Servindi, 24 de junio, 2009.- Los parques nacionales Bella Durmiente, Cordillera Azul y Río Abiseo, la reserva nacional del Tambopata y la zona reservada de Güeppi sufren la presencia de cultivos de hoja de coca ilegal, según denunció la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). (Imagen: Mininter)

"Estos ilícitos cultivos que generan deforestación, degradación de los suelos y la contaminación del medio ambiente y la salud pública", señaló el reciente informe elaborado por el Sistema de Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca Ilegal de la ONUDD.

El estudio indicó que el avance de la frontera cocalera hacia las áreas naturales protegidas no sólo comprende las zonas de amortiguamiento. En varios casos los cultivos ilegales ingresaron a las propias zonas protegidas.

El jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Luis Alfaro, mostró su preocupación porque el "informe de Naciones Unidas coordinado con autoridades peruanas constata que hay un avance en los impactos del cultivo de coca principalmente en las zonas circundantes a las áreas protegidas" en declaraciones a Inforegión.

Según el Informe, el ingreso de estos cultivos ilegales alcanza el 0,25% en el Parque Nacional de Tingo María, mientras que en Cordillera Azul llega a 1,52% y en Río Abiseo alcanza el 0,18%.

De la misma manera, el Informe alerta sobre el avance de la frontera cocalera en el parque nacional Bahuaja Sonene y en la reserva nacional del Tambopata, así como en la zona reservada del Gueppi.

"La cuenca de Inambari-Tambopata alberga 2 mil 959 hectáreas de coca y en San Gabán existen unas 500 hectáreas de cultivos", señaló el documento presentado públicamente.

El incremento de los cultivos de hoja de coca ilegal es atribuido a la proximidad de estos parques nacionales y reservas a las zonas de gran concentración de este tipo de cultivos.

Además, a "la represión del narcotráfico que obliga al desplazamiento de los sembríos a otras zonas", sostuvo la ONUDD.

El organismo exhortó a las autoridades nacionales, regionales y locales a prestar mayor atención a esta preocupante tendencia y manifestó la necesidad de redefinir las estrategias para el uso de los recursos dentro de las zonas de amortiguamiento y de las áreas protegidas.