Reproducimos el reciente Boletín Ideele el cual informa de los diversos pronunciamientos y opiniones sobre el controvertido proyecto de ley que pretende poner en manos del gobierno un arma para maniatar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Perú. Aprovechamos la ocasión para expresar nuestro rechazo institucional a un proyecto que pretende borrar de manera peligrosa la frontera entre el espacio público y el privado, y así ampliar las facultades del estado y permitir su ingerencia en la esfera privada, violentando libertades y derechos ciudadanos fundamentales.
Boletin Ideele, N° 510, del 31 de octubre de 2006*
Han sido muchos y contundentes los pronunciamientos y declaraciones contra el inconstitucional e intervensionista proyecto de ley 25/2006-PE, que modifica la ley 27692, de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), aprobado en primera votación por el pleno del Congreso el día 26 de octubre. Presentamos extractos de una muestra de ellos. ¿Se insistirá en aprobar este jueves el proyecto en segunda votación? Sería gravísimo, y el paso marcaría un punto de quiebre en la situación política del país.
1.Pronunciamientos
- Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional:
Una ley que establece registros minuciosos y sanciones bajo ciertos criterios ambiguos va en contra de derechos fundamentales consagrados por leyes peruanas y genera el riesgo de que dicha ley se utilice para perseguir a voces discrepantes de la sociedad peruana.
La libertad de expresión y opinión es un elemento central del desarrollo y un pilar de las sociedades democráticas. Nos preocupa que esta propuesta de ley genere interpretaciones erróneas sobre la política del Gobierno del Perú respecto al tratamiento de las opiniones discrepantes de algunos sectores de la ciudadanía.
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH):
Proyecto de Ley Afecta Derechos Fundamentales y la Cooperación Internacional
Este proyecto de Ley es inconstitucional porque las libertades de contratación y de asociación, previstas en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, garantizan que no se condicione la posibilidad de contratar recursos de cooperación internacional o el ejercicio de los fines institucionales de cualquier ONG, a la inscripción previa en un registro gubernamental y/o a la concordancia con las políticas públicas aprobadas por el Gobierno Central.
El Proyecto de Ley en cuestión, además de ir contra los derechos fundamentales, genera el riesgo de que las nuevas atribuciones de la APCI se utilicen en contra de posibles posiciones discrepantes de las ONGs en diversos temas de interés nacional.
- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) y otras organizaciones:
Peligra Cooperación Internacional
¿Cuáles serán las consecuencias si este proyecto se aprueba en segunda votación?
Instituciones de carácter privado serán controladas por el Gobierno con una norma ambigua e imprecisa que le permite determinar con quién se debe contratar, qué proyectos realizar, en qué sectores invertir, entre otros aspectos.
Esta iniciativa legal podrá ser utilizada como una forma de acallar y/o perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen las políticas del gobierno de turno.
- Consejo de la Prensa Peruana:
El Consejo de la Prensa Peruana alerta a la opinión pública sobre el grave retroceso en materia del derecho ciudadano a la libertad de expresión, asociación y libre contratación, implícito en el proyecto de ley Nº 25/2006/2006 PE, que modifica la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Este que podría presentarse a un peligroso intervensionismo estatal sobre las actividades que desarrollan las ONG, con el apoyo de los fondos de la cooperación internacional.
- Instituto Prensa y Sociedad
Pero las modificaciones a la ley 27692 restringen la libertad de asociación y de contratación de las ONG que reciben donaciones del exterior, puesto que otorgan al Estado la potestad de decidir en qué casos pueden otorgarse y en cuales no, en función de las prioridades que él establece y de su propia definición del interés público. En la práctica, el Estado interfiere en los acuerdos entre privados puesto que sólo permite aquellos celebrados por ONG que cuentan con su aval.
2.Editoriales y columnistas de prensa escrita
El Comercio, Lo grave de todo esto es que rápidamente se cae en ligeras y peligrosas generalizaciones, se ignora que la fiscalización que ahora se intenta imponer sobre ellas ya existe y se las quiere hacer pasar por un control gubernamental que, en el fondo, busca restringir y anular sus acciones, despojándolas, sobre todo, de libertad. No podemos tapar el sol con un dedo (...) estas organizaciones han cobrado un desempeño y protagonismo singular e importante en muchos ámbitos del país (Editorial 29/10/06).
La República, Se trata de una acción de vida o muerte para quienes pretenden el retorno del corrupto dictador a nuestro país limpio de polvo y paja por medio de una amnistía, para lo cual necesitan silenciar a aquellas organizaciones de la sociedad civil que jugaron un rol activo en la fiscalización y denuncia de ese régimen de vergüenza que fue el fujimorato (editorial 28/10/2006).
Peru.21, Lo que en verdad permitirá esta ley es darle al gobierno la capacidad de intervenir e interferir en las actividades de asociaciones libres formadas para promover objetivos que, en algunos casos, pueden ser contradictorios con las políticas que aplica el régimen de turno. () Es, además, la cereza en el pastel de toda una campaña orquestada desde el inicio del gobierno actual por una serie de políticos que le tienen ojeriza a las ONG por motivos diferentes, pero coincidentes con voluntad de acallar voces que les puedan ser críticas. (La Opinión del Director por: Augusto Álvarez Rodrich, Perú.21, 28/10/2006) El riesgo de fondo es que el gobierno aprista pueda, si no está ocurriendo ya, a través de mecanismos sutiles como sus conexiones con el Poder Judicial o con algunos accionistas de medios de comunicación, afectar la libertad de expresión en el país y el derecho de discrepar con él. (La Opinión del Director por: Augusto Álvarez Rodrich, Perú.21, 31/10/2006)
Juan Paredes Castro, Organizaciones no gubernamentales (ONG), que provienen de contratos de derecho privado, sometidas de pronto al escrutinio y al arbitraje del Gobierno. ¿Qué está pasando en el Perú, justo en momentos en que estamos demostrando un estándar promedio de orden y sensatez en el manejo de los asuntos del Estado?. (El Comercio 28/10/06)
Fernando Rospligliosi, Las ONG son parte de la sociedad civil que fiscalizan y, cuando hay transgresiones a esta, denuncian. Fiscalizan al Poder Judicial, al Gobierno, la defensa de los derechos humanos, etc. Tenemos a Proética, el IDL, Aprodeh o la Coordinadora Nacional de DD.HH. Eso es lo que no les gusta y quieren controlarlas. (La República 28/10/06) Respecto del pacto entre el Apra y el fujimorismo) De hecho hay un pacto encubierto entre ellos. El hecho de que el Gobierno no toque a Fujimori, ni que nunca se refiera a él, y haya desarticulado la Procuraduría Anticorrupción, es una muestra de esa alianza. (Perú.21, 28/10/06)
Mirko Lauer, En esta votación del Proyecto de Ley 27692 es la primera vez del aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan íntimamente unidos. (La República, 29/10/2006)
Alberto Adrianzen, Lo que quiere el Fujimorismo es, simplemente, despejar el camino de futuros adversarios, para regresar limpio de toda culpa. La derecha representada por UN actúa a favor de () los grandes empresarios (a quienes) no les gusta que le digan que destruyen el medio ambiente, que afectan a las comunidades nativas e indígenas, que les pagan poco y mal a sus trabajadores o que pagan pocos impuestos. () Al Apra tampoco le gusta el pensamiento progresista. Es demasiada competencia intelectual par un partido que se ha movido entre la mediocridad y la medianía. () esta ley, que viola el derecho de libre asociación, es un retroceso evidente en la salud democrática de la República. (La República 28/10/2006)
Lourdes Flores Nano, en la actualidad, las ONG ya brindan información a la APCI y creo que eso es una garantía de tranquilidad tanto de los recursos que reciben como del uso que se les da. () No puede haber una norma que recorte el accionar; eso no se puede hacer porque la libertad de asociación es una garantía constitucional. Estaremos vigilantes a que no haya ningún tipo de intervencionismo, eso sería inaceptable. (Perú.21 29/10/2006) he escuchado las explicaciones que han dado nuestros voceros en el sentido que lo que se pretendería simplemente es que haya un control. () Eso me parece razonable. (La Primera, 29/10/2006)
Gastón Garatea, Hay la tentación de gente nueva en el gobierno de querer controlar todo, si se aprueba en segunda votación –el dictamen, le haría mucho daño al país porque estaría poniendo trabas a la cooperación extranjera. (La Primera 28/10/06)
Martín Tanaka, Las ONG tienen que ser abiertas, transparentes, pero tienen que ser independientes del gobierno porque justamente su trabajo es criticar al gobierno, al Estado, hacer sugerencias, proponer cosas. (Correo 28/10/06)
Cecilia Blondet, (respecto a la norma aprobada) Afecta la intención controladora. La sola posibilidad de que se censuren actividades, proyectos o se cierren ONG porque no se alinean con los objetivos del gobierno o de la oficina que aplique la norma es francamente aterrador. (Respecto de la norma, con relación al posible pacto entre el Apra y el Fujimorismo) Despierta sospechas desde el momento en que han cerrado filas para lograr su aprobación. (La República, 29/10/2006) el objetivo real de la iniciativa impulsada por la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el abogado de Fujimori, Rolando Souza sería acallar a las ONG que cumplen una labor de fiscalización en diversas instancias del Estado. (Perù.21, 31/10/2006)
Diego García Sayán, una ley que modifica la creación de la APCI significaría la estatización de las contribuciones privadas para darle a la burocracia la facultad de decidir a quiénes puede dar el dinero que los organismos extranjeros desean donar al Perú. (El Comercio, 29/10/2006)
Carlos Basombrìo Iglesias, el Congreso a puesto por fin en su sitio, con la nueva ley aprobada a iniciativa del congresista Souza. (¿Quién más indicado que el ex abogado de Fujimori para exigir moralidad y transparencia?). Ahora las ONG tienen que demostrar, ante un funcionario al que fiscalizan, que hicieron debido uso de los fondos privados con los que trabajan. Insisto, fondos privados donados a una institución privada. () ¿Observará la ley García? ¡No lo haga! () Andamos un poco retrasados. Ya nos ganaron la mano Chávez y Putin, como se sabe gobernantes apasionados con la democracia y las libertades. (Perú.21, 29/10/2006)
Santiago Pedraglio, La decisión mayoritaria del Congreso de sujetar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a las prioridades que el Gobierno implante y al concepto de interés público que este defina es una intromisión en acuerdos que se pactan entre privados. () Las organizaciones no gubernamentales obedecen a todos los controles dispuestos por la ley y por sus respectivos propios convenios privados con las agencias cooperantes, pues es elemental que deben obligarse a evitar el uso indebido de los fondos, entre otros compromisos naturales. (Perú.21 29/10/2006)
Francisco Soberón, Este pacto (entre el fujimorismo y el Apra) consagra la impunidad y demuestra la falta de voluntad política para promover la extradición del prófugo. (La República, 29/10/2006)
Humberto Campodónico, (respecto de Estado) A pesar de que no puede ejecutar ni gestionar de manera eficiente la cooperación que llega al Estado, la Ley interviene los fondos de la cooperación internacional privada (ojo) que se otorga a las ONG. Su objetivo no es fomentar la transparencia de las ONG como dicen los fujimoristas () sino estatizar los fondos de la cooperación privada y disciplinar a las ONG. (La República, 29/10/2006)
Nelson Manrique, Es un proyecto de ley que pretende dar al gobierno la potestad de controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) sacándose de encima la fiscalización de organizaciones de la sociedad civil en temas sensibles, como la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. () La alianza entre el Apra con la derecha se basa en el interés común de impedir que se fiscalice a las empresas mineras () por la forma como depredan el medio ambiente. La alianza entre el Apra y el fujimorismo busca garantizar la impunidad en los temas de corrupción y de violación de los derechos humanos. (Perú.21, 30/10/2006)
3.Miembros de la Comisión consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso de la República
Jorge Danós Ordoñez, En este caso, teniendo en cuenta la libertad de asociación, la libertad de actuación de los privados, la libre iniciativa privada que establece la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que el Estado sólo debe intervenir en aquellos casos para hacer compatible la actividad del particular con entes públicos, yo no encuentro justificación, tal como se ha planteado la Ley, para que se pueda establecer esos mecanismos de intervención que vulneran la actividad de las asociaciones privadas.
César Valega, Va a ser inútil este propósito del Gobierno por cuanto los fondos que manejan las ONG no son públicos. Pueda ser que en su origen algunos sean estatales como en el caso de la cooperación recibida de Francia, Alemania e Inglaterra, pero que al ser transferidos a una institución privada, los fondos son de naturaleza privada. En ese sentido los únicos que pueden cautelar el empleo de dichos fondos son los donantes y cooperantes, aspectos que además sabemos que lo hacen muy minuciosamente.
Francisco Eguiguren, Las organizaciones de la Sociedad Civil tienen la libertad de decidir cuál es la postura que adopta frente algunos temas nacionales y a quienes privilegian en su labor, es su derecho. El Estado solo debe ejercer algún control, cuando hay una actuación ilícita en el terreno del orden público o tributario, pero más allá de eso supone un intento de injerencia ideológica que puede ser propios de regímenes totalitarios o autoritarios pero no de una democracia.
Carlos Blancas, Lo más prudente sería que esta norma pase a la Comisión de Constitución, porque está viciada de inconstitucionalidad. Si es aprobada y promulgada, sería materia de una acción de inconstitucionalidad, que sin dudas deberá prosperar ante el Tribunal Constitucional. Sería mejor evitar todo este proceso y que la Comisión de Constitución, que tienen una comisión consultiva amplia, emita un dictamen a fin de evitar que el pleno del Congreso, por falta de información o exceso de pasión cometa un error que dejaría mal parado al Congreso de la República.
Jorge Power Manchego, Que exista una planificación para que a los Organismos No Gubernamentales, que actúan con total transparencia, tengan que decirle qué es lo que tiene que hacer, evidentemente, dentro de ese marco, yo no lo acepto.
Enrique Bernales, Yo me permitiría sugerir que este texto antidemocrático, autoritario y violatorio de la Constitución, pase a la Comisión de constitución, para que sea dictaminado y estudiado: Y si a pesar de ello se insiste, habrá que solicitarle al presidente de la República que observe la ley. () Una ley de este tipo, descalifica al país porque no lo hace sujeto de la Cooperación Internacional. Por consiguiente no están afectando a las ONG, sino están afectando a todos los que son beneficiarios del sistema.
Fernando Tuesta, las ONG constituyen asociaciones privadas sin fines de lucro y se rigen por sus propios estatutos. Ya hubo intentos importantes desde la época del fujimorismo que lamentablemente trascendió al toledismo y ahora parece tener su punto más preocupante con esta ley. En virtud de ello, el Gobierno a través de la Agencia de Cooperación Internacional APCI, tiene la posibilidad de intervenir en el curso de las ONGs y esto es preocupante. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Hay aspectos de inconstitucionalidad en la ley. Lo preocupante que esto nace de un pacto entre el Fujimorismo y el APRA. (http://www.ideeleradio.org.pe - Ideeleradio, No hay derecho, 31/10/2006.)
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Fuente: El boletín Ideele del Instituto de Defensa Legal es una voz desde la sociedad civil, independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta con la más exigente fiscalización a los responsables de los asuntos públicos. Los artículos firmados en ideelemail representan exclusivamente la opinión de sus autores y no necesariamente las del Instituto de Defensa Legal. Los artículos pueden reproducirse a condición de citar la fuente de origen.