Por Giancarlo Zamudio Torres

Ideeleradio.- Áncash, Cajamarca, Piura, Pasco, Moquegua, Puno y Cusco son sólo algunas de las principales regiones del país, donde las actividades extractivas producen una serie de conflictos entre las poblaciones y las empresas privadas. Situación que mayormente se refleja en la desconfianza de la población hacia el Estado, por la falta de una autoridad ambiental autónoma que regule la coexistencia de las personas y las inversiones mineras.

Tras este panorama, Carlos Alza, adjunto para los Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo sostiene que la debilidad institucional en materia ambiental que atraviesa el país, se podría revertir con la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, que organice las políticas nacionales en este ámbito.

La Defensoría del Pueblo propone una reforma integral de la institucionalidad ambiental que no pasa sólo por algunas fusiones, sino también por una autoridad de peso político con independencia, recursos financieros, técnicos, que tengan la labor de supervisión, fiscalización y sanción. Esto puede ser un Ministerio del Medio Ambiente, una Superintendencia del Medio Ambiente o podrían ser ambas. Esta autoridad ambiental se podría encargar de aprobar los estudios de impacto ambiental y los Planes de Manejo Ambiental (PAMA), para poder separar y no generar una complicación al momento de decidir la promoción de la inversión en el Ministerio (Energía y Minas). Lo que hay ahora es un modelo sectorializado de la gestión ambiental. Esto nos lleva a una distracción que reduce la visibilidad y el peso político, resaltó.

Alza afirma además que la percepción de los ciudadanos ante esta situación, es de un Estado desesperado por promover la inversión, pero distraído en la protección del medio ambiente.

Para Maria Elena Foronda, representante de las redes ambientales del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), esta institución no tiene la capacidad de solucionar los conflictos socioambientales, pues no posee una autonomía política, debido a que depende de la voluntad que ejerza la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que se mostró a favor del accionar de una autoridad independiente.

Hay un divorcio muy grande entre la propuesta de gestión ambiental que desde el Consejo Nacional del Ambiente se viene tratando de implementar en el Perú, a través de la creación de los sistemas nacionales de gestión ambiental, los estándares de calidad, límites máximos permisibles y una frondosa legislación ambiental, y la realidad. En este gobierno lo que se está reforzando es más un proceso de crecimiento económico, dejando de lado la variable ambiental y una prueba de lo que estoy diciendo son los cerca de seis derrames que han ocurrido en menos de diez meses en el Proyecto Camisea y frente a eso, no ha habido una actuación sancionadora. El CONAM propone, pero los ministros si quieren le hacen caso y si quieren no le hacen caso, señaló.

La también miembro del Instituto Ecologista Natura afirmó que el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minas (Osinergmin), monitorea los impactos ambientales, pero no resuelve el problema, pues a la fecha son trece los departamentos que se encuentran en estado crítico debido a la presencia de pasivos ambientales.

Ante esta situación, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, mostró su desacuerdo con la posibilidad de crear una autoridad ambiental autónoma, pues dijo que la propuesta del gobierno es que los organismos públicos ya existentes, se mejoren.

Actualmente hay autoridades, está el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) e INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) que defienden el interés del Estado y de todos los peruanos. Los organismos hay que mejorarlos, porque creando nuevos no se resuelven necesariamente las cosas, manifestó el premier.

Pero para Jesús Coronel, presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, zona donde se registra un alto nivel de explotación minera, sí es indispensable una autoridad autónoma que se encargue de la elaboración de los estudios de impacto ambiental, pues cada vez son más los conflictos sociales que se registran debido a esta problemática.

En el Perú, como se está desarrollando masivamente la minería, deberíamos tener una autoridad autónoma, financiada estrictamente por el Estado o por recursos canalizados por el Estado a la Cooperación Internacional, para que se pueda tener un comportamiento netamente técnico y científico en el estudio de los impactos ambientales. En todo el territorio nacional es posible realizar la minería, siempre y cuando se actúe con responsabilidad social y se hagan las inversiones necesarias para mitigar los pasivos ambientales. Son problemas de promesas, de compromisos firmados en actas que no se cumplen y en las expectativas que las comunidades tienen sobre la actividad minera, como el tema del agua, sus canales y otros factores, dijo.

José De Echave, director de CooperAcción sostiene que el marco legal que controla el tema ambiental en el país ha fracasado, pues se están creando las condiciones para nuevos conflictos socioambientales, tal como ocurre en la ejecución del proyecto Río Blanco a cargo de la Minera Majaz, el cual representa un potencial peligro medioambiental, que se refleja a nivel nacional, en la desconfianza de la población ante los estudios ambientales.

En cerca de quince años de puesta en marcha de estos estudios de impacto ambiental, prácticamente ningún proyecto de mediana o gran envergadura ha sido desaprobado. Lo que indica que estos mecanismos no han sido los filtros adecuados para que estos proyectos se den con todas las regulaciones adecuadas. Preocupa que el gobierno no esté en la disposición de realizar los cambios que se necesitan; en segundo lugar no se reconoce que la gestión ambiental que ha tenido el país ha fracasado. El ministerio (Energía y Minas) es el que tiene la responsabilidad, de insistir en el mismo camino, no solamente no escuchando a los expertos, sino también lo que está pasando en la gran mayoría de países que han optado por crear autoridades ambientales independientes, que puedan darle esta visión transectorial que es lo que se necesita, aseguró.

De Echave mostró además su desazón por la negativa del premier sobre esta alternativa, que aseguró permitiría un equilibrio entre los derechos de las personas y la inversión privada.

Para Carlos Chirinos, director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el país vive la ausencia de una política orientada al desarrollo sostenible, por lo que aseguró es necesario que en el corto plazo, el Congreso y el Consejo Nacional del Ambiente promuevan una dinámica de revisión y renovación, de la actual autoridad ambiental.

Asimismo dejo en claro, que la autoridad independiente deberá estar orientada al interés común y no a los intereses del empresariado, ni de los políticos.

La autoridad ambiental tiene que aprobar los estudios de impacto ambiental, dictar los estándares de calidad ambiental, tienen que tener capacidad de fiscalización a nivel nacional y regional, tener capacidad de sanción, iniciativa para el inicio de acciones legales frente a acciones que atenten contra el medio ambiente. Tiene que haber una Procuraduría Ambiental y sobre todo capacidad de gestión del Ministerio Público. Parte del reto de esta autoridad, es la coordinación con los órganos regionales y la implementación de un sistema de gestión ambiental, que permita la toma de decisiones a nivel de gobiernos regionales, refirió.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el año 2004 se han reportado más de 30 casos de conflictos socioambientales, de los cuales hoy, más de 10 están latentes. Es necesario que el Estado evalúe seriamente esta propuesta, adopte medidas que impulsen su cercanía con los ciudadanos y obligue a todas las empresas extractivas a asumir su responsabilidad social, pues de lo contrario la desconfianza de la población ante los estudios ambientales crecerá y los conflictos podrían desbordarse.

Fuente: Información enviada por César La Serna Venegas, Comunicación e Incidencia Pública de Noticias Aliadas

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