La abogada Lida Acuña, asesora sobre asuntos étnicos del Ministerio Público de Paraguay, señaló el lunes que los miembros de la comunidad indígena enxet, asentados en el departamento de Presidente Hayes, al centro del país, son víctimas de un “genocidio” por parte de hacendados de esa región.

Acuña, que visitó días atrás estas comunidades, señaló que los indígenas sufren a diario “expulsiones violentas, amenazas de muerte y prohibición de cazar”.

Opinó que estas acciones pueden corresponder a la tipificación del “delito de genocidio” en un artículo del Código Penal.

“Dispersar a una comunidad indígena de su territorio es un hecho que podría ser insertado dentro de ese artículo penal”, explicó Acuña.

Informó también que empleados de la empresa El Algarrobal, propiedad de Jorge Oviedo Matto, senador nacional por el partido Unace, desalojaron en “forma violenta” a los indígenas, y “prohibieron en varias ocasiones” el ingreso de inspectores a la hacienda.

El senador Carlos Filizzola, del partido País Solidario, señaló la semana pasada su “preocupación” por las “reiteradas” violaciones a los derechos humanos contra las comunidades enxet.

Filizzola pronosticó que los indígenas denunciarán al gobierno paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según dijo, el gobierno se verá obligado a pagar “cuantiosas sumas” de indemnización, como ya ocurrió en “varias ocasiones”.

“Este es un pueblo que sufre la violación de sus derechos desde hace tiempo. Tienen problemas de acceso a la salud, a la educación escolar e incluso tienen problemas con los propietarios de las tierras de la zona para transitar libremente”, opinó Filizzola.

Se calcula que la población enxet suma unas 17 mil personas, que en su mayoría trabajan como empleados temporales en haciendas ganaderas del occidente paraguayo.

Fuente: Neike Fuente de foto: www.tierraviva.org.py