AFP, 7 de diciembre de 2006.- La guerra por el cobre partió en dos la reserva natural de Intag, en el norte Ecuador. De un lado mineros que defienden un emprendimiento y del otro ecologistas que luchan en su contra, y en los dos lados las armas velan por los intereses en apariencia irreconciliables.
Ubicada a unos 150 km al norte de Quito, Ãntag (palabra de origen quichua que significa "más allá") concentra un conflicto social activado por los planes de la multinacional canadiense Ascendant Copper Corporation para extraer cobre a cielo abierto.
La minera compró unas 2.000 hectáreas dentro de la reserva -donde se calcula existen millonarios yacimientos de mineral- con la autorización del Estado, que sin embargo realizó la concesión a espaldas de los pobladores, según Auki Tituaña, alcalde indígena de Cotacachi en la provincia andina de Imbabura.
A raíz de ello, la zona quedó divida entre mestizos que apoyan la actividad minera e indígenas y pobladores que temen un daño ecológico irreparable a causa de la extracción de minerales.
"Estos señores no son ecologistas, sino ecoterroristas. Se oponen a cualquier proyecto minero o agrícola que mejore la vida de la gente sin dañar el medio ambiente", dijo Oswaldo Erazo, dirigente de la comunidad que respalda a la canadiense.
Pero para el otro bando la corporación canadiense sólo busca enriquecerse sin reparar en que Intag es un área con variedad de temperaturas, rica en agua y una biodiversidad única.
"Esta empresa logró dividirnos, haciendo creer a algunos que sus proyectos son inofensivos, cuando por otras experiencias sabemos que la extracción de cobre causa enormes daños y en una zona tan frágil como Intag, eso supondría la muerte", afirmó Cecilia Alvarez, líder del sector que agrupa a los llamados ecologistas.
En contraste con la riqueza ecológica y minera, Intag es un territorio de pobreza. Las rutas de acceso son caminos fangosos, de herradura y en época de lluvias imposibles para el tránsito vehicular.
"Aquí el promedio diario de ingresos por familia es de tres dólares. Y cuando una compañía llega ofreciendo un sueldo de 300 dólares no hay mucho que pensar. La decisión es entre seguir siendo miserable o tener una mejor vida", comentó Erazo.
La disputa activó una bomba de tiempo y mostró la impotencia del Estado ecuatoriano para controlar una guerra anunciada.
Un grupo de 57 trabajadores armados de la empresa Falericorp -que desarrolla un plan agrícola junto con la Ascendant Copper- está en poder de la comunidad de Junín desde el lunes, en un hecho descrito por unos como secuestro y otros como defensa.
Los obreros debían ser liberados el miércoles (6 de diciembre de 2006) y entregados al gobernador de Imbabura, José Almeida, pero los mestizos que respaldan a la empresa extranjera impidieron a piedra el paso de una caravana de vehículos en que se desplazaba el alcalde Tituaña.
Los indígenas y activistas pretendían llegar hasta el caserío de Junín para devolver a los retenidos y denunciar al mismo tiempo ante el gobernador la incursión armada de la que al parecer fueron víctimas.
Sin embargo, la lluvia de piedra e intercambio de disparos atizó el conflicto. Los nativos abandonaron la zona prometiendo represalias, mientras los llamados mineros desplegaron patrullas armadas para evitar infiltraciones.
El jueves la zona permanecía sin vigilancia policial y sólo un puñado de uniformados, sin armamento, actuaba como muralla de contención entre los dos bandos, comprobó la agencia internacional de noticias AFP.
Así Intag parece un territorio dividido por la guerra del cobre.
Fuente: Hoy on line, el primer Diario en línea de América del sur, desde 1994.
Recibido por cortesía de Miriam Masaquiza