Criminalizan a periodista por denunciar abusos de minera en Cajamarca

Desde el 2011 César Estrada Chuquilín vive bajo amenaza de muerte. Ministerio Público pide 33 años de privación de su libertad. A pesar que cuenta con medida cautelar de la CIDH, Estado peruano incumple mandato.

Servindi, 8 de agosto, 2016.- César Estrada Chuquilín, comunicador indígena de Cajamarca, relata que es objeto de permanentes amenazas y reiterados intentos de asesinato que ponen en riesgo su vida y la de su familia desde que en el 2011 se opuso al megaproyecto Conga, de la multinacional Yanacocha.

Asimismo, Estrada siente que es víctima de un abierto acoso judicial que lo ha puesto en una situación altamente delicada con la justicia, encontrándose en medio de un juicio que ha despertado dudas y sospechas sobre intenciones de amedrentamiento por ejercer el derecho a la comunicación frente a los impactos ambientales que implicarían para Cajamarca las operaciones en torno al proyecto Conga.

El Ministerio Público ha solicitado para él 33 años de pena privativa de su libertad por los supuestos delitos de secuestro y hurto agravado en presunto agravio de la empresaria Rosalia Huamán Marchena, trabajadora de Yanacocha, y otras personas. Sin embargo, todas las denuncias de agresión que él formuló han sido archivadas o no han sido atendidas.

Sin embargo, tan grave o incluso más es también el estado de su seguridad. La vida de Estrada cambió radicalmente desde que denunció públicamente al proyecto ya que vive en la clandestinidad y permanentemente amenazado, denunció.

Estrada Chuquilín revela que debe mudarse constantemente debido a que recibe mensajes con amenazas de muerte debajo de su puerta, y es además blanco de intentos de atentar contra su vida.

En noviembre del 2015 dos sujetos a bordo de una moto abrieron fuego contra él cuando se encontraba en una empresa de transportes en Cajamarca. En ese instante, la rápida reacción de las personas que lo acompañaban evitó que los agresores impactaran contra él. Sin embargo, los sujetos al ver que fallaron, se retiraron profiriéndole amenazas, relató Estrada.

Igualmente, en setiembre de ese mismo año, el auto en el que viajaba hacia Celendín fue impactado por disparos, con claro intento de herirlo. Con él viajaban su esposa y el consejero por Celendín. A pesar de los disparos errados, su esposa resultó herida por una piedra que fue lanzada, detalló desde la línea telefónica, tras su imposibilidad de desplazarse libremente porque teme por su integridad.

La persecución, intimidación, difamación, acoso, agresiones y robo de sus herramientas de trabajo como celular, cámara fotográfica, filmadora y laptop, se han vuelto para él algo nefastamente cotidiano.

Como si ello no bastara, actualmente Estrada —a pesar de ser un hombre joven— observa con impotencia como decae su salud: padece problemas de desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, tiene la columna desviada y registra problemas de riñón y en el pulmón izquierdo.

Eso último como consecuencia de los golpes recibidos por el personal de la Dirección Nacional de Operaciones (DINOES) de la Policía Nacional y allegados a la Minera Yanacocha, según denunció el comunicador.

Frente a esta situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medida cautelar y apercibió al Estado peruano a proteger su vida e integridad personal.

La medida otorgada en mayo de 2014 alcanza también a 46 líderes ronderos, la familia Chaupe y el rondero Luis Mayta, al determinarse que la vida e integridad de todas estas personas se encuentran en situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad por su oposición al megaproyecto Conga.

En consecuencia la Comisión Interamericana exigió al Estado peruano que adoptase medidas especiales de protección, pero actualmente esto aún no se cumple.

El mismo Estrada señala haber reconocido a sus propios agresores, tratándose de "trabajadores de la propia empresa Yanacocha, efectivos de la policía nacional y a un fiscal del Ministerio Público. Es una organización orquestada", según reveló.

De otro lado, entre las medidas tomadas en favor de su defensa, en julio último se iniciaron las reuniones entre el Ministerio de Justicia y la representación legal de los beneficiarios de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana, reuniones de las que también participa Estrada y que buscan derivar en acciones concretas de protección.

De otro lado, a pedido de los beneficiarios de la medida, se solicita la participación en estas reuniones del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Cajamarca.

Por su parte, frente a la negativa por parte de la policía de brindarle seguridad policial, María Torres, abogada de Estrada y miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) expresó que «la Directiva a la que hacen alusión para denegar la seguridad a César establece explícitamente que el Ministro del Interior, por Resolución Ministerial, puede determinar el resguardo policial para ‘funcionarios públicos y otras personalidades’».

"Agresiones son fruto de una organización orquestada"

Pero, ¿Quién es César Estrada Chuquilín? ¿Por qué es tan incómodo al punto de poder ser blanco de persecución?

Se trata de un ciudadano de origen humilde que cumple su función de rondero comunal con disciplina y responsabilidad desde los 14 años. Desde hace años ejerce la función de periodista y comunicador indígena habiendo sido reportero radial de diversas emisoras como Radio Líder.

Durante los conflictos derivados del intento de oponer el megaproyecto minero Conga en Cajamarca Estrada Chuquilin se distinguió por reportar desde el lugar de los hechos, acompañando a los guardianes de las lagunas e informando de las agresiones a Máxima Acuña de Chaupe y sus familiares.

Afiliado a la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) y enviando información a la Ronda Informativa Semanal que elabora esta articulación en alianza con Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi), César Estrada ha dado muestras de una labor comunicativa ejemplar en defensa de la verdad y los derechos humanos.

En mérito a dicha tesonera y arriesgada labor en abril de de 2016 se le otorgó el Premio Marine Anstett 2016, un reconocimiento para aquellas personas que destinan acciones a corregir las injusticias y minimizar los sufrimientos de las víctimas. Sin embargo, como debe permanecer escondido, no pudo viajar a recibir la condecoración.

Su situación judicial también le impidió asistir a la Pre Cumbre de Comunicación Indígena realizada del 3 al 5 de agosto en la ciudad de Lima, evento preparatorio hacia la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala.

En el marco de dicho evento estaba prevista la participación de Estrada Chuquilín en una conferencia de prensa para exponer su caso, y en la que finalmente participaron la periodista Claudia Cisneros, la congresista Tania Pariona, la actriz nacional Delfina Paredes y dirigentes de la REDCIP.

Respaldo a César Estrada y exigencia del derecho a la comunicación

La situación expuesta plantea si realmente existe una plena libertad de expresión en el Perú y si la hay, aunque sea parcialmente, ¿es para todos los ciudadanos?

Por ello, el caso fue denunciado en el marco de la Pre Cumbre sobre Formación en Comunicación Indígena, jornada de reflexión y propuesta en la que se ha reconocido la importancia de la comunicación como una herramienta esencial para el ejercicio de la ciudadanía y una condición para la democracia.

Tras exponerse la situación de Estrada e intervenir éste último mediante la vía telefónica el comunicador cajamarquino recibió un caluroso respaldo por parte de un centenar de comunicadores indígenas de todo el país, así como de figuras políticas como la congresista indígena Tania Pariona, y la periodista activista por los derechos de los pueblos indígenas, Claudia Cisneros. 

Asimismo, el caso –junto a muchos otros- puso en evidencia que los pueblos y comunidades indígenas carecen de las condiciones para ejercer su derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, por lo cual la denuncia del caso Estrada también invoca a la defensa de este derecho humano fundamental. 

Como se recuerda, el megaproyecto minero Conga implica diversos impactos, entre ellos hacia las lagunas El Perol, Mala, Azul, Chica, entre otros también de índole social que la población de Cajamarca ha identificado y rechaza.

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* Rondero. Miembro de las rondas, una institución jurisdiccional que vela y protege los intereses de la comunidad y que es reconocida por la Constitución Política del Perú y la Ley de Rondas.

 Elaborado con información de ¿Cuánto de pesadilla quedará todavía? Retrato de un comunicador indígena en el caso Conga.