Tras declararse improcedente hábeas corpus en favor de ambientalista extranjera, su defensa busca revocar resolución. Activista fue detenida en Cusco el 21 de abril, al término de la presentación pública de documental sobre la minera Hudbay y sus impactos en Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Perú.
Servindi, 01 de junio, 2017.- Tras el rechazo al hábeas corpus en favor de Jennifer Moore, ciudadana canadiense, la defensa de la ambientalistas extranjera interpuso un recurso de apelación.
La medida fue presentada ante el Primer Juzgado Penal con reos libres, de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual en días previos emitió una resolución declarando el hábeas corpus en defensa de la ciudadana extranjera como improcedente.
De otro lado, el pasado 16 de mayo, la defensa de Moore —asumida por el Instituto de Defensa Legal (IDL)— había presentado un recurso de hábeas corpus en favor de la ambientalista.
En dicho recurso se demandaba al Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad del Estado de Cusco de la Policía Nacional del Perú y la Jefatura Zonal de Cusco de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
“Existe una amenaza cierta e inminente de una nueva detención arbitraria e ilegal en contra la ciudadana canadiense Jennifer Moore, en su condición de coordinadora del Programa con América Latina de Mining Watch Canadá y defensora de derechos humanos”, indicó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL y defensor en el caso.
El especialista de IDL sostuvo que “se trata de una amenaza cierta e inminente” puesto que, pese a que actualmente Moore está en libertad en Canadá, la activista tiene planificado regresar al Perú el próximo 8 de agosto.
Detenciones arbitrarias
Como se recuerda, el 21 de abril fueron detenidos en la ciudad del Cusco Jennifer Moore, de la institución Mining Watch Canadá y John Dougherty, periodista y documentalista estadounidense.
La detención de ambos extranjeros se da tras la presentación del documental el "Fraude de Flin Flon". Dicho trabajo era el resultado de una larga investigación periodística sobre la minera Hudbay en Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Perú.
“¿Puede acusarse a unos extranjeros de afectar el orden público, como consecuencia de proyectar un vídeo donde se muestra los abusos de una empresa con la población afectada por un proyecto de extracción minera?, ¿puede impedirse a extranjeros el ejercicio de su libertad de opinión bajo el argumento de no tener visa de trabajo, por más que permanecieron apenas algunos días al Perú?...”, son algunas de las interrogantes que plantea Juan Carlos Ruiz.
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