Durante más de ocho años fuimos testigos de cómo desde los Andes las luchas comunales frente a la minería trascendieron a ser luchas nacionales e internacionales. De cómo se ha trascendido de la experiencia de organización comunitaria a la construcción de una organización nacional y una articulación regional a nivel andino. De cómo se ha trascendido desde demandas ambientalistas a colocar el tema de la minería, sus impactos y beneficios, en la agenda política nacional. De cómo se ha trascendido de la indiferencia empresarial y estatal a la criminalización de la movilización social contra la minería.

¡Esta lucha no es para uno, es para todos!

vivan libres en tierras libres.

Manuel Scorza en Garabombo el Invisible

Durante más de ocho años fuimos testigos de cómo desde los Andes las luchas comunales frente a la minería trascendieron a ser luchas nacionales e internacionales. De cómo se ha trascendido de la experiencia de organización comunitaria a la construcción de una organización nacional y una articulación regional a nivel andino. De cómo se ha trascendido desde demandas ambientalistas a colocar el tema de la minería, sus impactos y beneficios, en la agenda política nacional. De cómo se ha trascendido de la indiferencia empresarial y estatal a la criminalización de la movilización social contra la minería.

Uno de nuestros vivos aprendizajes comunitarios tiene que ver con el valor que cobra la fuerza colectiva frente a cualquier desafío. La respuesta colectiva frente a cualquier necesidad o amenaza es una práctica cotidiana en los Andes peruanos. Esta misma práctica colectiva encontramos en las comunidades en los inicios de CONACAMI. Se encaraban conflictos territoriales con la minería en las comunidades de Vicco (Pasco), Tintaya Marquiri (Cusco) y Yauli (Junín), y se identificaban

demandas contra la contaminación en La Oroya (Junín), Ilo (Moquegua) y Lago Junín. Cada uno de estos casos son procesos con sus particularidades pero que tenía actores solitarios y comunes en un lado de la orilla: las comunidades.

Como relata Scorza (1) solitariamente padecían los abusos; solitariamente se rebelaban; solitariamente los masacraban. Era imprescindible que se unieran ¡Ah, si las comunidades juntaran sus combates dispersos!. Y así sucedió. Los líderes de las comunidades se fueron encontrando en talleres y seminarios para discutir su problemática frente a la minería. Todos coincidieron en ella, pero más coincidieron en la necesidad de unirse y hacer una comunidad más grande que juntara sus luchas solitarias frente a la minería. Pronto en cada provincia se realizaron encuentros y congresos de comunidades afectadas por la minería desde donde surgió la propuesta de una Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.

En octubre de 1999 las comunidades afectadas constituyeron la CONACAMI. Sus primeras actividades se orientaron a visibilizar la problemática, principalmente los impactos negativos de la minería, como la contaminación de las tierras, el agua y el aire. En diciembre del 2000 se realiza en Lima la marcha de los afectados por la minería que no eran solo humanos, también llevaban los animales y las plantas, se mostraron aguas contaminadas y se presentaron comuneros desplazados de sus tierras por la minería.

Por primera vez los medios de comunicación centralizados de Lima vieron las quejas y los reclamos hacerse imagines, los reclamos de los que no tienen voz se hicieron escuchar por las calles viejas del cercado limeño. Fueron tiempos de transición democrática en el Perú, aún así no se escucharon ni recibieron las demandas de las comunidades afectadas por la minería por parte de las autoridades del gobierno.

Mientras la organización expandía su ámbito de influencia, llegando tener presencia en 16 departamentos del Perú, despertaban conciencias comunitarias para asumir una posición crítica frente a la minería. Así encontramos apuestas como la de los agricultores de Tambogrande (Piura) o las comunidades de Carumas (Moquegua) que se oponían por diversas

razones a los proyectos mineros. Con un creciente proceso de organización se llama a la Marcha Nacional por la Vida, la Tierra, el Agua y el Agro llegando a Lima el 8 de julio del 2002; una marcha que tuvo como contenido no solo demandas sino que fue hecha con identidad, en realidad fue una marcha de colores y diversidad, talvez por vez primera comuneros originarios de los Andes afectados de diversas maneras por la minería y llegados de diversas regiones del país demandaban ser escuchados por el gobierno y las empresas mineras.

La marcha concluiría con la firma de un acta de compromiso con el gobierno de Toledo representado por los ministros de Energía y Minas, Salud y Agricultura. El acuerdo comprometía al gobierno para la instalación de una Comisión Nacional Tripartita de Alto Nivel para resolver los conflictos y estaría integrada por el gobierno, las comunidades y las empresas mineras. El gobierno reconocía por vez primera la problemática y los conflictos entre comunidades y mineras, aunque meses después este sólo serviría para ser presentado como indicador de cumpli-miento de una de las políticas del Acuerdo

Nacional y su realización echado al olvido como todas las actas de compromiso que se suscribieron con ese gobierno.

La bloqueo al dialogo vino desde todos lados. Desde los adentros del gobierno, desde los adentros del Ministerio de Energía y Minas, desde los adentros del Congreso de la República, desde los adentros de las empresas mineras y la oposición del gremio empresarial minero. La consigna era anular el reconocimiento a CONACAMI como el interlocutor

político y legítimo de las comunidades afectadas por la minería. El diálogo nunca llegó pero si algunos éxitos en las resistencias comunitarias a la minería. A finales del 2003 el gobierno, ante la presión social, dejaría sin efecto el contrato de opción que tenía la minera Manhathan para explotar en Tambogrande, lo que generaría a su vez un efecto expansivo de oposición a la minería en el Perú y América Latina.

Después de vivir la imposibilidad de abrir un dialogo con el gobierno y del éxito de los agricultores de Tambogrande, CONACAMI en poco tiempo había contribuido a ubicar el tema de la minería en el centro del debate nacional. Las comunidades se movilizaban por los impactos negativos y los beneficios de la minería en Cajamarca, Huancavelica, Apurímac, Ancash, Moquegua y Lima. Desde las empresas mineras, desde el gobierno, desde el Congreso de la República, desde los medios de comunicación se acusaba de azuzar estas movilizaciones y se llamaba al cierre de CONACAMI. El gobierno modificó las normas legales referidas a los derechos políticos de los ciudadanos, los comuneros también son

ciudadanos, para criminalizar las protestas sociales contra la minería y se militarizaron las zonas mineras.

Al interior de Palacio de Gobierno se ordena a funcionarios y procuradores judiciales ilegalizar y cerrar a CONACAMI. Primero se le exigió que debiera cumplir con todas sus obligaciones legales y luego sin justificación legal ni derecho a defensa se la excluye del registro de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) solo por presiones políticas. En agosto del 2004, Miguel Palacin Quispe, presidente de la confederación de afectados por la minería es enjuiciado por el sólo hecho de haber viajado a la zona de conflicto y participado de una comisión para buscar el dialogo entre los ronderos de Ayavaca y

Huancabamba y el Ministerio de Energía y Minas. Hechos como estos demuestran que el interés nacional (así se declara la minería actualmente) son más importantes que el interés comunal o colectivo y que es posible inventarnos acciones y resoluciones para intentar callar la razón.

CONACAMI es hoy una organización que sustenta su pensamiento y actos en las prácticas comunales, aspira no sólo a la unidad de las comunidades afectadas por la minería sino a la unidad política de las comunidades de los Andes y sus diversas formas organizativas donde los comuneros no solo defiendan a otros comuneros sino a todos para transitar del olvido y la exclusión a la construcción de un país donde los intereses comunales sean respetados.

CONACAMI ha convocado al III Congreso Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería en la ciudad de Lima entre los días 29 de septiembre al 1 de octubre. Según los organizadores se espera la llegada de más de mil comuneros de las 18 regiones del Perú donde la minería tiene concesiones y desarrolla actividades mineras. Una oportunidad para que se escuchen realidades y no ficciones. Una oportunidad para escuchar las vivencias del Perú real.

Nota:

(1) La Tumba del Relámpago, novela de Manuel Scorza.

* Luis Vittor es Asesor Técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)