Por Jorge Agurto

30 de abril, 2007.- Hace unos días Daniel Saba de Andrea, Presidente de Perupetro SA, declaró en el canal de televisión del estado que los denominados pueblos indígenas en aislamiento voluntario o no contactados no existen porque "nadie los ha contactado". Con esta actitud el funcionario pretende sacar el debate sobre dichos pueblos del marco de los derechos de protección para trasladarlo al campo del cinismo.

Desde años atrás el tema de los pueblos aislados y en contacto inicial está de algún modo presente en la agenda de varias dependencias públicas principalmente por acción de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus organizaciones afiliadas.

El año 2001 la protección de los pueblos en aislamiento constituyó uno de los ocho capítulos del Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios a favor de las Comunidades Nativas que se elaboró al auspicio de la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas creada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

El plan fue publicado como separata especial en el diario oficial El Peruano el 30 de junio de 2001 y presentado públicamente por dos ministros de estado. En éste plan se definen como objetivos: a) establecer el régimen jurídico especial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, b) garantizar la conectividad del territorio de estos pueblos conformando un corredor ecológico cultural, y c) protegerlos de cualquier intrusión no autorizada en sus territorios de personas ajenas a ellas.

El año 2000 la Defensoría del Pueblo publicó el documento de trabajo: Tras las Huellas de Un Antiguo Presente. La problemática de los pueblos indígenas amazónicos y en contacto inicial. Recomendaciones para su superviviencia y bienestar escrito por Alonso Zarzar.

En ese texto se recomienda el diálogo entre el estado y la sociedad civil para debatir políticas específicas para estas poblaciones. Zarzar sugiere una comisión que elabore lineamientos de un programa de acción multisectorial orientado a formular una política nacional sobre los pueblos aislados y en contacto inicial.

En enero de 2006 la Defensoría del Pueblo publicó el informe 101: Pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, donde concluye que

"la etapa de exploración [de hidrocarburos] es la que genera mayor riesgo de contacto con los pueblos indígenas en situación de aislamiento, debido a la alta movilidad de los equipos utilizados para la sísmica que se introducen en los bosques, incluyendo muchas veces las partes altas de las cuencas de los ríos" (Conclusión Ocho).

En mayo de 2006 el Congreso de la República aprobó la ley Nº 28736 sobre Pueblos en Aislamiento Voluntario con el objeto de

"establecer el régimen especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud salvaguardando su existencia e integridad".

En noviembre de 2006 se realizó el Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial de la Región Amazónica y el Gran Chaco en seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y del Programa de Acción del Segundo Decenio Internacional para los Pueblos Indígenas.

El seminario fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presentará un informe en la sexta sesión del Foro Permanente que se realizará del 14 al 25 de mayo próximo.

El pasado miércoles 18 de abril de 2007 el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó la política pública que orientará las acciones del Estado ecuatoriano en relación a los pueblos indígenas aislados de la amazonía que se desplazan por una extensa región del nororiente de la amazonía ecuatoriana.

En dicha política se definen principios como el de Intangibilidad, Autodeterminación, Reparación, Pro homine, No contacto, Diversidad cultural, Precaución, Igualdad y Respeto a la dignidad humana, que orientan las siguientes líneas estratégicas de acción: 1) Consolidar y potenciar el principio de intangibilidad, b) Asegurar la existencia e integridad física, cultural y territorial de estos pueblos, c) Equilibrar la presencia de actores externos en sus zonas de influencia y d) Detener las amenazas externas.

Además, el gobierno ecuatoriano ha propuesto no explotar el crudo del campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), el más grande del país en la reserva Yasuní, a cambio de recibir una compensación económica de los países industrializados por esta acción de conservación. Esta propuesta ha sido saludada positivamente por organizaciones ecologistas debido a que los países industrializados tienen la obligación de adoptar y apoyar este tipo de medidas para evitar que haya más petróleo en la atmósfera que afecte al cambio climático.

Estos son algunos antecedentes y el contexto en que se producen las declaraciones de Daniel Saba, ex candidato al Congreso por la lista de Ollanta Humala y que fue objetado por no haber renunciado a tiempo al partido Acción Popular.

Fue elegido el 24 de agosto de 2006 por el gobierno del APRA como Presidente del Directorio de Perupetro SA y en marzo de este año anunció en una gira en Londres que el Perú firmaría 25 contratos de exploración de hidrocarburos con lo cual superará el récord de 16 acuerdos suscritos el 2006.

Es muy preocupante y peligroso que un funcionario que representa el estado en materia de promoción de la inversión en hidrocarburos desconozca la política de estado que reconoce la existencia de los pueblos aislados y que con el único afán de alentar la inversión en hidrocarburos se exprese con tanta irresponsabilidad de manera pública.

Como señala Claudia Cisneros en un artículo publicado en el diario La República: "La tragedia está (...) en que una persona de sus 'capacidades' muestre tal ignorancia o peor, pretenda ignorancia para seguir entregando lotes ilegalmente, en perjuicio de quienes por ley y moral tienen derecho a que su vida no sea puesta en riesgo".

"Mientras Perupetro espera captar US$ 1,000 millones de inversión este año por 82 contratos de exploración/explotación, los sin voz, solo esperan seguir teniendo el mismo derecho a vivir que cualquiera. Los No-Contactados existen aunque el Sr. Saba, en su mundo ideal, quiera negarlos para seguir entregando concesiones" concluye Cisneros.

Los congresistas de la república deben solicitar de inmediato al Poder Ejecutivo un pedido de información para saber si las declaraciones del señor Saba constituyen una nueva política de estado que desconoce la existencia de los pueblos aislados -en abierta contradicción con la Ley 28736- o incluir en la estación de preguntas una interrogación al poder ejecurtivo en el mismo sentido.

Las declaraciones de Daniel Saba de Andrea no podemos pasarlas fácilmente por alto. No solo agrede y cuestiona los informes de la Defensoría del Pueblo sino que obsesionado por vender lo más rápido los recursos de gas y petróleo no renovables del país ahora quiere desaparecer de la realidad a los pueblos más vulnerables del país.