministerio de Transporte y Comunicaciones por uso de Radiofonía de las comunidades nativas utilizado de forma pública en época de la violencia que han sido entregados por la Comisión de Emergencia Ashaninka (CEA).

9.La restitución del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) en el mismo rango de Ley de creación.

Apelamos a las autoridades competentes del Estado, principalmente a los responsables del Consejo de Reparaciones su compromiso cabal en este tema por ser de alta vulnerabilidad y sensibilidad social, y se tomen en cuenta los planteamientos formulados por ser justos.

Nos reafirmamos las organizaciones de los pueblos indígenas de mantenernos firmes en la defensa del irrestricto respeto de los derechos indigenas evitando ser vulnerados en el accionar del Estado. Y pedimos a las entidades de derechos humanos y de solidaridad nacional e internacional su compromiso de acompañar, vigilar y observar el proceso de reparaciones a las víctimas de violencia emprendido actualmente por el Estado peruano.

Satipo, 02 de julio de 2007

Consejo Directivo de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI S.C.)

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