Escobar, Telám, 27 de abril 2007.- Un seminario de caciques y abogados indigenistas de todo el país, realizado en la ciudad bonaerense de Escobar, reclamó hoy que se cumpla la ley 26.160 que frena desalojos de tierras ocupadas por comunidades originarias. La norma aludida también ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los tierras en manos de comunidades de los pueblos originarios en todo el territorio nacional.

Durante tres días, los asistentes discutieron en cuatro grupos la legislación vigente en la Argentina y los alcances de la ley sancionada en noviembre del año pasado y cuyo decreto reglamentario está a la firma del presidente Néstor Kirchner.

La Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del mapuche Jorge Nahuel, convocó referentes de todo el país, unos pocos abogados que defienden causas concretas en las provincias y al jurista vasco experto en derechos humanos y de los indígenas Mikel Berraondo.

El abogado vasco hizo hincapié en la "Constitución de avanzada" que hay en la Argentina que adhiere a 12 tratados internacionales de defensa de derechos humanos, por lo que relativizó las posibilidades que la ley 26.160 pueda burlar las aspiraciones de los indígenas.

En ese sentido, y en coincidencia con el punto de vista de otros abogados presentes, Berraondo aconsejó a los líderes de las comunidades realizar un ejercicio de autodeterminación: "Hagan su propio relevamiento de territorios y publíquenlo en Internet".

Para sustentar esta afirmación, el vasco dio ejemplos como el caso de los sarayaku de Ecuador, que al igual que sus vecinos los u'wa de Colombia impiden a petroleras como la estadounidense Oxy o la española Repsol-YPF sacar petróleo de sus tierras.

Los discursos alcanzaron alto voltaje por parte de líderes locales acostumbrados a batallas en defensa de las tierras que ocupan y los territorios que reclaman, como el caso de los kollas de Tinkunaku, que venían de Salta tras acordar con las autoridades provinciales un título único por 70 mil hectáreas cerca de Orán.

Durante el plenario se escucharon historias lacerantes como la del pueblo mocoví, ocupante ancestral del norte santafesino y buena parte del Chaco, actualmente con apenas 7.500 hectáreas para unos 10 mil habitantes, muchos de los cuales viven en casas de nylon a los costados de las rutas chaqueñas y son conocidos como "ruteros". Por eso, para el mocoví chaqueño Florencio Ruiz, sonaba abstracto el debate por el acceso a los recursos naturales que otros pueblos se daban.

"¿De qué ríos me hablan? ¿Qué territorios vamos a demarcar nosotros? ¿No debería haber una ley para que no vendan más las tierras fiscales?", se preguntó Ruiz en medio de un silencio mayor que el habitual. En un comunicado, los asistentes coincidieron en que "sin territorio no hay espiritualidad", piedra basal de la cosmovisión indígena que tiene por fundamento una relación sagrada con la naturaleza y los recursos que provee.

Eduardo Nieva, más diaguita que jurista y de reciente actuación en un desalojo violento en Tafí del Valle, en Tucumán, dijo que el derecho indígena está en las comunidades más que en el propio corpus legal al afirmar, rotundo, que "nosotros vamos a seguir estando".

Fuente: Recibido por cortesía de Prensa Indígena