Por Jorge Agurto

Servindi, 24 febrero 2007.- El gobierno aprista publicó ayer el Decreto Supremo 001-2007-MIMDES mediante el cual fusiona por absorción al Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Con esta medida se retrocede siete años en materia de institucionalidad pública a favor de los pueblos indígenas pues la dependencia encargada de los pueblos indígenas ya no se relaciona directamente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sino que retorna nuevamente a un ministerio encargado de aplicar una política sectorial y no transversal.

El artículo 2.1 de la norma dispone que culminado el proceso de fusión y la transferencia de bienes, recursos, y otros, tanto el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) como el Indepa "se extinguen".

Asimismo, toda referencia al Indepa o a las competencias, funciones y atribuciones que dicho organismo venían ejerciendo se entenderá como hecha al MIMDES, una vez culminado el proceso de fusión (Art. 2.2.).

El Indepa fue creado por ley como un organismo público descentralizado (OPD) de rango ministerial, adscrito de manera directa a la Presidencia del Consejo de Ministros.

A pesar que la creación del Indepa tuvo una votación importante y fue producto de un consenso multipartidario llama la atencion que el gobierno de Alan García Pérez decida cambiar drásticamente su naturaleza mediante un decreto supremo ministerial, que es una norma de mucho menor jerarquía.

El INDEPA no cayó del cielo

La necesidad de crear una OPD dedicada a promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fue una propuesta levantada por el movimiento indígena peruano frente al fracaso que significó la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA).

La CONAPA estuvo presidida por Eliane Karp, esposa del ex Presidente Toledo, y nunca pudo ejercer una política eficaz debido a que no tenía personalidad jurídica como organismo de estado y fue una simple comisión vinculada al despacho de la primera dama, ahora inexistente.

La propuesta técnica de crear una OPD dedicada a los pueblos indígenas fue formulada por una consultoría especializada el año 2001, encargada por una Comisión Indígena Nacional de la Amazonía (CINA) que abrió un diálogo directo con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori la política de promoción de derechos a favor de los pueblos indígenas estuvo encargada primero a una Unidad de Pueblos Indígenas y luego a una Secretaria Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), ambas instancias de muy bajo nivel jerarquico dentro del Ministerio de la Mujer.

La propuesta de crear una OPD de alto nivel fue asumida por una amplia coalición de organizaciones indígenas que impulsaron una Consulta Indígena sobre la Reforma Constitucional el año 2003, y de manera especial por la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP)

Si bien es cierto que el INDEPA no ha tenido hasta la fecha un notable desempeño esto se debe principalmente a la falta de personas idóneas en los cargos de dirección y no a la naturaleza de la institucionalidad que tenía las jerarquías y características idóneas para ser un órgano rector en políticas interculturales y de inclusión.

Con la medida adoptada el día de ayer la institucionalidad pública a favor de los pueblos indígenas nuevamente retorna al despacho del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y retrocede de la noche a la mañana.

Tal decisión va en contra de la moderna tendencia de los estados a promover políticas inclusivas a favor de los pueblos indígenas, tal y cómo se han formulado en diversas instancias internacionales y que han dado lugar a importantes documentos y recomendaciones como las formuladas por la Declaración de Brasilia o por el Programa de Acción del Segundo Decenio para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que por lo visto los lideres apristas desconocen.