Hace algunas semanas, me encontraba culminando el almuerzo dominical, cuando recibí una angustiada llamada telefónica para avisarme de un nuevo suceso de violencia en Huancabamba, Piura. Se desarrollaba en dicha localidad un foro sobre Minería, Agricultura y Desarrollo Sostenible y había aparecido un grupo de matones que arrojaron piedras y huevos a los participantes en el foro y se habían llevado secuestrados a algunos de los asistentes con destino desconocido.

Desde el año 2002, Huancabamba se encuentra en estado de conmoción social por la presencia de la empresa británica Monterrico Metals que bajo el nombre de Majaz pretende explotar un yacimiento minero en la zona limítrofe con la provincia de Ayabaca. Majaz viene operando de manera ilegal dentro del territorio de dos comunidades campesinas (Segunda y Cajas en Huancabamba y Yanta en Ayabaca). Según el artículo 11 de la Ley 26505 no puede disponerse del territorio de una comunidad sin contar con el acuerdo de las dos terceras partes de los comuneros y Majaz sólo ha podido aducir que algunas personas en ambas comunidades la respaldan. Su presencia, por lo tanto, constituye una usurpación que parece propia de una novela indigenista.

La violenta irrupción al foro también lo parecía, porque la turba de matones se encontraba al mando de Raúl Urbina, uno de los gerentes de la empresa. En realidad, lo ocurrido se sumaba a una larga serie de hechos de violencia: la destrucción de la emisora ambientalista La Poderosa, las golpizas padecidas por el periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzén, las descabelladas denuncias por terrorismo realizadas por Majaz contra el Padre Gerardo Calle y varios agentes pastorales, las campañas de difamación desde el diario Correo de Piura y el programa televisivo Panorama contra quienes se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de Chulucanas, Daniel Turley y el jesuita Francisco Muguiro y la muerte de los campesinos Reemberto Herrera y Melanio García por acción de las fuerzas policiales.

En el foro del 12 de marzo, los agricultores piuranos, así como los de San Ignacio y Jaén en Cajamarca, expresaban su preocupación porque la explotación minera contamine las fuentes de agua y afecte la producción agropecuaria, especialmente de productos orgánicos como el café y el plátano. Ante los hechos de violencia, varias personas desde Lima y Piura tuvimos que llamar para pedir una intervención policial urgente, porque en un principio la reacción era bastante pasiva. La policía finalmente logró rescatar a los secuestrados incluyendo a una joven integrante de la ONG Cooperacción, se salvó de ser golpeada porque la tomaron por periodista. En el caso de Vicente Alcorta, que había llegado desde Tambogrande, la confusión tuvo consecuencias mucho peores: los policías lo encontraron amarrado y en estado inconsciente por la paliza recibida. Parece ser que los criminales lo habían confundido con el alcalde de San Ignacio, que se encontraba entre los participantes del foro.

Los informes policiales no sólo acreditan la presencia de Urbina, sino de otros empleados de la empresa, quienes alquilaron un equipo de sonido para interrumpir con arengas el evento, transportaron en diversos vehículos a los matones y hasta compraron los huevos. Ningún proyecto minero en el Perú ha pretendido ser llevado a cabo con costos sociales tan altos ni una participación tan directa de la misma empresa en promover la violencia.

En los últimos días, integrantes del inminente gobierno aprista vienen sosteniendo que el régimen de Toledo les está dejando varias bombas de tiempo. En el caso de Majaz es muy cuestionable el respaldo del Ministerio de Energía y Minas a una empresa que usurpa las tierras de dos comunidades. El Ministerio del Interior ha actuado normalmente para defender los intereses de aquélla y no de los campesinos cuyas tierras han sido usurpadas. Evidentemente, de esta forma, el Estado peruano pierde legitimidad en la zona.

Sin embargo, no sólo se trata de la responsabilidad del régimen que termina: el gobierno regional de Piura, en manos del Partido Aprista, también ha respaldado a la empresa Majaz y ésta ha tenido como uno de sus principales voceros a Remigio Morales Bermúdez, importante integrante de este partido. En todo caso, el APRA ha puesto su propio aporte para la bomba de tiempo que existe en la frontera norte.

Los alcaldes y las organizaciones campesinas de estas cuatro provincias han formado el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte y llegarán esta semana a Lima para exigir que se suspendan las operaciones de Majaz. En los próximos meses, el Frente ha convocado a una consulta popular respecto a la opinión de la población sobre la actividad minera en la región. Esperamos que el nuevo gobierno respete la voluntad popular y así se evite que los problemas sociales se agraven.

Fuente: Reflexiones Peruanas Nº 102

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