- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe petitorio de caso exigiendo medidas de carácter urgente para detener grave contaminación.

- Niños de La Oroya son los más afectados y respiran niveles de dióxido de azufre que exceden hasta en 300 veces los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un conjunto de instituciones protectoras de los derechos humanos y el ambiente informaron el miércoles 21 en conferencia de prensa la presentación de un petitorio de caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de derechos humanos por el Estado del Perú.

Carlos Chirinos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) sustentaron la petición en virtud de la falta de acción, las constantes omisiones y falta de control del complejo metalúrgico que opera en La Oroya por parte del Estado Peruano.

Dicha situación vulnera y atropella diariamente los derechos humanos -incluyendo los derechos a la vida, la salud y la integridad- de los pobladores de esa ciudad, principalmente de niños y madres gestantes.

Astrid Puentes, directora legal de AIDA dijo el Estado no ha cumplido con las exigencias del Tribunal Constitucional que dispuso tomar acciones inmediatas para mejorar la salud de los pobladores de La Oroya. Puentes confía en que la CIDH admita la denuncia en poco tiempo para que se inicie el proceso.

Puente dijo que la CIDH solicitó información sobre el caso hasta en cuatro oportunidades, lo cual es un indicio de preocupación por el tema.

En la ciudad de La Oroya, ubicada a 175 km de la ciudad de Lima, ha venido funcionando desde hace más de 80 años, un complejo metalúrgico que actualmente es propiedad de Doe Run Perú, subsidiaria de Doe Run Company de Missouri.

Recientes monitoreos de calidad de aire, realizados por la empresa Doe Run, muestran que los promedios diarios de dióxido de azufre exceden entre 80 y 300 veces los límites máximos permisibles que establece la OMS. Esta situación hace La Oroya una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El petitorio pretende que la CIDH recomiende al Estado Peruano la implementación de medidas cautelares de carácter urgente para detener las graves vulneraciones que afectan principalmente la salud de los ciudadanos de La Oroya, especialmente los niños.

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Resumen ejecutivo del caso La Oroya

A) Datos generales de la Oroya

La Oroya se encuentra ubicada a 3750 msnm en la cuenca alta del río Mantaro, provincia de Yauli, Departamento de Junín, a 176 km al este de Lima. Tiene una población de 33,043 habitantes. En esta zona se ubica el Complejo Metalúrgico de La Oroya, que es administrada por la empresa norteamericana Doe Run Perú. (Anteriormente La Cerro de Pasco Cooper Corporation, luego Centromin Perú). Por esta actividad hay una fuerte contaminación.

B) Minera Doe Run

Doe Run Perú es una compañía que se dedica a la extracción, fabricación y reutilización de metales. El Complejo Metalúrgico de la Oroya procesa aproximadamente 600.000 toneladas métricas de concentrados de los cuales 450.000 son polimetálicos con contenidos de metales preciosos y 150.000 son concentrados de zinc. Con éstos produce 11 metales y 8 subproductos, siendo los principales plomo, zinc, cobre, plata y oro. La utilización de grandes hornos implica un problema medio ambiental con las emanaciones de gases que contienen principalmente oxido de azufre y entre otros derivados.

Doe Run Perú es una empresa en proceso de adecuación ambiental desde 1997. En diciembre de 1998, Doe Run Perú solicitó la modificatoria de su PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), la misma que fue aprobada en Octubre de 1999, incrementándose sus inversiones de 107 a 168 millones de dólares. Desde octubre de 1997, Doe Run Perú viene ejecutando los proyectos PAMA de acuerdo al cronograma establecido. En 1999 se inició un Programa de Mitigación y Control del impacto de las emisiones gaseosas y material particulado. Además, se han establecido varios Programas de Forestación y mejora de la jardinería en las diversas áreas verdes.

C) Consecuencias de la actividad Minera

La contaminación es causada por el Complejo Metalúrgico, que emite elevados índices de plomo, arsénico, cadmio, y dióxido de azufre. El Estado peruano ha comprobado que más de un 99% de los niños que viven cerca al complejo sufren de intoxicación de plomo. El complejo genera el 99, 7% de la emisión de contaminantes al aire. Las efectos de estos son: deterioro irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer; daños en el sistema reproductivo, en el desarrollo y en órganos vitales. Los principales afectados son los niños menores de 6 años (cambios de conducta y en la actividad cerebral, agotamiento, etc.) y las madres gestantes. Asimismo hay un hostigamiento a las personas que denuncian la contaminación minera.

D) Responsabilidad del Estado

El Estado Peruano conoce los estudios y los efectos de la contaminación en la zona. El Estado ha incumplido las obligaciones de control de la actividad metalúrgica; de protección de la salud de las personas; y la sentencia del Tribunal Constitucional que exigía medidas de protección necesarias. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó en parte la solicitud de Doe Run para ampliar el plazo de su Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) hasta octubre del 2009. Este PAMA vencía de diciembre de 2006.

E) Acciones realizadas

En el caso de La Oroya se interpusieron y agotaron los recursos internos disponibles, sin que se resuelvan las violaciones a los derechos humanos. El 6 de diciembre de 2002 las organizaciones Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, CEDHA y el abogado peruano Carlos Chirinos, realizan una acción de cumplimiento contra el Estado peruano (MINSA y DIGESA) para proteger los derechos a la salud de los demandantes y la población de la Oroya. La demanda duró 3 años. Luego de 2 años el TC resolvió un recurso de agravio constitucional y sentenció en el 2006 que las autoridades de salud: decreten Estado de Emergencia de Salud Pública; Estado de alerta (identificar situaciones graves, informar a la población, mitigar efectos de contaminación; y elaborar programa de vigilancia epidemiológica y ambiental).

Debido a la gravedad del caso, el 21 de Noviembre de 2005 las organizaciones Earthjustice, CEDHA y AIDA, junto con Carlos Chirinos, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre de un grupo de personas en La Oroya. Se solicitó:

• Proveer diagnóstico y atención médica adecuados al grupo de personas mencionados en la solicitud y a los habitantes de La Oroya.
• Programas de educación y salud independientes y objetivos;
• Asegurar una apropiada evaluación y seguimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico;
• Controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo;
• Proteger a las personas que trabajan por la salud y el ambiente en la ciudad.

La CIDH ha solicitado información al Estado dos veces (en diciembre, 2005 y agosto, 2006). El 8 de marzo de 2006 las organizaciones antes mencionadas tuvieron una reunión de trabajo en Washington, EEUU, con la CIDH y el Estado, en la cual se actualizó la información. Se enfatizó en determinar por qué las acciones que el Estado argumentó como eficientes (Convenio, modificación al PAMA, acuerdos) no han mejorado la situación en la ciudad.

Asimismo, en mayo, agosto y septiembre de 2006, enviaron información actualizada del caso a la Comisión, reiterando la necesidad de las medidas. Por su parte las organizaciones están en permanente comunicación con la abogada de la Comisión, para tenerla actualizada de la situación en la ciudad. Como las acciones dentro de Perú no se han cumplido, presentaron el 27 de diciembre, 2006 una solicitud de caso para que se determine la responsabilidad del Estado peruano por las afectaciones en la salud, la dignidad, la integridad y la vida y de los derechos de los niños, debidos a la falta de control de la contaminación en La Oroya.

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Si usted desea puede acceder al texto completo de la petición haciendo un cliq en el siguiente enlace:

• Petición de caso La Oroya ante la CIDH (PDF, 855 k.)

Fuente: Agradecemos el envío de la información a Luis Eduardo Cisneros Mendez, celular 93714481, correo electrónico: [email protected]