Servindi, 18 de marzo, 2009.- La Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE) y la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR) denunciaron la violación de su derecho a Consulta frente al inminente inicio de actividades de Petrobras Energia Peru sobre sus territorios.

El Ministerio de Energía y Minas le dio la concesión del Lote 117 a la empresa brasilera Petrobras ignorando que en el 2004 las comunidades y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) firmaron un acuerdo para categorizar la zona como Parque Nacional y Reserva Comunal.

El Programa de Defensa de Derechos Indígenas (PDDI) tomó la defensa legal de los denunciantes y su representante, el abogado Vladimir Pinto, detalló a Servindi los alcances del problema.

Servindi: ¿Cómo se inició el proceso de categorización de la zona que luego se frustró con la concesión del Lote 117?

V. Pinto: Las organizaciones Secoya y Kichwua establecieron un largo proceso con el Estado, específicamente con el INRENA para decidir la categorización de una zona reservada llamada Gueppi, ubicada en la frontera entre Perú, Colombia y Ecuador.

El proceso se inició en 1996 y siguieron las gestiones hasta la actualidad. Pero en el 2004 se llegó a un acuerdo para que se declare la mitad de dicha zona como Parque Nacional y la otra mitad como Reserva Comunal -algo que fue discutido por ambas partes con muchos años de antelación. Posteriormente, en el 2006 aparece el Lote petrolero 117 que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concesionó a la empresa brasilera Petrobras.

Desde ese entonces, las organizaciones mencionadas, en representación de sus comunidades, han manifestado su rechazo. Han hecho actas de cada una de las 30 comunidades involucradas en esta localidad y tienen una posición unánime de no aceptar la actividad petrolera en su territorio.

Le han hecho llegar sus reclamos al Ejecutivo, sin embargo el MEM continúa con el proceso de concesión.

Incluso ahora Petrobras está citando de manera informal a las comunidades para un Taller Informativo en Iquitos para darle continuidad al proceso.

Servindi: ¿Tras la concesión en el 2004 cómo continuaron las gestiones con el Estado?

V. Pinto: Las dos organizaciones mencionadas han tenido reuniones con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), la institución que ha reemplazado al INRENA, quienes manifestaron que el proceso de categorización iniciado hace 12 años se ha paralizado debido a que el MEM no ha contestado a la solicitud de información que ellos mismos emitieron para conocer los detalles de esta concesión. Lo cual es un proceso regular.

El ministerio ha ignorado esta solicitud, que es una práctica bastante frecuente de este portafolio y ha continuado con las gestiones para la concesión del lote petrolero 117.

El proceso que hizo el INRENA se puede considerar bastante adecuado con el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de generar un diálogo con los pueblos indígenas y finalmente llegar a un consenso favorable para ambas partes. En cambio lo que está haciendo el MEM ahora es una cuestión impositiva y bastante lejano a la normativa internacional que defiende los derechos de los pueblos indígenas.

Los organizaciones indígenas no niegan la posibilidad de conversar, incluso pidieron que Perupetro los visite pero no en la lógica de un proceso oficial de concesión porque ellos consideran que no es dable la actividad extractiva en la zona por la fragilidad de su ecosistema.

Servindi: ¿Quiere decir que el proceso de categorización se frustró por las gestiones del MEM?

V. Pinto: Lo que pasa es que el MEM no es un ministerio más. Es un ente con bastante poder que le enmienda la plana a los otros ministerios. Eso es lo que pasaba con el INRENA por ejemplo. Lo que están esperando los dirigentes indígenas es que ahora que existe el Ministerio del Ambiente (MA) pueda hacer respetar sus derechos y que se respeten los acuerdos a los que ya se han llegado con la población.

Los representantes del SERNANP nos han hecho llegar documentos que demuestran su interés por conseguir una explicación del MEM. La respuesta del ministerio aún está pendiente a pesar que la comunicación entre estos dos entes del Estado se produjo desde hace 9 meses.

En comunicaciones verbales el SERNANP, ha sostenido que defenderán el acuerdo firmado con las comunidades. Nosotros esperamos que mantengan su posición a pesar que el MEM continúe con esta política de omisión.

Servindi: ¿Qué importancia tiene esta zona frente a la extracción petrolera?

V. Pinto: Es un área donde existe un proyecto trinacional. Colombia, Ecuador y Perú tienen áreas protegidas en los bordes del río Putumayo y hay posibilidades de hacer una gran administración conjunta. Existe una gestión al respecto.

Un lote petrolero, más allá de la discusión económica de si permite más ingresos al Estado, no tiene el respaldo social debido a que es un ecosistema sumamente frágil.

Indudablemente un Lote petrolero en la zona alteraría un ecosistema que mantiene especies vegetales típicas de la amazonía. Los pobladores indígenas conocen la experiencia sufrida en el río Corrientes, conocen a los Achuar, donde esta práctica ha causado y sigue causando contaminación que afecta a sus propios pobladores.

Además es importante resaltar que es una concesión posterior a un proceso de categorización que llevó 12 años.

Servindi: ¿Petrobras ya intervino la zona?

V. Pinto: No, aun no hay presencia de Petrobras ni de Perúpetro en la zona. Sólo hay esta insistencia de agilizar el trámite porque al momento están en una situación preventiva. Y además están convocando a las reuniones en Iquitos con el ánimo de dar continuidad al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Servindi: ¿Qué resultados ha obtenido la delegación?

V. Pinto: Hemos sostenido reuniones con organizaciones no gubernamentales, con comisiones del Congreso de la República.

En principio, hemos obtenido el compromiso del SERNANP para continuar con el trámite, y cabe tomar en consideración que esta semana se le ha vuelto a solicitar un pronunciamiento al MEM.

Los congresistas también se han comprometido a seguir el proceso y obtener mayor información al respecto de las reuniones informales convocadas por la empresa.

Servindi: ¿Qué medidas tomará el PDDI al respecto?

V. Pinto: Estamos insistiendo que se respete la decisión que los pueblos indígenas acordaron con el Estado porque consideramos que este proceso de consulta se adecua al Convenio 169 de la OIT.

Si el Ejecutivo no respeta eso estaría violando un consenso que ya se había alcanzado formalmente y eso daría lugar a una Acción de Amparo o a alguna otra medida de Garantía Constitucional. Por lo pronto estamos insistiendo a que el MEM se inhiba de continuar con este proyecto.

Incluso podríamos alegar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece que no se pueden iniciar actividades petroleras en la zona hasta su categorización definitiva. En este eventual escenario el MEM tendría que postergar sus intensiones.

Esperamos que el SERNANP y el Ministerio del Ambiente hagan defender los derechos de los pueblos indígenas y si ellos no lo hacen, como ciudadanos también podemos solicitar que esa área natural protegida culmine su proceso antes de discutir el tema de la concesión.