Más de doce jóvenes fueron reclutados para el servicio militar –de manera forzada- por una patrulla militar del Ejército Peruano al mando del Teniente de Infantería, Anderson Alarcón Cuti, en la provincia de Espinar (Cusco) y trasladados a la Base de Infantería número 13 del cuartel de Salaverry en Arequipa.

Según Ramiro Llatas, director de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani (Cusco) es alarmante que tras estos hechos, se estén dando actos de amedrantamiento y amenaza contra el dirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) así como del periodista Florentino Huaque de Radio Los Andes, quien denunciara estos hechos.

Ninguna persona, de ninguna edad, puede ser detenida por no tener documentos de identidad o por no haber hecho su servicio militar. Las únicas causales de detención son la existencia de una orden judicial o que la persona esté cometiendo un delito flagrante. Además, desde 1999, la Ley 27178 decretó el servicio militar como voluntario.

Además de ser ilegales, estas malas prácticas frecuentemente se han teñido de un evidente contenido discriminatorio pues los detenidos siempre han sido jóvenes, campesinos, y de rasgos andinos. Este menosprecio también se manifestó en el caso de la detención -por un mes- de los comuneros de Chacas, acusados de terrorismo sin ninguna prueba.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) exige una inmediata respuesta del Ministro de Defensa con respecto a estos lamentables hechos contra Freddy Merma Tira, Cristian Michel Cruz Condo, Javier Carlos Chara Chaña, Edgar Huamani Quehue, Raul Huamani Chara, Roger Paccayo Noa, Roberto Arotaype Huayroccaya, Roger Huiilca Kana, Walter Paccsi Kana, Raul Soria Cáceres, Armando Alguino Ollachica, la mayoría de ellos entre 17 y 20 años, y demanda la sanción a los jefes militares responsables de esta práctica contraria a los derechos humanos.