Servindi, 22 de abril, 2009.- El Programa de Defensa de Derechos Indígenas (PDDI) denunció que la empresa Pluspetrol hostilizó a una delegación de investigadores, al enterarse que llegaban al distrito de Andoas (Loreto) para recoger testimonios de los indígenas víctimas de abusos y la contaminación ambiental.

Según el PDDI, el abogado Jorge Tacuri Aragón y dos videastas europeos fueron impedidos de ingresar por vía aérea a la zona.

"La aeronave fue arbitrariamente desviada hacia el distrito de San Lorenzo, poniendo en riesgo la vida de sus tripulantes dado que el combustible apenas les alcanzó para llegar al nuevo destino", sostuvo el PDDI en un comunicado.

Dos días después de lo previsto, la delegación llegó a la zona por vía fluvial y fue interrumpida en sus labores de diálogo y entrevistas a la población.

Los efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) que se "comportaron como seguridad de la empresa" impidieron filmar en el aeropuerto, afirmaron.

En el mismo documento, los representantes del PDDI argumentaron que "de esta manera Pluspetrol aprovecha el control que tiene de sus instalaciones para impedir el libre tránsito de las personas y dificultar la defensa de la población local".

"Además la población nativa manifiesta preocupación y temor frente a la DINOES, debido a las tortura que sufrieron durante el operativo policial de hace un año y a la misteriosa muerte del nativo Carlos Curitiva Chuge, el 24 de abril, con una herida de bayoneta", agregó.

Cabe mencionar que los especialistas llegaron al lugar para defender e investigar el "caso Andoas" ocurrido en marzo del 2008 cuando pobladores indígenas tomaron las instalaciones de Pluspetrol en una protesta laboral, por lo que fueron denunciados 25 personas.

"Las relaciones entre la empresa y la población está marcado por un clima de violencia y vulneración de derechos humanos. En esta zona, que está dentro de los límites del Lote 1-AB, se continúa con el vertido de aguas de producción al río Pastaza", sostuvo el PDDI.

Desde diciembre del 2008 esta organización asumió la defensa penal de los indígenas denunciados en el caso Andoas.

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