Fuente: Juan José Dalton, Proceso / Apro). San Salvador. En una coordinación sin precedentes en su organización y

versatilidad de formas de acción, comunidades indígenas y campesinas de Guatemala, El Salvador y Honduras han emprendido en los últimos meses una lucha abierta en contra del establecimiento en Centroamérica de empresas trasnacionales, especialmente de Canadá y Estados Unidos, interesadas en explotar reservas de oro y plata, así como de otros minerales.

Centroamérica no está en venta y No a la minería, sí a la vida, son consignas que han aglutinado a poblaciones indígenas (en Guatemala y Honduras), y a campesinas en El Salvador, residentes en zonas escabrosas, aisladas y de las montañas que antaño fueron los escenarios más cruentos de las guerras civiles que asolaron a esta región a finales del siglo recién concluido.

Plebiscitos comunitarios, foros de debate, peticiones a los órganos legislativos, marchas, manifestaciones y bloqueos en carreteras, han sido las acciones emprendidas para evitar que la industria minería se instale en detrimento de nuestros pueblos, con proyectos altamente rentables para las trasnacionales, pero negativos para quienes residimos en estas regiones, afirman los líderes de comunitarios, quienes han logrado detener al poder de la naciente industria con

acciones que incluso han paralizado cualquier movimiento en carreteras, así como las actividades normales de las principales ciudades de dichos país.

Según la organización internacional Oxfam, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la minería es una actividad económica relativamente nueva, pero están vigentes al menos unos 250 proyectos de exploración y de explotación.

En un territorio relativamente pequeño y densamente poblado, la actividad minera puede tener repercusiones severas, tanto en la población vecina como en el medio ambiente, dicen los estudios de Oxfan, basados en investigaciones en varias

partes del mundo.

Edgardo Mira, del Centro de Investigaciones sobre la Inversión y el Comercio (Ceicom) --uno de los organizadores de la Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador--, afirma que se ha verificado escasa producción en países tradicionalmente mineros, como Sudáfrica, Estados Unidos y en Canadá, además que en la mayoría de estas naciones los Estados ponen grandes controles medioambientales, lo que en Centroamérica no ocurre. Pero existe también una nueva realidad mundial: el surgimiento de China como potencia económica con grandes requerimientos y necesidades de materia prima para su industria metalúrgica, causa por la cual un mineral como el níquel es altamente codiciado para la construcción del acero inoxidable.

La resistencia

En Guatemala, la minera canadiense Skye Resources tiene planes de producir níquel a gran escala en la zona del lago Izabal, rico en peces y hogar de manatíes (mamífero en peligro de extinción). Además, cuenta con una reserva boscosa y un

lago surtidor de agua potable. Las comunidades están alzadas y resueltas a no permitir la industria. La gente ha intentado decir no a la minería a través del diálogo, pero si la compañía no hace caso y quiere meterse a la fuerza, las

comunidades tal vez van a quemar maquinarias y tal vez va a haber pérdidas humanas, dice Cristóbal Caal, líder de la comunidad maya de San Marcos, cuyas protestas ha encabezado el obispo Alvaro Ramazzini.

En Guatemala, el viceministro de la Minería, Jorge García, reconoció que la lucha de las comunidades indígenas hizo reducir las licencias de exploración de 740 a 315 en los últimos dos años. En este último país, al igual que en Honduras y El

Salvador, han comenzado a tener actitudes ambiguas frente a la minería, que pretende explotar reservas de oro y plata. Edgardo Mira dice que de acuerdo con la ley se establecen requisitos muy permeables y favorables a las trasnacionales,

porque las legislaciones se han hecho para facilitar este tipo de inversiones.

En El Salvador, las comunidades de Chalatanengo, al norte del país, escenario de la guerra civil, es el foco de lucha contra la explotación minera. A mediados de marzo, caravanas de campesinos chalatecos iniciaron un recorrido por el pequeño

territorio nacional (de apenas 21 mil kilómetros cuadrados) para crear conciencia de lo negativo que sería el desarrollo de la industria minera.

En primer lugar, dice Mira, porque la minería requiere de grandes cantidades de agua, recurso que ya es escaso y de mala calidad en El Salvador, por lo tanto, no sólo las comunidades vecinas de lo que serían las minas están luchando, sino todas

aquellas de la ribera y de la cuenca del río Lempa, porque serán duramente afectados.

En Honduras, a finales de julio, miles de indígenas y campesinos, encabezados por obispos y sacerdotes, paralizaron el país entero por varias horas, al tomar importantes puntos de carreteras en rechazo a la que sería la Ley de Minería. De hecho se ha logrado prohibir la explotación de minas a cielo abierto, ante lo cual los empresarios locales han indicado que terminará la industria minera.

Pero no sólo la sociedad civil ha intervenido, sino representantes de nuevas instituciones surgidas de los pactos de paz, como es el caso de Yanira Cortez, procuradora adjunta de la Defensa de Derechos Humanos, de El Salvador, quien habló

de una estrecha relación entre derechos humanos y el medio ambiente. La protección del medio ambiente es la protección de los derechos humanos. La contaminación del medio ambiente es una amenaza a la vida y a la salud. Las medidas que se necesitan tomar son de carácter preventivo. ¿Cómo vamos a poder reponer la salud de las personas, una vez que el daño se ha hecho?, dijo.

Las presiones de las trasnacionales canadienses y estadunidenses son muchas. Los gobiernos locales han sido tradicionalmente pro-empresariales, y por lo tanto, la lucha no ha terminado. En ese sentido, la campaña Centroamérica no está en venta, continúa su lucha, especialmente desde las comunidades y con fuerte apoyo de los grupos ambientalistas que se oponen rotundamente a los procesos mineros

Argumentan que éstos generan destrucción ambiental, expoliación económica y degradación social, dice finalmente Edgardo Mira, quien asevera que las comunidades continuarán monitoreando la actividad de las mineras y coordinando nuevas luchas.