Willanakuy, 16 de septiembre de 2005.- En el Perú la minería crece día a día, alentada por los altos precios internacionales de los metales y una legislación nacional favorable. Éstas condiciones han favorecido la presencia de todos los grandes inversionistas trasnacionales. Este crecimiento ha significado que en territorio de las comunidades y pueblos se multipliquen las concesiones y actividades mineras en seis veces; afectando a más de 3,200 comunidades campesinas y poblaciones urbanas, en su forma de vida, su organización, su producción agropecuaria, su salud humana y consecuentemente en el uso irracional del agua deteriorando su calidad desde las nacientes de las cuencas hasta los valles, empobreciendo aun más al tercio de la población que vive de las actividades agropecuarias

Frente a los hechos señalados en el párrafo anterior  y la realización de la XXVII Convención Minera en Arequipa, las comunidades afectadas por la minería organizadas en la Conacami - Perú y reunidas en la Asamblea Macroregional del Sur, expresamos a la opinión pública lo siguiente:

PRIMERO.- La reunión de la excluyente y millonaria XXVII Convención Minera en Arequipa, es para reunir al empresariado minero transnacional, socios peruanos y  sus empleados que son: sus funcionarios, proveedores y sus aliados como los alcaldes, políticos comunicadores sociales y funcionarios del estado, que en la intención  de seguir logrando acuerdos políticos a su favor, hacen  lobby en los pocos invitados de la sociedad civil.

SEGUNDO.- En la XXVII Convención Minera el gran ausente ha sido los representantes de las comunidades afectadas, que siguen viviendo la exclusión estructural del Estado y en cuyos territorios se vienen desarrollando las actividades mineras afectando sus derechos humanos y quienes viendo alzando su voz para que los respeten y traten dignamente; sin embargo son perseguidos por el estado y difamados por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), llegando a sumar más de 600 dirigentes enjuiciados. La convención no analizó como resolver los conflictos mineros en todo el país, por ello queda claro que la minería esta en contra de las comunidades y sus demandas.

TERCERO.- La actividad minera ha desplazado a cientos de comunidades de sus territorios ingresando de manera arbitraria o bajo la compra-venta, servidumbre , ha contaminando las fuentes de agua, los campos de cultivo y el agua de consumo, empobreciéndolo mucho más según las propias estadísticas del INEI, demostrándose con ello su ineficiente contribución al desarrollo de las comunidades.

CUARTO.- Los pocos impuestos que paga como el impuesto a la renta (canon), vigencia minera y regalías, no llega ni un céntimo a las comunidades afectadas, habiéndose descubierto contratos de estabilidad tributaria suscritos bajo el gobierno corrupto de Fujimori, los mismos que el actual régimen avala, perjudicando el ingreso económico del país.

QUINTO.- Tenemos un estado débil, corrupto, ausente de las regiones y pareciera que quienes gobiernan son las empresas mineras. En los territorios comunales son las empresas mineras bajo su forma de imposición colonial han hecho que se siga afectando la vida de la gente y en zonas como en el norte del Perú se han asesinando personas, se persiguen dirigentes y a la organización de los afectados como es la Conacami, denunciándolo y difamándolo por defender a sus asociados y a quienes sufren las consecuencias de la inversión  minera.

SEXTO.- Exigimos que basta de tratos y acuerdos de este tipo que solo beneficia los intereses de las transnacionales para ganar más dinero explotando los recursos naturales de explotación de la materia prima sin una perspectiva clara social y ambientalmente. Por ello llamamos a un acuerdo nacional de los movimientos sociales y la sociedad civil para debatir la real situación y el desarrollo más viable para el país.

SÉPTIMO.- Exigimos una nueva Constitución Política del Estado para refundar el país, restituyendo los  derechos para los peruanos, reestructurando el estado sin exclusiones con los aportes de todos los actores de este país, declarando el  agua como un derecho humano, pago justo y real de los sueldos e impuestos.

OCTAVO.- Proponemos y exigimos al Estado los siguientes temas como agenda minera:

• Revisión General de la Ley General de Minería· Derogatoria de la Ley de Servidumbre.
• Pago de un real canon minero de acuerdo al volumen de producción y no sobre un porcentaje de un impuesto a la renta.
• Fiscalización ambiental con participación de la sociedad civil.
• Reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
• Cese a la difamación de la Conacami - Perú y a la persecución política con enjuiciamiento  de sus dirigentes.
• Consulta a las comunidades para  su libre determinación y elegir el modelo de desarrollo sostenible para su futuro.

NOVENO.- Convocamos a una tercera movilización nacional por la Vida, el Agua, la Tierra y el Agro a los dirigentes y líderes de las comunidades campesinas afectadas por la minería para el día 20 de octubre del 2005,  para exigir nuestros derechos frente a la injusticia que vivimos.

Arequipa, 16 de septiembre de 2005.