Por Ramón H. Potosme

El Nuevo Diario, 27 de septiembre, 2009.- El diputado Brooklyn Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Aslatakanka (Yatama) y presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional tiene una gran responsabilidad, pero, optimista, vaticina que la última semana de octubre de este año será sometido al plenario y aprobado.

Esto significa que desde hoy hasta el 31 de octubre quedan 33 días. Los diputados y el gobierno están a prueba y en observación de parte de los 22 pueblos del pacífico centro y norte de Nicaragua y de las comunidades indígenas de la Costa Caribe que aglutinan a 8 culturas indígenas y dos afrodescendientes.

Los chorotegas, sutiabas, matagalpas, nahoas, mayangnas, miskitos, ramas, creoles garífona y ulwas esperan los resultados de presiones efectivas del gobierno a través de la Bancada del Frente Sandinista y, el PLC debe demostrar que ninguno de sus diputados tiene ataduras ni intereses en los territorios comunales de los pueblos indígenas.

Pero la explicación a tanta espera son las obligaciones que adquiere el Estado de Nicaragua con este tratado. Los derechos que reivindica, según explica Rivera, significan un cambio en la visión del país y la aceptación de su realidad multicultural.

Las obligaciones

El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue aprobado el 11 de junio de 1989 en Ginebra, Suiza. En éste se establece que los gobiernos de los Estados que lo ratifiquen deben consultar sobre toda política o programa gubernamental que involucre a los pueblos y comunidades indígenas. Pero no da tregua a que sólo se consulte disimuladamente sino que prevé la obligación de facilitar los mecanismos para que todos sean tomados en cuenta.

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural, señala el convenio.

El derecho a la tierra

El convenio ratifica la tenencia y la existencia de propiedad de régimen colectivo de las comunidades indígenas. En ese sentido, Rivera señala la importancia de la aprobación de este instrumento jurídico porque se convertiría en Ley de la República y abarca más allá de las comunidades del Caribe e incluye a las del Pacífico que viven una precaria situación de sus tierras.

Tengo que confesar que habían algunos representantes de la costa Caribe que ante este convenio piensan que está a un nivel inferior de la Ley de Autonomía y que el convenio es innecesario, pero nosotros tenemos otra opinión y una de las funciones es que este convenio tiene un ámbito nacional, ahora va a cubrir a los otros pueblos indígenas que hay en Nicaragua, señaló Rivera.

El diputado, además señaló que en las mismas instituciones del Estado existe la percepción que los indígenas sólo existen en el Caribe por lo que tradicionalmente las leyes están enfocadas hacia esa región.

Tierra es como carne de leones

En la mayoría de los 22 pueblos del Pacífico Centro y Norte, hay denuncias de titulación de tierras a terceros por parte de la intendencia de la propiedad. En el pueblo indígena de El Viejo, Cristóbal Moreno, presidente de la junta directiva asegura que titularán el territorio de la Virgen del Hato que está dentro de sus títulos reales. En Matagalpa y Litelpaneca la intendencia de la propiedad titula a favor de desmovilizados del Ejército y de la Resistencia Nicaragüense.

En Veracruz de El Zapotal y el Viejo denuncian injerencismo de parte de la comuna algo que sería inconcebible de aprobar este convenio. Además permite a los pueblos indígenas acceder a tierras que tradicionalmente han ocupado y obliga al Estado a que garantice la titulación y la protección de la propiedad comunal.

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia, establece el convenio.

BDN dice aprobarla

Por su parte el diputado Augusto Valle miembro de la Comisión de Asuntos étnicos de la AN asegura que han desempolvado el convenio y que con apoyo del Banco Mundial lo han dado a conocer en las comunidades de la costa Caribe desde donde se percibe mucha esperanza en los líderes indígenas. Pero señaló a los diputados del PLC, Francisco Sacasa y Víctor Duarte de no apoyar y ni siquiera asistir a las sesiones de la comisión.

Hay algunos diputados que tienen problemas sobre todo en la RAAS, hay diputados que riñen con esto porque ya han tenido serios problemas en el territorio, y como son mestizos no sienten mucho el sentimiento indígena, pero esto debe ser una realidad para darle un marco jurídico y establecer donde tienen sus tierras, la cultura indígena está basada en la tenencia de la tierra, dijo Valle.

Sacasa ofrece respaldo

Pero Sacasa niega que tenga algún interés en particular y asegura con firmeza que aprobará junto al resto de su bancada el convenio. De lo que sí dijo que había que meditar más, es sobre la Ley de Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y Norte.

Yo creo que con este convenio venimos a dar más seguridad a los pueblos indígenas, en Nicaragua quedan protegidos, se ha consultado con la Costa Atlántica y vamos a llamar a los indígenas del Pacífico central, dijo Sacasa.

Mientras el diputado Francisco Jarquín de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, asegura que los votos de su bancada están disponibles para aprobar el convenio, pero señala al gobierno y a la bancada del FSLN de no empujarlo y manejar un doble discurso porque termina sin aprobarlo.

Este gobierno de manera muy superficial y teórica dice que respalda, pero no quiere hacer un verdadero desarrollo integral de la Costa Caribe, que es donde está la mayor presencia de comunidades indígenas. Yo estoy seguro que si el FSLN tuviera la anuencia de aprobarlo ya lo hubiera hecho, dijo Jarquín.

El diputado de la Región del Atlántico Sur, RAAS, Standford Cash Dash, de la Bancada Democrática asegura que este convenio será aprobado en muy poco tiempo y rechazó al igual que los demás legisladores que sea retomado como un tema de campaña en las elecciones regionales de la Costa Caribe en marzo de 2010.

Minsa y Mined listos

Brooklin Rivera por su parte asegura que sólo le queda por hacer tres consultas en las que llamará a los pueblos del Pacífico para que manifiesten sus preocupaciones. Entre tanto dijo que al menos del Ministerio de Educación, Mined y del Ministerio de Salud, Minsa, ya están preparados para implementar el convenio.

Según Rivera de nada serviría adoptar el convenio si no se preparan las condiciones para aplicarlo. El convenio destaca la obligación del Estado de garantizar salud y educación aplicada a la realidad indígena.

El diputado asegura que en materia de educación hay avances con el programa de regionalización del programa educativo para las regiones autónomas que es lo que recoge el convenio para que la administración y la educación recaiga en indígenas. Por ello asegura que también se debe crear capacidades para adoptar esa regionalización de la salud.

Entonces van creando capacidad local para que asuman el control sobre estos programas, también avances en infraestructura, dotación de recurso, personal y suministro médico a pesar de las limitaciones hoy por hoy estamos en condiciones de adoptar este convenio, aseguró Rivera.

La historia desde los indígenas

Este tipo de programas que devienen del convenio, garantizan la sobrevivencia de la cultura, pues en la educación se le enseña la historia desde la perspectiva indígena y la realidad cultural desde la cosmovisión de estos pueblos. También evita el rezago en que se encuentran los pueblos indígenas donde la mayor parte de los pobres del país. Según Rivera, Prinzapolka es el municipio más pobre de Nicaragua y ahí la inmensa mayoría es población miskita.

De manera que estos elementos y en lo general permiten brindar servicio al mismo nivel del resto de la población nacional, ese es el esfuerzo que debe hacer el gobierno de por lo menos llevarlo a ese nivel, señaló Rivera.

Rivera considera que el largo retraso en la aprobación del convenio se debe a la falta de voluntad política, pues no hay ningún actor que esté en desacuerdo y afirma que los 38 votos del FSLN están a disposición.

Espero que se reúnan los votos necesarios, los otros diputados participan con entusiasmo y dicen que respaldan plenamente, no hay obstáculos, pues todos los actores están contentos, afirmó Rivera.

---

Fuente: El Nuevo Diario: http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/58095