6 de agosto.- Comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Hace cuatro décadas que los pueblos indígenas colombianos comenzaron de manera sistemática la construcción de una propuesta política para realizar sus derechos y rescatar su identidad, autonomía y dignidad; empoderando sus autoridades tradicionales y estableciendo sus organizaciones representativas para hacerla viable, como respuesta a un Estado que por siglos les ha discriminado.
Las políticas neoliberales y el conflicto armado han afectado el ejercicio de la autonomía en sus territorios. La vulneración permanente sus derechos, de los DDHH y las infracciones al DIH ha entorpecido su ejercicio como sujetos políticos, sociales y culturales en el país.
A pesar de las garantías constitucionales y jurídicas producto de sus luchas, el reconocimiento como pueblos y como culturas vivas no se ha evidenciado en las políticas públicas de Estado y Gobierno, que promuevan una institucionalidad adecuada, condiciones para el desarrollo de los Pueblos Indígenas en sus territorios y a protección de sus derechos.
A pesar de los mecanismos internacionales de protección para los Pueblos Indígenas que se aplican por parte del sistema de las Naciones Unidas, OEA, cortes internacionales y otros organismos multilaterales, las condiciones de pervivencia de los Pueblos Indígenas tienden a complicarse cada día más como consecuencia de la agudización del conflicto armado y las estrategias de desterritorialización, de la profundización de las políticas neoliberales y como los Tratados de Libre Comercio.
Como respuesta a la política al etnocidio los Pueblos Indígenas y sus organizaciones han definido desde el congreso de los Pueblos Indígenas en el 2001, y sucesivos eventos como el congreso itinerante, entre otros, la constitución de un Tribunal internacional de los Pueblos Indígenas que establezca los mecanismos para que la comunidad internacional pueda intervenir en la protección de los Pueblos Indígenas en Colombia.
En varias ocasiones el Estado colombiano ha sido objeto de sanciones y llamadas de atención como responsable de actos de barbarie y vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas, sin que hasta el momento con todo y las exigencias internacionales erradique las prácticas conducentes al exterminio y discriminación de los pueblos indígenas.
Así lo demostró el relator especial de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen en su informe y recomendaciones de noviembre 2004, donde incluso propone el establecimiento de una comisión internacional independiente que vigile su cumplimiento.
Haciendo eco de las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas y para visibilizar a nivel internacional la crisis humanitaria y de vulneración de sus derechos que viven los pueblos indígenas de Colombia, para avanzar en la reparación y contra la impunidad, para exigir respeto por la autonomía, por gobiernos propios, las iniciativas de paz y procesos de resistencia , para establecer mecanismos de protección territorial y cultural, para demandar protección por sus recursos naturales de biodiversidad y genéticos y para que los pueblos indígenas sean excluidos de la guerra y de los tratados de libre comercio entre otros temas que los afectan y amenazan, la ONIC, OIA, CRIT, CRIC y Waya Wayuu, convoca a los sectores democráticos del país y a la comunidad internacional, para establecer la Misión Internacional de Verificación de la crisis humanitaria que viven los indígenas en Colombia.
Justificación.- Los Pueblos Indígenas han resistido desde las fortalezas que les otorgan sus culturas ancestrales, bajo un panorama de indefensión y vulnerabilidad auspiciado por la indiferencia del Estado, como una estrategia de control y sometimiento político, noventa y cuatro (94) pueblos indígenas, con una población que supera las 744.000 personas, viven en Colombia en medio de conflictos territoriales y del fuego cruzado de una guerra ajena, frente a la cual diariamente manifiestan su neutralidad y la indeclinable voluntad de no ser involucrados.
Infortunadamente en nuestro país los reclamos y asuntos de los pueblos indígenas, tanto sociales como institucionales, se resuelven con asesinatos, ejecuciones sumarias extrajudiciales, operativos militares brutales, torturas, desapariciones, amenazas, confinamiento, detenciones arbitrarias, incertidumbre alimentaria, desplazamientos forzosos y legislando desde el establecimiento en contra de sus derechos culturales, colectivos, económicos y humanos.
Sin excepción, ningún pueblo indígena de Colombia, está libre de amenazas y riesgos o posee garantías para darle continuidad a su existencia y realizar sus proyectos propios de vida con autonomía y seguridad. Del total de pueblos indígenas del país, veintiocho (28) poseen menos de quinientos habitantes y en su conjunto suman 6.055 personas, esto es el 30.4% del total de pueblos y menos del 1% de la población indígena nacional.
Adicionalmente, quince (15) pueblos indígenas presentan menos de doscientos habitantes y seis (6) menos de cien.
Estos pueblos invisibles que están siendo diezmados sistemáticamente y conducidos a la extinción demográfica, carecen de mínimas condiciones humanas de existencia; algunos ni siquiera son reconocidos por las instituciones del Estado en su condición étnica y la gran mayoría tienen problemas con sus territorios ancestrales, ya sea porque carecen de titulación y delimitación de ellos, o porque estos se han convertido en escenarios de guerra y muerte como le acontece al pueblo Amorúa de la Orinoquía.
De los noventa y cuatro (94) pueblos indígenas que presenta Colombia, cincuenta y cuatro (54), el 57.5%, habitan en la Amazonia. De veintiocho (28) pueblos indígenas con menos de quinientos (500) habitantes, veinte (20) de ellos, esto es, el 71.42%, están asentados en la Amazonía y presentan los índices más bajos de poblamiento de todo el país, cuatro pueblos presentan menos de sesenta (60) habitantes.
De la población indígena nacional, esta región alberga 17.285 personas, según ALDHU, que corresponden al 2.32% del total, siendo el pueblo con mayor número de miembros el Uitoto con 7.840 habitantes y el de menor poblamiento el Taiwano, también conocido como Tajuano o Eduria, con 22 personas.
En estos momentos dieciocho pueblos indígenas se encuentran en situación de emergencia por la violación de sus derechos humanos, constreñidos en su movilidad, obligados al desplazamiento, con incertidumbre alimentaria, confinados en su territorio, resistiendo fumigaciones aéreas y bombardeos, viendo invadidos sus territorios y vida cotidiana por maquinaria para explorar y extraer hidrocarburos, minerales y madera; soportando la proscripción de sus organizaciones y la persecución y asesinato de sus autoridades y dirigentes.
Además, amenazados y resistiendo los ataques y provocaciones de los actores armados, la colonización de sus territorios, la implantación de megaproyectos, la violencia de los narcotraficantes; soportando el reclutamiento forzoso de sus jóvenes para la guerra, compartiendo espacios con minas anti personales, entre otros flagelos que les impiden la realización y protección de sus derechos.
La existencia de los pueblos indígenas de Colombia, se torna aún más crítica con la sistemática violación de sus Derechos Humanos, culturales, territoriales y colectivos.
Teniendo en cuenta el contexto presentado sobre la situación de los Pueblos Indígenas en el país, se puede asegurar que las recomendaciones realizadas por el Relator Especial de Naciones Unidas, para Pueblos Indígenas, no se han desarrollado, ni cumplido, lo cual permite sustentar a partir del número de asesinatos selectivos a líderes indígenas en los últimos tres años: 309 asesinatos de indígenas.
En tanto los indígenas reclaman justicia del Estado para los responsables de estas más de 309 muertes, la impunidad reinante en Colombia permite que los asesinos prosigan sembrando el terror y se les premie con procesos de desmovilización que legaliza el paramilitarismo sin realizar salidas al conflicto armado, a la impunidad y reparación
para los colombianos...
A pesar de que Pueblos y organizaciones Indígenas(4) tienen Medidas Cautelares y de Protección, los asesinatos continúan, se ha demandado al Estado ante al Corte Interamericana de Derechos Humanos y sin que el Estado y el Gobierno Nacional, asuman su compromiso constitucional e internacional para que los Pueblos Indígenas pervivan como culturas Vivas.
Frente las reiteradas vulneraciones de los DDPPII, DDHH, infracciones al DIH de los pueblos indígenas de Colombia sólo la intervención de la comunidad internacional y los sistemas de protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OEA, puede garantizar la existencia y la realización y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país.
La Comisión Internacional de Verificación y Vigilancia de los Derechos Humanos, culturales y colectivos de los pueblos indígenas, debe ser una realidad con competencias ciertas, para los indígenas de Colombia. De las acciones emprendidas por esta instancia, depende en buena medida el destino de los pueblos indígenas nacionales.
Esperamos no estar en el mediano plazo, anunciando a la comunidad internacional que cuarenta y ocho pueblos indígenas han desaparecido por sustracción de materia del mapa étnico de la República de Colombia.