Adital, 7 de julio 2006.- Según informaciones de la Acción Brasilera por la Nutrición y Derechos Humanos (ABRANDH), la situación de los pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul es gravísima.

La Relatoría Nacional para los Derechos Humanos, Agua y Tierra Rural, de la Plataforma DHESCA Brasil, divulgó el informe de la misión que investigó las denuncias de violaciones de los derechos humanos del pueblo indígena guaraní-kaiowá que vive en el Estado de Mato Grosso do Sul. Entre los días 16 y 18 de mayo de 2006, la misión visitó aldeas y campamentos en los municipios de Dourados y Antonio João.

Datos del Concejo Indigenista Misionero (CIMI) señalan eso con nitidez: de los 43 asesinatos de indígenas registrados en 2005, en Brasil, 29 se registraron en Mato Grosso do Sul; de los 31 suicidios de indígenas en Brasil, en 2005, 28 ocurrieron en Mato Grosso do Sul; de las 43 muertes registradas de niños indígenas por desnutrición en Brasil (enero a julio de 2005), 31 acontecieron en Mato Grosso do Sul.

Entre las otras situaciones investigadas por la Relatoría se encuentran la existencia de 15 campamentos en los costados de carreteras y las denuncias de impunidad de personas que cometieron agresiones contra los pueblos indígenas. El informe critica la omisión y la falta de compromiso del poder público en la tarea de proteger, respetar y promover los derechos humanos de los indígenas.

Dos marcas de ello son la morosidad (cuando no la parcialidad y la discriminación) del Poder Judicial y la incapacidad del gobierno federal para agilizar los procesos de reconocimiento y demarcación de las tierras indígenas. Al final, es presentado un conjunto de 41 recomendaciones dirigidas a los Poderes Ejecutivo (federal, municipal y estadual), Legislativo (nacional y estatal), Judicial (STF y Ministerio Público) y también a la sociedad civil.

Al Ministerio de Justicia le recomienda realizar, en cooperación con los pueblos indígenas, una propuesta de plazos definitivos para la homologación de las tierras en Mato Grosso do Sul y también en Santa Catarina.

El documento también sugiere que el presidente de la Funai (Fundación Nacional del Indio) debe ser responsabilizado administrativamente por no cumplir los plazos indicados por el decreto 1775/96 para los procesos de homologación de las tierras indígenas.

Además de las visitas a las aldeas, el día 18 de mayo, hubo una reunión con el Ministerio Público Federal de Mato Grosso do Sul y, el mismo día, fue realizada una audiencia pública, que contó con la presencia de cerca de 80 personas, representantes de los pueblos indígenas, entidades de la sociedad civil, estudiosos y especialistas en cuestiones indígenas, FUNASA, Comisión de Derechos Humanos de la OAB-MS, Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), entre otras organizaciones.

Participaron de la misión, además del relator nacional, Flavio Valente, representantes de entidades de la sociedad civil: FIAN Brasil, Centro de Defensa de Derechos Humanos Marçal de Souza (CDDH), Concejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Mato Grosso do Sul (CONSEA-MS) y el CIMI. El CONSEA nacional también apoyó la misión.

Traducción: Daniel Barrantes - [email protected]