Una serie de hechos producidos en las últimas semanas de febrero y las primeras de marzo confirman el interés del Comando Sur de EEUU por inducir una nueva ola de "militarización" de algunas regiones grises como el fronterizo río Putumayo, la zona del Chocó colombiano, el Valle del Río Apurímac en el Perú, o la propia costa del Pacífico, a propósito de la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo.
Los recientes planes de la Casa Blanca de aumentar el despliegue militar en Irak, pese a que sólo 35 por ciento de los estadounidenses aprueban el manejo de la guerra por parte del presidente George W. Bush, muestran su escasa flexibilidad para reconocer y corregir errores.
Algo similar ocurre en América Latina, donde EEUU ha perdido iniciativa en asuntos políticos regionales. ¿Cuál es su idea para América Latina y los Andes en estos últimos dos años de gestión republicana del presidente Bush? La reciente visita de Bush a varios países de la región nos da algunas señales interesantes.
Por un lado, muestra el claro apoyo de Bush a la gestión del presidente colombiano Álvaro Uribe, especialmente en su política de "seguridad democrática".
Ello ha garantizado a las fuerzas armadas y policiales de ese país la continuidad política y financiera del Plan Colombia, a pesar del reciente escándalo de la "para política" -vínculos de paramilitares con políticos-, que ha afectado el aparato mismo del Estado colombiano.
Pero además, Washington viene expresando su interés por la agenda peruana en materia de seguridad y defensa, luego de las recientes iniciativas militares adoptadas para la frontera amazónica con Colombia, en el Valle del Río Apurímac y Ene -zona conocida como VRAE- donde construye su tejido social el dirigente cocalero Nelson Palomino, así como en la zona del Alto Huallaga donde prevalecen las parlamentarias Nancy Obregón y Elsa Malpartida.
En las últimas semanas, las zonas cocaleras peruanas muestran una creciente efervescencia social y de afectación del orden público. Otro caso sensible es el que corresponde al denominado "Plan Putumayo" -que consiste en incrementar la presencia policial, militar y del Estado en esta remota región- anunciado también por el Ministerio de Defensa, a ser implementado en la frontera fluvial compartida con Brasil y Colombia.
Pero por el otro lado, la visita de Bush a Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México entre el 8 y el 14 de marzo puede ser un intento de responder al desbalance generado en los últimos tiempos por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Fidel Castro, de Cuba, y Evo Morales, de Bolivia. Ello explica, por ejemplo, las duras críticas hechas por el Departamento de Estado de EEUU en su informe 2007 a la gestión antidroga del gobierno de Chávez, en un tímido intento de neutralizar su evidente influencia regional. Aunque lo quisiera el Comando Sur, ya no puede desplegarse como antes en territorio boliviano, a menos que sea de forma encubierta.
Ante las primeras señales políticas que se levantan desde el nuevo gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa, solamente queda el gobierno peruano como el otro aliado estratégico de Bush en los Andes. En estas circunstancias, el rol que juega el gobierno peruano de Alan García como aliado absoluto en materia de drogas y seguridad es de gran importancia para volver a balancearle las cosas a Washington, en una región tan impredecible como la andina.
La opción peruana post-Manta
Los hechos que se describen a continuación no son casuales. Primero fueron las declaraciones del presidente García en diciembre, al recibir la ultima fragata comprada a Italia. Planteó que se abriría un nuevo frente en la Amazonia y se otorgarían nuevas misiones al Servicio Industrial de la Marina (SIMA). Más adelante vinieron los anuncios sobre "Plan Putumayo" y "Plan Costa Norte" que constituyen nuevas misiones de las fuerzas armadas peruanas.
¿Se trata acaso de un reingreso de los militares a la lucha antidrogas? O, adicionalmente, ¿se involucran en la lucha contra el contrabando, el tráfico de inmigrantes? Parece el seguimiento del nuevo recetario de las nuevas amenazas que afronta la seguridad regional.
Luego tenemos una lectura de la posición más institucional, como lo muestran los artículos en el diario Expreso del almirante retirado Alfredo Palacios Dongo, quien se pronuncia sobre la necesidad de hacer interdicción marítima en nuestras costas.
Particularmente cobra importancia el eje Tarapoto (Alto Huallaga)-Paita (Piura), que permite un intenso tráfico de cocaína hacia el norte de la región. Otro factor coincidente que refleja el intento de expansión militar en la lucha antidrogas.
En el camino se confirma la importante disminución de la cooperación económica estadounidense al Perú solicitada al Congreso para el año fiscal 2008. Adicionalmente se presenta el informe antinarcóticos del Departamento de Estado, en la que se vuelve a criticar a los países andinos por su gestión antidrogas.
Pero si en drogas las cosas van mal, en el ámbito de la defensa no ocurre lo mismo.
Así, se produjo en el mes de febrero la visita a Lima del jefe del Comando Sur de EEUU, almirante James Stavridis.
Se produjeron conversaciones de alto nivel con autoridades peruanas. Se menciona que Stavridis habría hecho la consulta para pedir la concesión de la base aérea de Piura, en el norteño departamento de Piura, donde actualmente se encuentran los Su-25 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La idea es poner la base en uso exclusivo del Comando Sur, para su labor de monitoreo de lo que ocurre en el Hemisferio Occidental.
Inicialmente se habría producido una primera reacción de interés por parte del ministro de Defensa Allan Wagner, lo cual abre las puertas para suscribir un convenio de largo plazo, con garantías que pudieran afectar la soberanía nacional. Desde el punto de vista del Comando Sur, responde a la necesidad de encontrar un lugar adecuado para poder reemplazar las instalaciones de la base aérea de Manta, en Ecuador.
Como se recuerda, ésta regresará completamente al control ecuatoriano en 2009, tal como lo anunció el presidente Correa con motivo de un evento realizado a comienzos de marzo en Quito sobre Bases Militares de EEUU. Este evento congregó a cientos de activistas de distintas regiones del mundo en contra de los procesos de instalación de dispositivos militares en el exterior.
En el camino se produjeron los ejercicios militares "Halcón Cóndor" entre EEUU y el Perú, en la ciudad norteña de Chiclayo, con participación de las aeronaves estadounidenses F-16 y B-1, y de aparatos de la FAP.
También se produjeron las declaraciones de vicepresidente peruano Luis Giampietri a favor de un crédito externo para financiar adquisiciones, lo cual fue saludado por Wagner. ¿Acaso se puede venir una compra de lotes de los F-16 que pronto serán reemplazados en EEUU?
El objetivo de Wagner es recuperar control territorial y poner operativas a las fuerzas armadas dándoles capacidad de "respuesta esencial".
Según fuentes del sector Defensa, este equipamiento militar, denominado Núcleo Básico Eficaz, llegaría hasta US$ 650 millones, y se compondría de:
i) incremento de sistemas antitanques,
ii) defensa aérea,
iii) recuperación de aviones de combate,
iv) fuerzas especiales,
v) comando unificado, y
vi) sistemas de comunicaciones.
Esto ocurre mientras se amplía el espectro de actuación militar particularmente en el VRAE, donde ocurren hechos como el de Huachocolpa, Huancavelica, en el que enfrentamientos entre miembros del Ejército y presuntos subversivos terminaron con muertes y heridos en forma muy sospechosa, que muestran los problemas de falta de reglas claras de combate en las FFAA peruanas.
El 23 de marzo se amplió el Estado de Emergencia en varias provincias del sur, continuando con una política "tradicional" de recurrir a los estados de excepción en estas zonas del Perú. Finalmente, la semana del 26 de marzo se realizó el viaje a Washington del canciller Wagner, en compañía de oficiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que estaba prevista una reunión con el secretario de Defensa Robert Gates.
¿Qué lecciones se derivan de la experiencia de Manta? Se produce una pérdida de soberanía, se facilita la intervención en el conflicto armado colombiano, se producen incidentes como el hundimiento de embarcaciones ecuatorianas, y se acrecienta el problema por las fumigaciones colombianas en la frontera.
Todos los hechos analizados convergen en mostrar un interés inusitado por parte del Departamento de Defensa y el gobierno de EEUU, a través del Grupo Consultivo de la Embajada en Lima, en estrechar las relaciones con las fuerzas armadas peruanas.
A éstas les costará hacer el cambio porque no se encuentran preparadas para asumir nuevos roles. Tampoco es bueno que mezclen funciones y misiones con los nuevos objetivos estratégicos de EEUU. Menos aun que se confunda la actual Guerra contra las Drogas que se libra en los Andes, con la Guerra contra el Terror que se libra en el Medio Oriente.
*Abogado, M.A. en Política Internacional y Seguridad. Consultor en Seguridad, Drogas y Amazonia.