Servindi.- El jueves 29 de enero los moradores de la comunidad Ngöbe de Charco la Pava se reunieron con el relator especial sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas James Anaya , a quién expresaron su rechazo al proyecto hidroeléctrico Chan 75 por violar todos sus derechos colectivos.
Se trataría de la primera vez en la historia de Panamá que un Relator de las Naciones Unidas visita de manera directa una comunidad indígena para dialogar sobre un tema específico, como el desalojo inminente de la comunidad de Charco La Pava en el río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.
La concesión y el inicio de los trabajos se realizó sin la debida consulta y sin el consentimiento de los afectadosdebido a que en la ciudad de Almirante se realizaron reuniones informativas pero a las cuales no asistió la mayoría de la población afectada.
- James Anaya en Charco La Pava. Foto: JUP
En la concesión habría negligencia y responsabilidad del gobierno de Panamá quién no consideró que en las territorios en concesión habitan comunidades que no tienen definida su status de área anexa a la comarca ngöbe-bugle y campesina.
Se acusa a la empresa de no reconocer los territorios colectivos y presionar a los comuneros -con el auxilio de las fuerzas policiales- a suscribir acuerdos redactados unilateralmente a favor de la empresa.
Ello provocó el descontento de los ngöbes y la brutal represión policial que sufrieron el 3 de enero de 2008, sin que hasta le fecha se hayan investigados los atropellos.
En esa ocasión varios comuneros, hombres y mujeres, fueron brutalmente golpeados por las fuerzas policiales que actuaron por órdenes de la empresa.
Por ejemplo, la señora Ana Castillo fue arrojada al piso y despojada de sus ropas por defender su finca. Un efectivo policial le puso la bota en el pecho y luego fue llevada detenida por oponerse al proyecto.
Francisco Santos denunció que el nunca dio su consentimiento para que erradiquen sus cultivos a pesar que la empresa le ofreció cheques y lo puso en la planilla laboral de la empresa si que el lo supiera.
El modo de actuación de la empresa ha sido invadir y destruir a la fuerza la propiedad privada y los cultivos. Y luego de esto proponer un acuerdo unilateral sin que el gobierno supervise estre tipo de transacciones a fin de garantizar se respeten los derechos ciudadanos.
- Caminando hacia la reunión con el relator. Foto: JUP
La comunidad de Charco La Pava viene resistiendo las constantes violaciones a sus derechos colectivos. Hay una hostilización permanente y las detonaciones de explosivos se realizan día y noche, sin parar, lo que perturba la tranquilidad de la población, incluso en horas de madrugada.
Toda esta situación deteriora no solo el territorio sino también el espíritu de los ngöbes quienes se sienten a merced de la empresa, como si ellos también hubieran sido concesionados junto con los territorios.
Isabel Becker, una de las afectadas dio a conocer la mala fe la empresa AES Changuinola quién la presionó hasta el cansancio para que estampara su huella digital en un acuerdo escrito sin que ella pudiera comprender su contenido, ya que no sabe leer, escribir, ni hablar español.
Ella fue trasladada de manera compulsiva y contra su voluntad a la ciudad, donde se le prometió un pago que hasta ahora no se ha realizado. Luego de la visita del relator, el Ing. Rodolfo Ayarza, en forma burlesca se le dijo que el proyecto no se detendrá y ya no se le abonará lo prometido.
Señalaron que la empresa AES Changuinola los ha tratado como ciudadanos de segunda clase sin tener ningún tipo de respeto a su dignidad y a los derechos humanos.
Plantearon asimismo su total rechazo a un programa de reubicación diseñado sin ninguna participación indígena y que no toma en cuentay atenta contra su forma de vida cultural.
Para la empresa la tradicional vivienda de los ngöbe es "fea, indigna y sucia" lo que ha sido considerado una calificación injusta y agresiva por los indígenas quienes no se adaptan a las viviendas de reubicación en la ciudad diseñadas por la empresa.
En la reunión con James Anaya participó el cacique Rogelio Moreno de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP), asi como delegados de las organizaciones FORANG, la Federación de Estudiantes Ngöbe-Bugle (FENB) y la Juventud Unida por Panamá (JUP) quienes respaldaron las denuncias.
La comunidad de Charco La Pava pidió con urgencia la solidaridad de la comunidad internacional a favor de su causa.
----
Fuente: Agradecemos el envío de la información a Ernesto López, dirigente indígena de la comunidad ngöbe de Charco La Pava y al Informe de Visita del Relator. Foto: JUP