Lima, 29/05/2006 (CNR) - Las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, San Ignacio y Jaén iniciaron hoy, lunes, un paro macrorregional de 48 horas en protesta contra el proyecto minero Río Blanco que desarrolla la empresa Majaz.

El Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, organizador de la medida de fuerza, demandan al Ejecutivo defender las tierras de los campesinos, las cuales han sido expropiadas a favor de la citada compañía.

El corresponsal en Huancabamba de Radio Cutivalú, Ramón Álvarez Andrade, informó que los centros de abastos en esta provincia atienden de manera restringida; de igual modo, se preve que la población saldrá a las calles en las próximas horas.

Por su parte, Ramiro Ibánez Ibáñez, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, insistió en la necesidad de que el gobierno central tome cartas en el asunto, toda vez que las operaciones de Majaz han perjudicado el equilibrio ecológico de la zona.

De igual modo, denunció que los dirigentes ronderos son objeto de persecusión por parte de algunas autoridades, al punto que los han acusado de narcoterroristas por defender la legítima propiedad de los agricultores.

En ese sentido, exhortó al próximo gobierno a permitir a los pueblos elegir su propio modelo de desarrollo. "Es inconcebible que las autoridades no tomen en cuenta la voluntad del pueblo", lamentó.

A su turno, Quique Rodríguez, asesor legal del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, acusó a Majaz de utilizar a la Policía para obligar a los comuneros a firmar autorizaciones a su proyecto, cuando el mismo es rechazado mayoritariamente.

Tal es así que, por encargo de la minera, se ha implementado un puesto policial en Carmen de la Frontera, donde 30 miembros de la DINOES hostilizan a la población.

De igual manera, criticó que los representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se hayan retirado unilateralmente de la mesa de diálogo instalada para resolver el conflicto.

Por lo anterior, pidió al próximo gobierno la derogatoria de los decretos supremos 022 y 023 de concesión minera del proyecto Río Blanco y el cese inmediato del acoso judicial a los ronderos.

"Esperamos que quien asuma el poder demuestre una mayor sensibilidad y preocupación por los derechos de la gente y no solucionar estos problemas desde el interés de las empresas transnacionales", acotó.

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El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú hace llegar la siguiente nota de prensa, con el ruego de su difusión:

Ante la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de suspender su participación en la Comisión de Diálogo sobre el caso de la empresa Minera Majaz, la que se conformó gracias al impulso y voluntad de las poblaciones de las provincias de Huancabamba y Ayabaca en la Región Piura y de San Ignacio y Jaén en la Región Cajamarca, el Frente por el Desarrollo Sostenible de laa Frontera Norte del Perú, colectivo integrado por alcaldes provinciales y distritales, Comunidades y Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, organizaciones sociales y demás instituciones de dichas localidades, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

Que lamentamos la decisión tomada por el Ministerio de Energía y Minas, que trunca un proceso en el que se habían logrado avances en materia de verificación de la situación de ilegalidad de la empresa Minera Majaz y la constatación de la sistemática violación de derechos por parte de la Policía Nacional y por parte de los miembros de la empresa Minera Majaz.

Pese a ello manifestamos nuestra inquebrantable voluntad de continuar en u proceso de diálogo con el Estado, puesto que se trata de las autoridades que constitucionalmente deben velar por la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, y siendo que existen en este momento situaciones no esclarecidas de ilegal presencia de la empresa Minera Majaz y de violaciones de derechos humanos en territorios de las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), no se puede pretender otros actores en el proceso.

Ante esta situación, solicitamos que la tarea a la que la Defensoría del Pueblo se comprometió en el proceso de diálogo, de emitir un informe defensorial sobre la legalidad de la presencia de la empresa Minera Majaz en Ayabaca y Huancabamba, no se vea afectada por la decisión del MEM.

Asimismo, solicitamos a la Diócesis de Chulucanas, a través de Monseñor Daniel Turley, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que pueda impulsar, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la emisión del informe sobre la visita realizada a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, a fin de que la opinión pública pueda conocer la verdad de los hechos de violencia generados desde que la empresa Minera Majaz se ha apostado en dichas localidades.

Demandamos a las autoridades que se respete el derecho de la población a decidir sobre su desarrollo, a través de un proceso previo de información que culmine con una Consulta Popular, donde ellos puedan participar de manera libre y espontánea, y tomar la decisión sobre la realización de actividades mineras en su territorio.

Esperamos que sea la razón la que prime en las decisiones del Estado, y no continúe siendo la fuerza, la que ya ha cobrado la vida de dos personas que sólo han defendido el derecho de sus hermanos a vivir en paz y con la esperanza de un desarrollo sostenible.

Piura, 26 de mayo de 2006

Con el ruego de su difusión.

Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú