Servindi, 19 de agosto, 2009.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra el Estado peruano por violaciones de derechos humanos en perjuicio de los pobladores de la provincia de La Oroya. (Imagen: tierralimpia.net)

- CIDH acepta denuncia contra el Estado, 19 de agosto, 2009 (2 minutos, 35 segundos. Descargar archivo mp3 con un clic derecho en el enlace y elegir guardar como)

El documento acusatorio fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), apoyada en Perú por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

La CIDH considera las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas como consecuencia de acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental derivada del complejo metalúrgico que funciona en La Oroya, mencionaron las organizaciones.

Y agregaron que de ser probadas podrían caracterizar violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (vida) y 5 (integridad personal) de la Convención Americana.

El organismo internacional también estudiará las acciones del Estado respecto al acceso a la información de la situación del ambiente y de la salud humana, y las presiones a las personas que pretenden difundir esta información.

Adicionalmente, se investigará si el retardo injustificado para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, que ordenó acciones de protección a la salud pública en la ciudad, puede constituir también violaciones al acceso a la justicia y a la garantía judicial.

Esta denuncia responde a la falta de medidas del Estado peruano que, por lo menos desde hace 10 años, conoce los impactos de la contaminación en las personas y el ambiente, señaló la co-directora de AIDA, Astrid Puentes.

Añadió que si bien ha habido algunas acciones en La Oroya, éstas no han sido efectivas para mejorar la salud y el ambiente; como han declarado el Tribunal Constitucional peruano e incluso el mismo Ministerio de Salud, y también menciona la Comisión.

La admisión de la demanda por la CIDH se produce en paralelo a las negociaciones entre el Gobierno peruano y la empresa Doe Run Perú, dueña del complejo metalúrgico, para una posible nueva ampliación al Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).