Por Bartolomé Clavero

Tras diversos informes en los que la Defensoría de Pueblo del Perú venía dictaminando la ilegitimidad de la política del Gobierno durante los últimos tiempos que no sólo viene ignorando la obligación contraída internacionalmente de consultar con los pueblos indígenas para cuantas medidas les afecten, sino que también ha venido desmantelando por una serie de decretos legislativos el ordenamiento que ya existía en Perú a dicho efecto

, el jueves cuatro de junio la misma Defensoría acaba de interponer ante el Tribunal Constitucional una bien fundada demanda de inconstitucionalidad contra uno de los principales entre dichos decretos. Estos mismos días el Congreso de la República había de votar el dictamen de su Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, cuyo dictamen también ha sido adverso para el mantenimiento en vigor de dichos decretos. El Gobierno reacciona provocando una masacre de indígenas el viernes cinco de junio.

Por dicha política, el Gobierno también ha podido empezar a sentirse contra las cuerdas en el ámbito internacional o al menos en el sector que interesa a los derechos de los pueblos indígenas. En febrero de este año el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo le dirigió sus observaciones críticas al respecto instándole, frente a la regla usual de informes periódicos, a que respondiera con urgencia, lo que viene eludiendo.

En su sesión de la segunda mitad de mayo, el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas apreció la novedad de dicho procedimiento de urgencia en la supervisión de obligaciones internacionales para casos tan flagrantes. Además de organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales que transmitieron su preocupación, a esta sesión del Foro asistieron la Presidenta de la Comisión Multipartidaria, Gloria Ramos, y la diputada Hilaria Supa, quienes estuvieron informando. Concluida la sesión, el martes dos de junio la Presidenta del Foro Permanente, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público un comunicado manifestando alarma e instando al Gobierno del Perú a la rectificación.

La masacre del día cinco es una masacre anunciada y no se sabe si buscada. Ante el empecinamiento del Gobierno, la movilización amazónica paraliza instalaciones de industrias extractivas cuyo establecimiento no ha sido consultado y bloquea las vías de comunicación entre ellas y con el exterior. El Gobierno no se aviene a razones, a las razones de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Multipartidaria del Congreso y del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Opta el Gobierno por el conflicto. Incrementa la militarización de la zona.

El viernes ocho de mayo decreta la suspensión de las libertades personales y los derechos políticos en la zona amazónica, no esperando siquiera para aplicar el decreto al debido requisito de la publicación oficial que se produce con toda urgencia al día siguiente. La Constitución de tiempos de Fujimori, que es la que sigue en vigor, facilita este género de cosas. Teniendo perdidas las razones todas del derecho, opta por la sinrazón del conflicto violento. Espera suscitar el temor y, si es necesario, derramar la sangre que desanime a quienes optan en cambio por los caminos del derecho.

No nos limitemos a indignarnos ante la masacre. Enarbolemos las armas justas del derecho. Exijamos el juicio de sus responsables. Cuando inició con verdadera determinación su nefanda política de cara a los pueblos amazónicos, el Presidente del Perú, Alan García, calificó a los indígenas como "perros del hortelano", perros que, como reza el refrán clásico español, ni comen ni dejan comer, esto es, ni disponen ni dejan disponer de sus territorios y recursos.

Para el supremacismo criollo, ya se sabe que es puro desperdicio el manejo indígena de los propios territorios y recursos. Toda la implicación de ese apelativo de perros viene presidiendo una política con el consecuente propósito de reducir a ultranza el hábitat indígena y a la población indígena misma, incluyendo expulsiones de pueblos, particularmente de aquellos que resisten en aislamiento voluntario.

Júzguese a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son palabras reconozco que mayores, precisamente a la altura de la gravedad no sólo de una masacre concreta, sino también de toda la política para la que la misma es tan sólo un episodio.