Actualidad Étnica, Bogotá, 03 de noviembre de 2006.- Luego del rompimiento del diálogo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, por la posición del gobierno de no suscribir la declaración de derechos humanos de los pueblos indígenas, Luis Carlos Osorio, politólogo y experto en el tema, hace un análisis sobre el panorama que les espera a estas comunidades si Colombia no respalda este tratado.

La tarea de comunicarle la posición de los comisionados indígenas al gobierno, le correspondió al Taita Lorenzo Muelas: los indígenas tenemos un pensamiento; los indígenas de este continente adquirimos unos derechos, los cuales son irrenunciables, pues son expresión de nuestra ley de origen, de nuestra ley natural, como la denominan los Uwa; están escritos en las grandes rocas. Nosotros somos herederos de esos derechos. La lucha de los indígenas no es de capitulación, no es de renuncia, no es negociable.

Con la posición del gobierno de no suscribir la declaración de derechos humanos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas, el gobierno ha demostrado lo que realmente significamos para ellos: sólo hemos visto desprecio por los pueblos indígenas; por eso, nuestra posición es coherente con esta situación, es una posición política de defensa de nuestros intereses.

La decisión es unánime: suspendemos nuestra participación en esta actividad. Hemos tenido toda la voluntad política de participar, pero el gobierno no.

Con estas palabras, grosso modo, los indígenas expresaron su decisión de suspender los trabajos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, creada mediante el decreto 1396, luego que un buen número de aborígenes provenientes de varias regiones del país se tomaran en el año 96 la sede de la Conferencia Episcopal. La decisión fue apenas el punto de llegada de una secuencia de razones que se fueron configurando desde el primer día de sesiones.

Uno tras otro, empezando por el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, los representantes de las organizaciones indígenas y demás comisionados, expusieron las razones básicas para su decisión: Han pasado 9 años desde la creación de la Comisión y cada vez que nos reunimos parece la primera, como si nada hubiera pasado, no hay resultado de los diálogos.

El gobierno sigue incumpliendo los acuerdos y para que hubiera algún resultado, como en el caso de la masacre del Nilo, tuvo que intervenir la Corte Interamericana de DDHH; todavía nos siguen mirando como un estorbo de la sociedad, nos enrostran la cantidad de tierras que poseen los indígenas, sin embargo, de los 33 millones de hectáreas que poseemos, el gobierno apenas si ha comprado 200 mil.

Los argumentos son innumerables, pero vuelve el interrogante: ¿Cuáles son los reparos que el gobierno tiene a la declaración de DDHH para pueblos Indígenas de las Naciones Unidas? La respuesta no es clara. Se aducen razones de tipo constitucional. ¿Cuáles son?

¿Impunidad a la vista?

A estas razones se agregan otras, como las relacionadas con el alto índice de impunidad sobre las más de dos mil violaciones cometidas contra miembros de comunidades indígenas durante los últimos 20 años. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación había presentado el día anterior un desafortunado informe, en el cual reseñaba la situación de al menos 64 casos relevantes o clamorosos, como decidió denominarlos la funcionaria del ente fiscal.

Lo grave del informe es que este no establece los presuntos responsables de las violaciones, muy a pesar de la documentación aportada por los mismos indígenas.

La mayoría de los casos, algunos con varios años de ocurridos, se encuentran en preliminares; para casi todos los casos se aducen como dificultades, la falta de colaboración de las comunidades y problemas para acceder al lugar de ocurrencia del hecho. Lo peor de todo, se presenta un solo caso con sentencia condenatoria, al decir de uno de los líderes indígenas, en ausencia del victimario.

Este informe generó multiplicidad de interrogantes en los indígenas: ¿Cómo se aduce dificultades para llegar a lugares como el Japio, recientemente ocupado por la fuerza pública con más de 2000 efectivos, mientras no puede arribar allí mismo para documentar un caso de violación de derechos humanos?

Y ¿cómo entender que la Fiscalía documente y sea dinámica para la condena de más de seiscientos indígenas presos hoy en diferentes cárceles del país según informe publicado por la Defensoría del Pueblo, mientras es totalmente negligente con los casos en los cuales los indígenas son las víctimas? De otra parte, sólo el 5% de los casos que involucran a indígenas en hechos punibles, han sido remitidos a la Jurisdicción Especial Indígena.

¿Invisibles en el presupuesto?

La situación se torna más gravosa cuando se trata de los recursos para los indígenas. Aducen los líderes indígenas que de un presupuesto nacional de 117 billones de pesos, apenas un 0.5% corresponde a los indígenas, con una población estimada en un 3.4% según los datos censales entregados por el DANE, por cierto, bastante criticados por las organizaciones indígenas.

Además, los recursos de transferencias para los resguardos, han sido utilizados por algunos alcaldes inescrupulosos como un mecanismo para evadir su responsabilidad en la ejecución de otros recursos del municipio para las comunidades indígenas.

Para rematar, a todas las solicitudes indígenas de recursos, para materializar algunos de los componentes previstos en los diferentes procesos, la respuesta es la misma: Plata no hay o los recursos son mínimos. Como quien dice, ¿si no hay recursos para materializar los proyectos derivados del proceso de concertación, qué sentido tiene este ejercicio?

¿Para qué sirven las mesas de concertación?

Lo que contribuyó a llenar la tasa de inconformidad de los indígenas, fue el argumento esgrimido por algunos funcionarios, para quienes los compromisos que se asumen en estas instancias de concertación no tienen carácter vinculante, lo cual convierte dicho espacio en un instrumento totalmente ineficaz.

Por eso, la posición de los indígenas, en boca de Luis Evelis Andrade es concluyente; Cuando el gobierno y sus instituciones tengan respuestas claras a nuestras demandas, nos volvemos a sentar .cuando el gobierno tenga respuestas concretas para atender la situación de los pueblos indígenas en riesgo de extinción, nos volvemos a sentar. es más, para materializar los derechos de los pueblos indígenas no deberían existir mesas de ninguna especie, pues esta es una responsabilidad el estado.

Por eso, termina diciendo Luis Evelis, por una cuestión de mera dignidad, asumimos esta posición, no sin antes advertir a los delegados del gobierno que se abstengan de ir de región en región buscando acuerdos con comunidades desinformadas, saltándose la autoridad de las organizaciones y autoridades indígenas. Muchos indígenas asistentes a las sesiones de la Comisión no vacilaron en señalar que realmente estas mesas de concertación con el gobierno, no sirven para nada.

El gobierno no lo esperaba

Para el gobierno la posición de los indígenas cayó como un baldao de agua fría. La doctora Josefina Araujo, Directora de la Oficina de Etnias del Ministerio del Interior, lamentó de posición de los indígenas de suspender el espacio de concertación creado, pues a su juicio, los acuerdos logrados hasta el momento eran importantes.

Reiteró a los indígenas la voluntad del gobierno de mantener abiertos estos espacios e invitó a los comisionados a una reunión con los funcionarios de la Chancillería para escuchar las razones del gobierno para no suscribir la Declaración de las Naciones Unidas, a lo que los indígenas repostaron de inmediato que no están allí para oír explicaciones, sino para verificar la voluntad del gobierno para suscribir los diferentes instrumentos internacionales, garantes de los derechos de las poblaciones indígenas.

El fondo del problema

La situación presentada va más allá de la simple suspensión de los trabajos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los pueblos indígenas. De hecho, una decisión similar ya había sido tomada por los indígenas durante el gobierno del presidente Pastrana, cuando el entonces presidente de la ONIC, Armando Valbuena, le notificó al gobierno que quedaban rotas las relaciones de los indígenas con el gobierno.

Esa situación se mantuvo por varios años y sólo durante la primera administración del presidente Uribe, el entonces director de Etnias, Jesús Ramírez logró el retorno de los indígenas a las mesas de concertación con el gobierno. Desde ese momento se ha realizado un ejercicio tendiente a la implementación de una política pública para indígenas, incluidos los derechos humanos, con el desenlace ya descrito.

Algunas fuentes autorizadas coinciden en señalar que la suscripción o no del convenio ha dividido a los países en dos franjas: la de aquellos que no tienen indígenas y mantienen una posición de apoyo a las comunidades, convirtiéndose de hecho en una de las mayores fuentes de recursos para los indígenas de Colombia, aliviando de paso las cargas al gobierno colombiano, y la de los países con población indígena, los cuales son los responsables directos de implementar las políticas derivadas de la Declaración y de los demás instrumentos existentes para la protección de estas comunidades.

Colombia hace parte de esta segunda franja de países y por tanto, compromisario directo de las políticas aprobadas, en caso de suscribir la Declaración. Otro elemento importante de la declaratoria esta asociado a la realización de la Consulta Previa. Este instrumento ha resultado de una fuerza vital para preservar los derechos adquiridos de las comunidades, y salvaguarda importante de sus intereses, amenazados principalmente por las grandes transnacionales.

Aunque pareciera conjurar el interés de los estados y las comunidades, se ha convertido en el principal elemento de controversia, dado el interés de algunos estados, sensibilizados por las propuestas indígenas, de imprimirle capacidad de veto al instrumento. Países como Colombia, que albergan el interés de desarrollar proyectos en territorios indígenas, ven en la cualificación de este instrumento un verdadero peligro, pues en muchos corrillos de funcionarios públicos se asimila la palabra resguardo a petróleo o a recursos naturales.

De otra parte, existe la creencia institucional que la respuesta lógica a la palabra consulta es NO y que por principio, todo megaproyecto es malo. Así las cosas, el escenario ideal para la suscripción de la Declaración por parte del gobierno, es el mismo que presentan los Uwa para no permitir la exploración petrolera en sus territorios. Como quien dice, estamos ante un escenario con actores y público ciegos, sordos y mudos.

Algunos funcionarios expresaron que el gobierno no tiene ningún impedimento para sentarse ahora mismo con los indígenas y suscribir convenios que incluyan el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo, programas de Etnoeducación, de salud, políticas sobre desplazamiento forzado, sobre la implementación de mecanismos que permitan el esclarecimiento de los crímenes contra líderes de las comunidades, políticas de prevención e incluso, propuestas relacionadas con el comportamiento de la fuerza publica en los territorios indígenas.

Pero temas como la consulta previa, la política de seguridad democrática, y todo aquello que ponga en entredicho la integridad del Estado, habría que mirarlo con más detenimiento.

¿Cómo quedan las cosas?

Para los indígenas, que se han declarado en sesión permanente de trabajo, la pelota está en el campo del gobierno.

Algunos creen que es preferible que se realice un encuentro comunitario indígena, donde sean ellos y no el gobierno quien seleccione los delegados y donde tengan la posibilidad de manifestarle al presidente Uribe sus posiciones, pero además, donde sea el propio presidente, y no mandos medios, sin ninguna capacidad de decisión, quien les diga francamente cuál es la política de este gobierno para los indígenas y cual es la voluntad de su gobierno para implementar una política pública para los indígenas.

Para el gobierno, las puertas están abiertas y lo ocurrido en el evento no mella su disponibilidad para sentarse a dialogar con las organizaciones y los líderes indígenas. El gobierno seguirá cumpliendo con su deber constitucional de salvaguardar los derechos de las comunidades.

Ya finalizando el evento, sin los delegados del gobierno, algún líder indígena señaló: ésta es la oportunidad que tenemos los indígenas de ejercer nuestra autonomía, de ser y ejercer el gobierno propio, de elaborar nuestro propio programa. Tal vez esta sea la oportunidad de demostrarle al gobierno de Colombia, de Estado a Estado, que ya no somos menores de edad.

*Luis Carlos Osorio es Director de Actualidad Étnica

Fuente: Actualidad Étnica

Más información sobre el tema:

Para conocer la Declaración oficial de Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, haga clic aquí. Para leer el artículo de Actualidad Étnica Se rompieron diálogos en Comisión de DDHH de pueblos indígenas, haga clic aquí.